Piden la detención de los piqueteros denunciados

El juez Oyarbide trabaja en recabar pruebas.

El gobierno dice que no creará una brigada especial.

Los piqueteros anunciaron ayer nuevas medidas como forma de protesta por la nueva postura del gobierno.

El fiscal federal Luis Comparatore solicitó ayer la identificación y, eventualmente, la posterior detención de los piqueteros denunciados por el Gobierno, pero el juez Norberto Oyarbide ordenó primero pericias para determinar si los funcionarios se encontraron "privados" de su libertad o si existían vías alternativas de acceso al Ministerio de Trabajo Ayer el gobierno salió a bajarle los decibeles a la ofensiva que había lanzado contra los grupos piqueteros más radicalizados y aseguró que no conformará una "brigada antipiquetes", como había trascendido Los piqueteros contestaron con el anuncio de dos marchas para el 4 de noviembre y 20 de diciembre, en contra de la "penalización de la protesta social".

Oyarbide citó además para mañana a la 11 al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para declarar como testigo en la causa por presunta "privación" de la libertad, promovida por la cartera laboral contra los piqueteros que entre el miércoles y el jueves pasado impidieron la salida de funcionarios de la sede del Ministerio, en el marco de una protesta en la que reclamaron planes sociales, alimentos y materiales para la construcción.

El juez solicitó también a la Policía Federal que realice en forma urgente un informe planimétrico sobre los distintos accesos que existen al Ministerio para establecer si realmente existió el delito que se investiga. De este modo, según informaron fuentes judiciales, Oyarbide busca determinar si los funcionarios nacionales se encontraron impedidos de ingresar y salir de la sede del Ministerio, ya que, en el caso de comprobarse que existían otras vías de acceso no bloqueadas, podría debilitarse la figura de "privación de la libertad agravada", planteada en la denuncia Por su parte, Comparatore impulsó la investigación de la denuncia radicada por el Gobierno formulando el requerimiento fiscal y tipificó los hechos como presunta "privación ilegítima de la libertad agravada" Además de pedir que sea citado a declarar como testigo el ministro Tomada, Comparatore también reclamó una testimonial de la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, el secretario de Empleo, Enrique Deibe, y el jefe de gabinete, Norberto Schiaravino.

En tanto, Oyarbide adelantó que convocará para que declaren a "todas las víctimas" y consideró que se trata de "un tema complejo y difícil" de dilucidar Además, evaluó como "muy valioso que se cuente con la declaración del señor Ministro y de todas las personas que se vieron envueltas en el hecho, que aparentemente les impedía dirigirse a sus domicilios" En su requerimiento elevado al juez federal Norberto Oyarbide, el fiscal planteó que se forme una comisión de la Policía Federal a efectos de identificar a las personas que, según la denuncia del ministerio, bloquearon las puertas de acceso y salida de la sede ministerial Es que la denuncia radicada por el ministro Tomada no se mencionaba a persona alguna sino que sólo se identificó a los grupos que habrían tomado parte: Movimiento de Unidad Popular; Frente de Unidad de Trabajadores Desocupados (FRUPATE); Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (FITOD); Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP20); y Tendencia Clasista 29 de Mayo Para el fiscal "si se demuestra" el hecho investigado y "se logra identificar a sus autores", atendiendo a la posible comisión de un secuestro tipificado por el artículo 142 bis del Código Penal, entonces se debería proceder "a la inmediata detención de los presuntos responsables a los efectos de su posterior declaración indagatoria".

(DyN/Télam)

Harán dos marchas nacionales

La Asamblea Nacional de Trabajadores, que nuclea distintas organizaciones piqueteras, anunció ayer la realización de dos marchas a Plaza de Mayo, una el 4 de noviembre y otra el 20 de diciembre, para rechazar la "penalización" de la protesta social y reclamar "trabajo y salario digno" Las organizaciones, entre las cuales se encuentran el Polo Obrero, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJDS) y la CTD Aníbal Verón, se reunieron en la sede de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), donde repudiaron cualquier mecanismo de "criminalización" de la protesta. La marcha del 20 de diciembre, señaló el Polo Obrero, estará integrada por "organizaciones piqueteras, sindicales antiburocráticas, centros y federaciones estudiantiles, asambleas populares y otras organizaciones populares". Tendrá, como consignas, "Por Salario y por Trabajo", "No pagar la deuda externa", "Romper con el FMI", "Por otro 19 y 20 de diciembre" y "Por un gobierno de los trabajadores y el pueblo" La movilización del 4 de noviembre, en tanto, tiene como base el rechazo a la "nueva denuncia penal radicada por el gobierno nacional contra organizaciones en lucha, cuando hay más de 3.000 compañeros procesados en todo el país por la protesta social" Las columnas partirán de Constitución y Once para reunirse en Congreso y desplazarse desde allí a Plaza de Mayo.

Notoria división

El Gobierno afirmó que no tiene intención de conformar una brigada antipiquetera "ni nada que se le parezca" y que apunta en cambio a la creación de puestos de trabajo genuinos. "La decisión del presidente Kirchner es trabajar con las organizaciones piqueteras para resolver los problemas concretos, para que tengan trabajo genuino y el país pueda producir y generar riqueza", sostuvo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Como marca de esa actitud, el funcionario destacó que Kirchner firmó ayer el decreto 972, que transfiere a la cooperativa de trabajo "Renacer" de Ushuaia, integrada por los ex empleados de la fábrica de electrodomésticos Aurora, los derechos de promoción industrial. Esa firma, coronada con una reunión en la misma Casa de Gobierno, dibujó también la divisoria entre los grupos de desocupados que participan de negociaciones con el Ejecutivo, y los que mantienen posiciones más radicalizadas Parrilli salió a aclarar la postura del gobierno, tras una reunión de dirigentes de la cooperativa "Renacer" y el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Carlos Alderete, con el Presidente, quien les entregó el decreto que había firmado momentos antes. (DyN/Télam)