El martes volverán a clase, con custodia

Las amenazas de bomba registradas en el Colegio Industrial cipoleño días atrás llevaron a la jueza que entiende en esas denuncias a ordenar la presencia policial en el ingreso y egreso del establecimiento. La Unter no descartó que se trate de un "accionar mafioso" que busca intimidar a la comunidad.

El Colegio Industrial de Cipolletti no tiene clases desde el miércoles pasado. Volverán el martes.

CIPOLLETTI (AC).- Por una decisión de la jueza en lo Penal, María del Carmen García García, el martes próximo se reanudarán las clases en el Colegio Industrial cipoleño, aunque con estricta custodia, en el ingreso y egreso, de parte de la policía, a raíz de las amenazas de bombas y el hallazgo de cuatro paquetes, dos con materiales tipificados de "peligrosos", que desactivaron los bomberos en la zona del basural, en el norte del ejido.

La determinación sobre la apertura del colegio -cerrado a la comunidad educativa desde el miércoles de la pasada semana- contó con la aprobación de la supervisión local del CPE, de autoridades del colegio, docentes y padres, quienes se hallan movilizados, en estado de alerta, por el suceso que conmocionó a la ciudad.

García García abrió una causa por "intimidación pública" que prevé penas máximas de dos a seis años de prisión a los responsables del grave incidente.

En este contexto ayer se conoció la visión de los acontecimientos de las nuevas autoridades del sindicato docente Unter de Cipolletti.

Concretamente, por medio de un comunicado, ampliado luego en declaraciones a este medio, de parte del flamante secretario general de la seccional, Luis Ríos, y del adjunto, Luis Giannini.

En el escrito se incluyen diversas situaciones referidas a falencias edilicias y de mobiliario por las que responsabilizan al gobierno.

Pero en el tema de los explosivos, hay un sugestivo párrafo que referencia la anomalía "estructural" de seguridad en el Colegio Industrial "manifestado en el accionar mafioso de manos anónimas que han puesto en vilo y bajo un profundo temor a docentes, padres y alumnos".

Y agrega que lo sucedido "revela la falta de respuestas de parte de las autoridades locales y provinciales frente a un problema expresado ya desde hace mucho tiempo por la comunidad educativa, que jamás tuvo una respuesta adecuada".

Cuando se le preguntó a Ríos y Giannini sobre aquello del "accionar mafioso" dijeron que no había que descartar la posibilidad de que haya gente que con esa metodología trate de desactivar las movilizaciones por reclamos sobre estructura edilicia y mobiliario que se venían realizando.

"Puede ser una maniobra política", expresaron.

Indicaron los dirigentes que antes de las amenazas y el hallazgo de los paquetes las reuniones de padres reclamando por los derechos de sus hijos superaban las 100 personas, y que una vez desatada la alarma que desencadenó una investigación Penal ese número bajó de manera sustancial. "No se reunían más de 20 personas".

En lo que hace a la investigación propiamente dicha, se supo que no habrían sido utilizados para la confección de los supuestos explosivos elementos del laboratorio de Química del colegio, dado que desde hace un tiempo no se encuentra en funcionamiento.