Legislatura: sí a la reforma judicial, pero sin aranceles

Ayer fueron aprobadas en primera vuelta las modificaciones a la ley Orgánica del Poder Judicial. Hubo un largo debate sobre las funciones de los juzgados de Paz y finalmente se votó un proyecto que no contempla los aranceles fijados por el STJ para distintos servicios.

La iniciativa que beneficia a los alumnos fue defendida en el recinto.

VIEDMA (AV).- La Legislatura aprobó ayer -en primera vuelta- reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ratificando modificaciones en las funciones a los Juzgados de Paz. La particularidad del proyecto aprobado es que no hace ninguna mención a los aranceles que el Superior Tribunal de Justicia estableció para varios trámites semanas atrás.

El Poder Judicial mantiene esos arancelamientos con la vigencia de sus acordadas, pero el cobro y las otras reformas ya instrumentadas también estaban incluidas en el proyecto remitido a la Legislatura. Sin embargo, la iniciativa que ayer se aprobó no contempla el costo económico de los trámites, exponiendo así un rechazo de los legisladores al pago para obtener un servicio en los juzgados de Paz.

En la sesión se aprobaron cinco proyectos vinculados con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, originados en una iniciativa del STJ y luego reformulados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Fernando Chironi.

Las modificaciones se centran esencialmente en el rol de la Justicia de Paz, como también, en cuestiones operativas, como desempeño y control de los funcionarios judiciales.

La mayoría de los cambios ya están instrumentados a través de acordadas, pero el STJ pretendía su formal inclusión en la Ley Orgánica.

El mayor debate legislativo, que incluyó promesas de reformas para la segunda vuelta, se originó sobre la acotación de funciones para los juzgados de Paz, cambios que ya determinaron quejas de los rionegrinos.

En la pretensión de "desburocratizarse", los juzgados de Paz abandonaron funciones como las certificaciones de las firmas y, por el contrario, se les asignó mayor participación judicial, como resolución en conflictos menores.

El proyecto elevado por el STJ preveía además que la ley ratifique el actual cobro de aranceles, pero los legisladores no lo incorporaron. No es un dato menor y, ahora, habrá que esperar qué hace el STJ. En principio, no son pocos -incluyendo legisladores- los que dudan que ese cuerpo tenga facultades para arancelar servicios. Estas mismas razones alentaron a retirar del proyecto la creación del instituto de equipos forenses, que establecía la posibilidad de prestar servicios extrajudiciales.

En sus fundamentaciones, Chironi resaltó la decisión del STJ de adecuar a los juzgados de Paz "a los contenidos programáticos de la Constitución Provincial". Se apunta -afirmó- a que los jueces de Paz resuelvan cuestiones de orden jurisdiccional antes de que se dediquen a tareas administrativas.

Compartió este "diseño de una política judicial para dar a los jueces de Paz una mayor competencia jurisdiccional en cuanto resolución de conflictos", pero advirtió que también "hay que preservar funciones y que algún estamento del Estado realice al

gunos servicios (ahora retirados a los Juzgados) para que no impliquen -especialmente para las poblaciones más alejadas- mayores gastos, erogaciones o trastornos de movilización".

Por su parte, el justicialista Javier Iud compartió importante "comenzar a trabajar y buscar alternativas sobre la profesionalización de la actividad de la Justicia especial". Manifestó "la necesidad de acercar más la Justicia a la gente y avanzar en el desarrollo de la Justicia Especial Letrada".

Luego, la diputada del PJ Silvia Jáñez consideró que se "trabaja sobre un esquema de transición con rumbo a definir, efectivamente, la Justicia de Paz que determina la Constitución provincial". "La Justicia de Paz es una de las pocas instituciones que conservan el respeto y valor de confianza por parte de la población". También Jáñez advirtió de los riesgos por la exclusión de esos Juzgados en la certificación de firmas y documentos, declaraciones juradas y diversos trámites gratuitos y aranceles poco costosos. Además, hablaron en torno al proyecto Guillermo Grosvald (Movimiento Patagónico Popular), Guillermo Wood (Interbloque) y Eduardo Rosso (PJ).

El boleto estudiantil contó con apoyo unánime

La ley de creación del "boleto estudiantil" destinada a beneficiar a alumnos de los niveles primario, medio y terciario no universitario, fue aprobada ayer por la Legislatura rionegrina. Esto implica tener que abonar un 50% menos en la tarifa mínima vigente en el transporte de pasajeros.

El descuento propuesto será extensivo a los alumnos adultos que estén cursando estudios primarios y para todos alumnos regulares que residan a más de 20 cuadras de su centro educativo, es decir que la empresas tendrán que efectuar reconocimientos cuando se trasladan de una ciudad a la otra.

La condición de alumno regular se acreditará mediante una credencial o carnet personal intransferible expedido en forma legal por la dirección responsable del establecimiento donde curse el estudiante.

El documento deberá incluir una foto provista por el interesado, sus datos personales y deberá ser expedida al comienzo del ciclo lectivo y actualizada cada 90 días. Vencido el mencionado período perderá su validez y las empresas prestatarias del servicio no quedarán obligadas a reconocerlo.

El Ministerio de Educación funcionará como autoridad de aplicación recepcionando las solicitudes presentadas en cada unidad escolar, acordará con cada municipio de la provincia la expedición del boleto estudiantil de acuerdo al número de viajes solicitado por cada establecimiento.

Las empresas de transporte de pasajeros prestatarias del servicio se verán beneficiadas por la Ley provincial N 1.301, que en su artículo 10 determina que no tributarán, en este caso particular, el impuesto sobre los Ingresos Brutos. En realidad, tendrán un descuento proporcional en la cantidad de boletos "bonificados", según se informó.

La iniciativa presentada en junio pasado por la legisladora radical María Inés García fue modificada y transformada posteriormente en un proyecto de la Comisión de Cultura y Educación.

Ayer no estaba en el orden del día, pero a pedido del presidente del bloque del PJ, Javier Iud, se dispuso tratar el expediente en ese momento. Esto contó con la entusiasta y ruidosa aprobación por parte de varios integrantes de centros estudiantiles que siguieron el trámite parlamentario aprobado por unanimidad.

La autora del proyecto destacó que ésta "es una forma de luchar contra la deserción escolar y una respuesta legítima a la necesidad de muchos estudiantes". (AV)