Descontrol en las compras de Educación en Río Negro

Hay precios un 37% más altos que los testigos.

Nada justifica el trámite utilizado para comprar.

La compra de útiles escolares está en la mira del Tribunal, que consideró que no se pagaron a precios razonables.

En una docena de compras que realizó la cartera de Educación en Río Negro se detectaron irregularidades. No están justificados los precios de los insumos ni el mecanismo de contratación.

Estas adquisiciones -que comprenden útiles, indumentaria, electrodomésticos y mobiliario para las escuelas- totalizaron algo más de 1,6 millón de pesos. La falta de precios comparativos o los montos abonados conforman la principal observación de una auditoría del Tribunal de Cuentas.

Una operación por 30.000 pares de zapatillas se concretó en más de 518 mil pesos, monto que superó en un 37 por ciento a la cotización testigo.

Los expedientes están cuestionados por "falta de razonabilidad del precio". Se objeta también la utilización excepcional del trámite otorgado por la Ley de Emergencia Educativa, que evita controles externos y facilita contrataciones directas. No se justifica la celeridad en estas compras, dado que los trámites analizados promedian los tres meses.

Las irregularidades detectadas determinaron que algunos expedientes se remitan directamente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para profundizar su análisis. Entre ellos se incluye la compra de electrodomésticos para las delegaciones regionales (expediente 114931-LC), operación que totalizó 242.742 pesos. Los proveedores fueron Federal SRL con 153.119 pesos, Surmat con 17.912 pesos y Milka SRL con 71.651 pesos. La auditoria advirtió que se inició a fines de octubre un primer expediente con menores cotizaciones pero que se suspendió, desconociéndose las razones. Ese archivo es otro argumento para sostener que no existía urgencia ni justificación para utilizar la excepcionalidad de la contratación.

La ley de Emergencia Educativa (N 3628) y su decreto reglamentario (N 738) otorgan excepciones a la cartera de la ministra Ana Mázzaro en la contratación directa, "previa acreditación de la urgencia y la razonabilidad del precio a pagar".

Además de los expedientes, el Tribunal auditó el funcionamiento del Depósito Central de Educación -ubicado en José Guido 890 de Viedma- y detectó falta de control. Algunas compras efectuadas por Educación y facturadas por proveedores nunca llegaron a ese depósito y se desconoce a dónde fueron a parar.

De las operaciones analizadas, la auditoría del Tribunal -que preside Pedro Casariego e integran Pedro Funes y Rubén Gianni- consideró especialmente la que se refiere a la compra de 30.000 pares de zapatillas. La cotización inicial fue de 377.700 pesos y se reservó en el presupuesto la suma de 450 mil pesos. Sin embargo, la compra se concretó en 518 mil pesos. Educación abonó 141 mil pesos más entre la cotización y la compra real. El órgano de control afirmó que esa contratación final "superó un 27 por ciento el precio testigo". En realidad, esa diferencia representa el 37,4 por ciento El trámite de esta compra se extendió por seis meses. Por eso se entendió que se debería haber "acudido al procedimiento normal que requería una compra de tamaña envergadura". Así, tampoco "está justificado el mecanismo de contratación".

Otra operación importante pertenece a útiles escolares (expediente 21226-GS) por 364.250 pesos, distribuida entre Gallucci con 90.600 pesos, Federal SRL con 190.850 pesos, Surmat con 48.400 pesos, y Distribuidora Patagonia con 34.400 pesos.

Una segunda adquisición de útiles (expediente 114805-GS) por parte de Educación se originó en un acuerdo con UPCN para entregar al personal. El costo fue de 16.760 pesos, adjudicándose a Distribuidora Patagonia con 5.700 y Surmat con 11.060 pesos.

Otro expediente (N 114448-LC) establece la adquisición de mobiliario escolar para escuelas de nivel primario. El pago totalizó 89.358,55 pesos, repartidos entre Distribuidora Patagonia y Trinnity SRL con 17.935,60 pesos y 71.422,95, respectivamente. La última empresa -advierte la auditoría- "no presentó la documentación en la apertura ni la inscripción de proveedores".

