El gobierno ya tiene poder para renegociar los contratos

Diputados le dio la facultad al Poder Ejecutivo

Diputados le entregaron una herramienta poderosa al gobierno.

El gobierno finalmente conquistó anoche la facultad de renegociar los contratos de las empresas privatizadas hasta diciembre de 2004, gracias a que la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Se trata de una herramienta poderosa para el gobierno, ya que a través de sus siete artículos le permite a sus funcionarios rehacer contratos y modificar tarifas sin verse limi- tados por los actuales marcos regulatorios de los servicios públicos. La ley también instala el mecanismo conocido como sanción ficta: da al Congreso 60 días para aprobar o rechazar los nuevos contratos, pero si se cumple el plazo sin que los legisladores se expresen, quedan automáticamente convertidos en ley.
La UCR ayudó al justicialismo a tratar el proyecto: votó junto al oficialismo su inclusión sobre tablas. Sin la colaboración radical, el PJ debería haber esperado una semana más hasta que se cumplieran los plazos reglamentarios.
Al momento del debate, en cambio, los radicales expresaron su oposición. Leopoldo Moreau, criticó los contratos ya firmados entre el gobierno y un grupo de concesionarios de peajes, donde se suspendieron los subsidios estatales pero paralelamente se les quitó la obligación de realizar obras viales. “Les mantenemos la misma tarifa de peajes para que corten el pasto”, se quejó Moreau.
Desde el ARI y el socialismo la ley fue calificada como “inconstitucional”, en especial por el mecanismo de sanción tácita. En un golpe dirigido a la cúpula del Ejecutivo, el socialista Héctor Polino citó incluso un discurso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando, en el debate sobre los decretos de necesidad y urgencia, se manifestó en contra de la aprobación automática por silencio del Congreso.
“Se viola el artículo 82 de la Constitución, que establece que la voluntad del Congreso únicamente se manifestará de forma expresa”, concluyó el socialista.
El argumento de la inconstitucionalidad fue tomado también por la titular del ARI, Elisa Carrió, quien llegó a decir que había artículos en el proyecto que no había visto “ni en las leyes de Reforma del Estado ideadas por (el ministro de Obras Públicas de Carlos Me-nem, Roberto) Dromi”. (DyN)