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Neuquén le pone cerrojo al gasto de cara a la nueva gestión

Férreo control de recursos de aquí a finales de año. Lo reclamó ayer el gobernador a su gabinete.

En una reunión ampliada de gabinete, entre festejos con funcionarios y diputados actuales y futuros, Sobisch anunció una férrea centralización administrativa de recursos y erogaciones, por lo menos hasta fin de

NEUQUEN (AN).- Jorge Sobisch ensayó ayer su segundo paso postelectoral. Encabezó una reunión ampliada de gabinete, con funcionarios y diputados actuales y futuros, con la victoria en una mano y el ajuste en la otra.

El mandatario neuquino dispuso un férreo control del gasto público, por lo menos hasta que finalice diciembre próximo, y una simultánea supervisión de los ingresos en la tesorería de la provincia. La recaudación de cada organismo irá a parar a su correspondiente cuenta, y todas serán manejadas por el Ejecutivo a través de la subsecretaría de Hacienda, en forma centralizada.

Bastaron dos decretos -1970 y 1971- para que el gobernador, que ayer viajó a Buenos Aires demostrara su decisión de rebobinar la táctica de los meses inmediatamente anteriores con giras permanentes por las localidades del interior que lo llevaron a distribuir fondos a través del Iadep -Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo-, la secretaría de Producción y las carteras de Obras y Servicios Públicos y los entes descentralizados -EPAS, EPEN, Vialidad e Instituto de la Vivienda-.

Con ambas normas legales, Sobisch decretó también la finalización de la campaña política, anunció cómo será la próxima tarea legislativa para materializar las iniciativas que atesora desde el inicio de la actual gestión: reforma del Estado y de la Constitución; reformulación de los regímenes de empleo público y docente; integración del Tribunal de Justicia; realización de obras de infraestructura -Chihuido II entre ellas-; regionalización. Para lograrlo, dijo, en el encuentro con que agasajó a sus colaboradores en el Neuquén Rugby Club, que los bloques de Apertura por Neuquén, liderado por Carlos Macchi, y de Opción Federal, de Horacio Rachid, actuarán como "una bancada unificada" con el MPN.

Según un vocero de la reunión, la centralización de la recaudación -incluye a los ingresos por coparticipación federal de impuestos y regalías, recursos del Fonavi, los de financiamiento externo, fondos de fomento a la energía eléctrica hasta los correspondientes a tasas y multas- significa constituir "un fondo anticíclico para hacer frente a las contingencias".

El control será tan estricto como para suspender las compras y contrataciones de bienes y servicios y contrataciones de obras y los aportes a municipios, comisiones de fomento, empresas del Estado y organismos. También alcanzará a la flota oficial de vehículos, que deberá limitarse a uno por ministerio y subsecretaría, según el artículo tercero del decreto 1971. Además, se obligará a las direcciones de administración correspondientes a "rescindir los contratos de locación de vehículos que superen la limitación".

El costo del alquiler de vehículos es un negocio cuyo monto resulta una incógnita. Por caso, en agosto pasado, este diario informó que una sola empresa rentaba nueve automotores al gobierno por una friolera de 28 mil pesos mensuales, mientras que se calculaba que sólo el Consejo de Educación gastaría durante el actual ciclo lectivo unos 3,2 millones de pesos en ese renglón. Pero en ese monto no se incluían todos los vehículos que necesita el sistema educativo provincial.

Por segunda vez consecutiva, Sobisch vuelve a las fuentes. Como hizo al asumir esta gestión, cuando liquidó la flota de vehículos oficiales -puso en remate 1.500 y vendió sólo la mitad- ahora se propone comenzar a ajustar el gasto. Para eso, el decreto 1971, que apela a la ley 2141 de administración financiera y control, fijó un plazo para la aplicación del cerrojo al gasto: hasta el 31 de diciembre, para "compatibilizar la ejecución presupuestaria con los resultados esperados y con la percepción de recursos". Los resultados "esperados" son, según el decreto, "cumplir permanentemente con todos los compromisos financieros"; optimizar "la ejecución de obras públicas, la provisión de bienes y servicios y aportes y prestaciones", y garantizar las funciones básicas del Estado.

El decreto 1970 otorga protagonismo casi excluyente a la subsecretaría de Hacienda en la asignación y autorización de los gastos, como también en la formulación de excepciones a ambas normas, que fueron suscriptas por Sobisch en acuerdo de ministros.

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