Unifican la causa Arbos en Bariloche

Es el caso donde se investiga una "defraudación" contra el Estado

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La unificación de expedientes y la radicación definitiva de la causa Arbos en el juzgado federal de esta ciudad agilizará la investigación que alcanza a los principales dirigentes sindicales de esta ciudad, en una millonaria presunta "defraudación" al Estado Nacional.

La competencia de la investigación estuvo en disputa entre los juzgados federales de Bariloche, que conduce Leónidas Moldes, y el porteño presidido por Jorge Ballesteros, a raíz del reclamo interpuesto por el fiscal federal de Buenos Aires, Miguel Angel Osorio.

Ayer el juez Moldes confirmó a "Río Negro" haber recibido documentación de los expedientes tramitados en Buenos Aires e información de la que la causa se unificaría definitivamente en Bariloche, aunque declinó brindar mayores precisiones hasta concluir el estudio del material. "La documentación llegó el viernes y todavía la tengo pendiente para verla" dijo.

En las actuaciones iniciadas por Moldes quedaron imputados por el presunto delito de "defraudación a la administración pública" los sindicalistas Ovidio Zúñiga (UTHGRA), Wálter Cortéz (Comercio), Víctor Carcar (UOCRA), Jorge Lagos (Luz y Fuerza) y Fernando Vargas (Bancarios).

Los cinco gremialistas, integrantes del último directorio del Arbos, están sospechados de desviar los subsidios por 2.022.989,17 pesos que les otorgó el Ministerio de Salud de la Nación en 1999 para el "fortalecimiento institucional" y la renovación de equipamiento del policlínico.

A principio de junio el fiscal federal Osorio, manifestó a este diario su presunción de que los fondos se habían remitido a "sociedades fantasma" y destacó que "fueron recibidos contra la factura 001".

Dos meses después, la investigación seguida en dependencias de Comodoro Py (Buenos Aires) permitió determinar que las "sociedades fantasma" Surtsey SA y Fox Valley SA fueron presididas por Cortéz, Carcar, el abogado Gonzalo Madrazo y el contador Omar Goye.

En ese momento Cortéz confirmó a este diario su participación en las sociedades anónimas y explicó que fueron creadas para sortear los embargos que pesaban sobre el policlínico durante el proceso de saneamiento que concluyó en la quiebra.

En los últimos días se conoció el embargo trabado a Vargas de sus vehículo personales por derivaciones de la causa civil en la que se tramita la quiebra del policlínico. El rodado fue retenido por orden del juez civil Emilio Riat para cubrir una suma cercana a los 14.000 pesos