Usarán el viejo régimen para regularizar tierras

Actualizarán por decreto la ley de Tierras y Colonias. Prometen altos impuestos para desalentar operaciones inmobiliarias

Los funcionarios dicen que actuarán para evitarle juicios al Estado.

VIEDMA (AV)- La administración rionegrina saliente actualizará, mediante un decreto, la Ley 279 de Tierras y Colonias para regularizar la situación dominial de numerosos ocupantes precarios que viven en grandes extensiones fiscales.

Esta decisión se tomó para agilizar los pedidos demorados en los últimos siete años, a raíz de que no existe un acuerdo global para un tratamiento legislativo de esta cuestión.

El ministro de Coordinación, Gustavo Martínez, señaló a "Río Negro" que la decisión de emitir el decreto está tomada pero advirtió que "llevará tiempo" redactarlo porque "hay que consensuarlo", aclarando luego que "saldrá con consenso del nuevo gobierno, como lo hacemos con todos los temas de trascendencia".

La modificación más importante con que contará esa antigua norma será una restricción, imponiéndose una gravosa tasa a la primera venta que deberá ser abonada por el vendedor al momento de la escrituración. Así podrían desalentarse operaciones inmobiliarias que se les ofrezcan a humildes pobladores -como primeros propietarios-, sobre todo en bellos paisajes de la zona Andina.

Martínez reveló también que por medio de ese decreto será creada una comisión "participativa" para que estudie eventua-les reformas y "trasladaremos a esa comisión los trabajos de informatización" elaborados por esa cartera.

Por su parte, el titular de la dirección de Tierras, Daniel Tait, dijo no tener un volumen preciso de expedientes paralizados por falta de normativa que permita regularizar predios, pero "existe una gran demanda de la gente que quiere titularizar".

Puntualizó que "hay gente que vive 80 años en una propiedad y por lo tanto tiene derecho adquirido" por lo que "tenemos que reconocerle la ocupación" mediante un decreto "hasta tanto se perfeccionen" los proyectos que aún no tienen tratamiento legislativo.

El funcionario advirtió que "si no actuamos rápidamente podemos acarrear juicios que van a repercutir en el Estado".

En la Legislatura hay numerosas iniciativas vinculadas al reparto de cinco millones de hectáreas de tierras fiscales, pero con una importante presión de organizaciones aborígenes para evitar la distribución sin que se contemplen sus derechos. Incluso, se le reprochó al gobierno haber desconocido mecanismos de consulta anteriores desarrollados en las zonas Andina y Sur Una de las razones esgrimidas es el artículo 75 de la Constitución provincial que manifiesta que la provincia considera a la tierra como "un instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad".

Como consecuencia de estos desacuerdos, el gobierno provincial y esas entidades coincidieron en realizar una serie de talleres de concientización de la regularización dominial, que comprenda proyectos productivos de desarrollo agropecuario, beneficiando así a los actuales ocupantes. Sin embargo, las demoras que se vienen produciendo obligaron al gobierno a una modificación que será transitoria hasta que los nuevos parlamentarios definan el sistema.