Marchas y contramarchas en las causas sobre derechos humanos

Plantean nulidad de medida de la Corte por leyes de perdón

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó ayer la nulidad de la resolución mediante la cual la Corte Suprema de Justicia evitó expedirse sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y aseguró que el juez Adolfo Vázquez -miembro del máximo tribunal- intervino en el caso pese a haber sido recusado Según el CELS, Vázquez emitió su voto y la mayoría en la Corte decidió dar intervención en el asunto a la Cámara Nacional de Casación Penal, "sin antes resolver la recusación promovida contra" uno de los ministros del tribunal "Vázquez fue recusado por el CELS después de que, a través de la prensa, se conocieran datos sobre la reunión que mantuvieron algunos jueces de la Corte con el obispo castrense Monseñor Antonio J. Baseotto Allí Adolfo Vázquez le adelantó que fallaría en contra de la nulidad de las leyes", consignó un comunicado de prensa difundido por la entidad. Y agregó que Vázquez "incurrió en prejuzgamiento al adelantarle su voto a un representante del culto que profesa" El juez Vázquez "no podía intervenir en la causa sin que previamente se resolviera la recusación. A pesar de que el planteo fue formulado hace más de siete meses, éste aún no fue resuelto", informó el CELS. El 30 de setiembre último la Corte evitó analizar si las leyes de impunidad -declaradas nulas e inconstitucionales por la Cámara Federal porteña- son válidas o no. Y dio intervención a Casación, por considerar que ese tribunal intermedio debe dictar sentencia sobre las normas. (DyN)

Detuvieron a otros cinco ex represores

Cinco ex jefes militares fueron detenidos ayer por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien el lunes ordenó la captura de 16 involucrados en gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en el Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura militar Fuentes allegadas a la investigación señalaron que los cinco detenidos son el general de brigada retirado Héctor Gamen, y los coroneles retirados Pedro Durán Sáenz y Héctor Barda y los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes, quienes quedaron presos en dependencias militares hasta que sean notificados de su situación por el juez La investigación sobre los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército se reabrió después que el Parlamento declarara "insanablemente nulas" las leyes de Obediencia debida y Punto Final, por lo que el juez Canicoba Corral consideró que la situación de los acusados se retrotrae a 1987, cuando fueron dictadas las leyes de impunidad que interrumpieron los procesos. En ese sentido, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado rechazaron ayer enfáticamente los argumentos de los defensores de los torturadores Gamen y Durán Sáenz que reclamaron la validez de las leyes de obediencia debida y punto final Los fiscales dijeron "acoger con beneplácito" la sanción de esa norma que "está reconociendo que (las leyes del olvido) atentan contra el derecho a las garantías de las víctimas de acceder a la jurisdicción criminal y demandar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y está reafirmando el deber de investigar y combatir la impunidad". "En definitiva la ley refleja el esfuerzo del Poder Ejecutivo y del Legislativo por cumplir con las obligaciones básicas impuestas por los tratados de derechos humanos", sostuvieron los representantes del ministerio público  

A favor de la extradición de Astiz

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, dictaminará en favor de la extradición a Francia del detenido ex capitán naval Alfredo Ignacio Astiz, condenado por un tribunal de París a la pena de reclusión perpetua por la desaparición de las monjas galas Leonie Duquet y Alice Domon En principio, Becerra reclamará a la Corte un pronunciamiento sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida -que exculparon a los responsables de los crímenes cometidos en la última dictadura- y planteará que, de otro modo, no existe certeza sobre la posibilidad de dar aquí un veredicto sobre la responsabilidad de Astiz en delitos contra la humanidad Becerra, jefe de los fiscales, decidió, según las fuentes, respaldar los argumentos del fiscal Cañón y el juez Castaño, que aseguraron que Astiz debe ser extraditado a Francia porque no existen garantías de que sea sometido a juicio aquí por los crímenes que habría cometido en la última dictadura militar (1976-83). (DyN/Télam)