Médicos de Viedma fueron a la Justicia por una deuda del Ipross

Los profesionales reclaman casi cuatro millones de pesos que corresponden a los años 2001 y 2002

VIEDMA (AV)- El Colegio Médico Zona Atlántica entabló una demanda judicial por casi cuatro millones de pesos contra el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), a raíz de una serie de controversias registradas con una deuda correspondiente a los años 2001 y 2002.

El presidente de la entidad, Rodolfo Guerrissi, explicó que la deuda que asciende a 3,8 millones de pesos responde a que se trata de ocho meses de prestaciones impagos -del mencionado período- porque "nos querían cancelar sin intereses, (sin tener en cuenta) la pesificación" y a eso "le agregamos los intereses más daños y perjuicios, honorarios (de abogados)", con lo cual "se va a casi cuatro millones".

El directivo señaló que "llegamos a esta instancia porque nosotros le pedimos que nos pagaran y nos salieron con un 40% en efectivo y el resto en bonos a 16 años con tres de gracia".

Sostuvo que "les dijimos que no porque se trata una deuda 'pelada' que no nos estaban pagando los intereses", por lo tanto replicaron para que "nos paguen en efectivo por la situación (de crisis social económica) de Viedma y que nos hagan un plan de pago en cuotas" pero "nos dijeron que no".

Guerrissi recordó que "todos los asociados se decidieron por la demanda" porque "nos cerraron todas las puertas" y en consecuencia "tendrán que pagar intereses, las costas, basta de avasallamiento, hacen lo que quieren".

Mientras tanto, la titular del Ipross explicó que los prestadores de Viedma optaron por tomar ese camino al no aceptar la forma de pago en la que "les hicimos varias propuestas".

Preciso que "nosotros les ofrecimos pagar el 50% en pesos y el resto en certificados de deuda", recordando luego que el resto de los prestadores como las Federaciones Médica y de Clínicas, los colegios de Bioquímicos Odontólogos, los médicos de General Roca y de Viedma que "pactaron aparte" recibieron bonos que luego "cambiarán por Bogar".

En el escrito presentado ante el Juzgado Civil N 1, a cargo de Fermín Donate, los representantes legales del colegio cuestionaron la actitud del gobierno de la provincia por haber adoptado una "etapa errática de decisiones económicas, dispersas en leyes, decretos y resoluciones, sin coherencia global alguna y con ausencia total de un programa de emergencia que las justifique, explique o sustente".

Agregaron que "en escasos días, los rionegrinos debimos acostumbrarnos a la distintas modalidades, decisiones e ideas, propias y foráneas, de los diversos organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con una vorágine similar a la de una película de ciencia ficción, de muy bajo presupuesto".

También consideraron que "las disposiciones verbales o escritas del Ministerio de Economía dirigidas al Ipross en un juego de marchas y contramarchas -establecieron un cronograma de vencimientos reprogramados- y permitieron que según caprichosa justificación, algún grupo sectorial privilegiado pudiera disponer de los fondos antes de que llegaran a la Federación Médica Rionegrina y por ende al colegio médico".