Martes 7 de octubre de 2003
Ordenan detención de 16 ex represores en una megacausa

Es por crímenes cometidos durante la dictadura en el 1 Cuerpo de Ejército.

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El juez Canicoba Corral ordenó detener a ex policías, militares y "espías".

 

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer la detención de 16 presuntos ex represores que fueron procesados por crímenes cometidos en la última dictadura militar bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército y luego fueron exculpados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Fuentes judiciales precisaron que Canicoba libró órdenes de arresto contra militares y civiles acusados de delitos de lesa humanidad.

Puntualmente el juez ordenó el arresto de los ex policías Juan Antonio "Colores" Del Cerro y Julio "El Turco Julián" Simón, presos desde hace cuatro años por la sustracción de Claudia Victoria Poblete, y por el secuestro de los desaparecidos José Poblete y Gertrudis Hlaczik, padres de la chica Canicoba también dispuso la captura del teniente coronel Guillermo Minicucci, de los generales Héctor Garmen y Carlos Otto Paladino, de los coroneles Pedro Durán Sáenz, Leopoldo Roualdes y Alberto Barda y de los brigadieres de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani y César Comes, añadieron las fuentes.

Además, el magistrado ordenó la detención del ex agente de Inteligencia Eduardo Ruffo, del ex agente penitenciario José Maidana y de cuatro militares que se encuentra prófugos en el marco de otras investigaciones: Augusto Rolón, Pedro Godoy, Eduardo Cruz y Eduardo Forese, se indicó Y resolvió publicar edictos en diarios de circulación nacional para que familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que funcionaron bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército conozcan la existencia del proceso penal y tengan oportunidad de constituirse en querellantes.

Gran parte de la causa que instruye Canicoba está en condiciones de ser elevada a juicio, dijeron fuentes judiciales, que recordaron que el expediente se abrió en 1984 y quedó paralizado dos años después en virtud de la sanción, durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-89) de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Las normas del perdón fueron declaradas nulas por el Congreso y, en base a esa medida, la Cámara Federal porteña resolvió el reactivar los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, tras la decisión de la Cámara, reclamaron la detención de casi 40 presuntos represores.

La semana pasada y por orden de Canicoba fueron apresados en La Pampa el comisario inspector Roberto Fiorucci, el subcomisario Athos Reta y los oficiales Carlos Reinhart y Néstor Cenizo, acusados por la aplicación de tormentos y la desaparición de prisioneros de cárceles clandestinas durante la provincia.

La defensora oficial Silvia Otero Rella, en representación de los cuatro policías de La Pampa, dijo ayer al juez que, además de los hechos ya ventilados en el proceso penal, ahora existen imputaciones por otros delitos que no habían sido investigados en los '80, razón por la cual reclamó la indagatoria de los acusados.

(DyN)

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