Martes 28 de octubre de 2003 | ||||
Denuncia penal y una brigada contra piqueteros La gestión Kirchner acusa a cinco grupos. Buscan contener las próximas manifestaciones.
La creación de "brigadas anti-piquetes" y la denuncia judicial contra cinco pequeñas agrupaciones de desocupados por el encierro del ministro de Trabajo Carlos Tomada la semana pasada, forman parte de la ofensiva que realizo ayer el Gobierno con el fin de contener a las manifestaciones de piqueteros El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó ayer que el Gobierno tiene a estudio la creación de una brigada policial anti-piquetes, y aclaró que su función será disuasiva, no represiva Tras diferenciar lo que definió como "demandas legítimas" de las que llevan a cabo "grupos políticos que detrás del reclamo piquetero buscan otro tipo de acciones", Fernández explicó que "lo que nosotros queremos, y el presidente (Néstor Kirchner) quiere es buscar la manera de controlar ese reclamo sin que haya desbordes" Fernández ratificó así la idea que empezó a analizarse en el Gobierno luego de la polémica medida de grupos piqueteros que la semana pasada dejaron encerrado en sus oficinas al ministro Tomada hasta las 4.30 de la madrugada Finalmente ayer Tomada a través del abogado Esteban Neffa presentó la denuncia que reclamó el presidente Kirchner tras el episodio que se desató durante seis horas entre el miércoles y jueves últimos cuando agrupaciones menores ataron con cadena y alambres las puertas del ministerio de Trabajo cuando pedían más planes sociales Los piqueteros salieron a cuestionar la modificación de las relaciones del Gobierno para con las organizaciones de desocupados, ahora habrá que ver cómo actúan en las manifestaciones que realicen Este gobierno había iniciado su gestión con mano aterciopelada para con los piqueteros. Inclusive desde el vamos dio órdenes a la policía de "no criminalizar" la protesta y rápidamente se vio una organización distinta a la hora de custodiar las movilizaciones Tras los hechos del Ministerio de Trabajo, primero fueron los cuestionamientos masivos de los piqueteros hacia la "judicialización" de la protesta Ayer los referentes piqueteros redundaron en señalar que una cosa son las palabras y otros los hechos. Antonio Vito, del Movimiento Teresa Rodríguez, consideró que el gobierno por ahora se va en "chamuyo" y que con los 150 pesos no alcanza, y que por ahora no hay lo que desean que es "trabajo genuino" Por su parte, el dirigente del Polo Obrero, Néstor Pitrola, expresó su desacuerdo con la medida y señaló que "la impresión que nos da es que, usando un incidente menor (por el de la semana pasada), se está tornando en una escalada sobre el movimiento piquetero" Según dijo, "el Gobierno ahora, definitivamente, ha puesto en claro que no inscribe ni un solo jefe de hogar más y hay, según los propios funcionarios oficiales, 900 mil jefes de hogares en lista de espera" Raul Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJDS), señaló que el gobierno "cree que con la represión se pueden solucionar los problemas de la Argentina" Mañana, en una nueva jornada de protesta, la Corriente Clasista Combativa tiene previsto una movilización en distintos puntos del país, con reclamos hacia el presidente Kirchner y los gobernadores de Jujuy, Eduardo Fellner, y de Buenos Aires, Felipe Solá. También irán a los tribunales de Quilmes por los juicios que se le siguen a las militantes piqueteras Norma Le Bret, Susana Ontivero y Yolanda Lugo Como argumento a la nueva brigada, Fernández recordó que "la Argentina conoce los desbordes de ambos lados, los desbordes piqueteros, los desbordes que han generado a veces la reacción estatal. Lo que queremos -dijo- es garantizar que este último aspecto, es decir, las posibilidades de que el Estado a la hora de reprimir no deba soportar ese tipo de desbordes" (Télam/DyN)
"La situación no ha cambiado" Delegados de distintos movimientos piqueteros denunciaron ayer ante una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que la situación argentina "no ha cambiado en los dos últimos años" a pesar del cambio de gobierno Advirtieron, además, sobre el "aparato represivo" y de "corrupción jurídica" que todavía persiste en "Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y en todo el país" Así lo reveló Néstor Pitrola, representante del Partido Obrero (PO), tras salir de la reunión en un hotel céntricos con los referentes de la organización internacional En tanto Juan Carlos Capurro, responsable del Comité de Acción Jurídica (CAJ) y uno de los coordinadores de la agenda de la misión, aclaró que la FIDH no dará detalles "particulares" sobre ésta y otras reuniones hasta el viernes, oportunidad en que ofrecerá una conferencia de prensa Destacó, además, que ayer también hubo contactos con Víctor de Gennaro (CTA), Hebe de Bonafini (Madres de Plaza de Mayo), el diputado Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos También lo hizo Emilio Alí (CCC), quien agradeció a las autoridades de la FIDH las gestiones realizadas para que lograra su libertad hace dos años, en oportunidad de su última visita al país.
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