El informe remarca que "en la mayoría de las contrataciones no se demuestra la razonabilidad del precio, no se fundamenta el gasto y no se justifica la urgencia que merece el trámite. No se verifica la oportunidad, mérito y conveniencia a los fines de cubrir la emergencia ya que los actos resolutivos debieran señalar en sus fundamentos las circunstancias reales y jurídicas que motiven tal situación y cumplir con todos los elementos que determinen la excepción", concluye el Tribunal. (AV)

Zapatillas que costaron caro en tiempo electoral

El expediente 21225-GS-2002 comprendió la compra de 30.000 pares de zapatillas. En su distribución -que operó hasta fines de agosto- participaron municipios, Sefepa y la propia ministra, según la auditoría.

El precio abonado por las zapatillas fue de 518.600 pesos. Muy por encima de los valores originales. El monto testigo fue de La Madrileña con 377.700 pesos y el presupuesto oficial alcanzó a los 450 mil pesos. La venta se repartió entre tres empresas: Gallucci con 127.200, El Atlántico con 99.000 y Surmat con 292.400 pesos. Se advirtió que se debería haber pedido "cotización a mayor número de empresas", mientras se cuestionó que "el presupuesto oficial fuese superior al precio testigo solicitado", sobre el cual, a su vez, se abonó "un 27,17 por ciento". En realidad, la diferencia supera el 37 por ciento Pese a las diferentes observaciones, Educación concretó esta adquisición. Según el informe de auditoria, la propia delegación contable de CPE entendió que esa compra no se encuadraba en la urgencia requerida por el decreto N 738. La Contaduría General consideró que por el plazo del trámite se debería haber "acudido al procedimiento normal que una compra de tamaña envergadura merece". Además, entendió que "el área social hubiera sido la más competente en la compra".

Educación respondió que la adquisición se cumple en el "marco de las directivas impartidas por el gobernador". La Contaduría acepta ese descargo pero libera la operación en la "exclusiva responsabilidad de los funcionarios actuantes".

Según el Tribunal, la partida de zapatillas se distribuyó entre el Gabinete Social y Educación con 25.000 y 5.000 pares, respectivamente.

El reparto operó entre el 8 de julio y el 28 de agosto, es decir hasta días antes de las elecciones de gobernador en Río Negro. El Gabinete Social distribuyó entre los municipios (radicales) y las delegaciones algo más de 18.500 pares. Sefepa recibió 7.900 pares aunque repartió 6.700 pares entre las regionales educativas y municipios (también, radicales). Sobre esa empresa, la auditoría advierte que "la única constancia es el pedido de prestación citado firmado por la empresa". El Gabinete -con sus entregas y las de Sefepa- tiene un sobrante de 247 pares.

De la partida de 5.000 pares para Educación, el Depósito distribuyó 3.000 entre las delegaciones y mantiene otros 1.876 pares. La ministra Mázzaro recibió para su reparto 676 pares, según los registros. (AV)

El depósito: una caja de sorpresas

La auditoría alcanzó al Depósito Central que Educación rionegrino tiene en Viedma. Se advirtió -según el análisis- que faltan registros y en algunos casos existe desconocimiento sobre en dónde los proveedores entregaron los artículos establecidos en las órdenes de compra.

Por eso, el informe recomienda que esa documentación debe señalar el destino de la adquisición y el lugar de entrega de la mercadería.

Frente a la falta de control, la auditoría aseguró que un responsable del depósito debe constatar y registrar el movimiento de "la recepción de todos los artículos adquiridos ante las excepciones justificadas por entregas a realizar en otros lugares".

Por otra parte, se desconoce qué procedimiento se utiliza en "la adquisición de elementos destinados al parque automotor".

Entre las principales observaciones, el Tribunal advirtió que el Depósito "no efectúa el seguimiento mediante un registro de los ingresos, egresos y saldos de cada producto que permita tener conocimiento de las existencias".

Luego, como irregularidades parciales, se informa de varias órdenes de compra donde sus productos no ingresaron al Depósito, como también la falta de los registros de las órdenes de compra y de los expedientes.

Asimismo, la auditoría cuestionó que los proveedores no cumplan con "el plazo de entrega". De la compra de los útiles para el personal de servicios generales "no hay relevamiento para la posterior distribución", ni tampoco "constancia de la entrega a UPCN de los elementos adquiridos". (AV)