Jueves 2 de octubre de 2003

La Justicia quiere más fiscales y defensores en comisarías rionegrinas

El llamado a concurso vence el 8 de este mes. Será para unidades policiales de Cipolletti, El Bolsón, San Antonio y Catriel

VIEDMA (AV)- Para cubrir cargos de defensores y fiscales en comisarías, la Justicia rionegrina convocó a concurso para octubre. El plazo de inscripción vence el ocho de este mes a las 14 en el Superior Tribunal de Justicia.

El administrador general judicial, Horacio Mión, aseguró que ese Poder dispone de las partidas necesarias para la implementación de esas incorporaciones, previstas en el presupuesto vigente Además, el funcionario destacó que la ejecución de gastos se cumple con las proyecciones establecidas, por lo que estimó que no habrá inconvenientes para estas designaciones.

Este llamado incluye la designación de fiscales en las comisarías de San Antonio Oeste, El Bolsón y en Catriel. Los cargos de defensores generales son para Río Colorado, Cipolletti y Catriel.

En esta oportunidad se cubrirán las eventuales vacantes que se produzcan en fiscalías, defensorías generales, asesorías de menores, secretarías de cámara y de primera instancia -como inspector de justicia, secretario electoral y jefe de archivo.

Para acceder a algunos de los cargos del ministerio público -fiscal de Cámara, fiscal, defensor general y asesor de menores- son requisitos haber cumplido 25 años, ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía, tener dos años de residencia en la provincia inmediatos anteriores a la designación y tener tres años de ejercicio como abogado, magistrado o funcionario judicial.

Para secretario de Cámara, inspector de justicia, secretario electoral y jefe de archivo se exige también el título de abogado, ser mayor de edad, tener dos años de ejercicio de la profesión o función judicial como mínimo, ser nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía argentina En tanto, para cubrir una secretaría de primera instancia es requisito ser abogado, mayor de edad, tener como mínimo un año de ejercicio de la profesión o función judicial y ser nativo o naturalizado con tres años de ejercicio de la ciudadanía.

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