La Corte esquivó opinar sobre las leyes de amnistía

Envió a la Cámara de Casación los planteos de inconstitucionalidad.

La decisión fue sorpresiva y contó con el apoyo de 5 jueces.

El juez Carlos Fayt sabía que el cuerpo no trataría la validez de las leyes hasta que asuma el nuevo miembro.

La Corte Suprema de Justicia evitó finalmente pronunciarse ayer sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y remitió a la Cámara Nacional de Casación Penal los planteos de inconstitucionalidad de las normas del perdón El presidente de la Corte, Carlos Fayt, y los ministros Enrique Petracchi, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez constituyeron mayoría al fallar ayer en favor de la intervención de Casación en el asunto El propio Fayt, en una entrevista concedida tiempo atrás, había asegurado que la Corte aguardaba la incorporación del nuevo juez que ocupará la vacante que dejó el ahora ex ministro Julio Nazareno, para dictar sentencia sobre la validez de las leyes de impunidad, que fueron declaradas nulas e inconstitucionales por la Cámara Federal porteña. Pero el máximo tribunal incorporó sorpresivamente el tema a la extensa reunión de acuerdo que mantuvo ayer, con la asistencia de los ocho jueces de la Corte, que dio un paso intermedio en el debate por la vigencia de las leyes al delegar una sentencia en la Cámara de Casación "Corresponde habilitar la jurisdicción" de Casación "a fin de resolver los planteos de inconstitucionalidad, pues así lo justifica el carácter de tribunal intermedio" que tiene ese cuerpo, sostuvo la Corte La iniciativa de remitir el expediente a Casación surgió, en principio, de los jueces López y Vázquez, pero sus colegas se mostraron reticentes a adoptar esa medida La Corte celebró ayer un maratónico acuerdo en el que rehusó avalar la extracción compulsiva de sangre a presuntos hijos de desaparecidos que, ya adultos, se negaron a ser sometidos a pruebas de ADN destinadas a establecer su identidad biológica.

Tras dictar esa sentencia, el tribunal continuó reunido a los fines de expedirse sobre las leyes de perdón y en ese marco dos ministros propusieron derivar el asunto a Casación, mientras sus colegas pidieron más tiempo y el cuerpo dispuso un cuarto intermedio hasta las 17 horas Finalmente Fayt, Boggiano y Petracchi adhirieron a la voluntad de López y Vázquez.

La Cámara de Casación, ahora, girará el sumario a una de las cuatro salas que conforman ese tribunal, que es el inmediato inferior a la Corte en materia penal Las leyes de impunidad ya fueron declaradas nulas por el Congreso el 3 de setiembre último, a instancias del Gobierno de Néstor Kirchner. Pero en los tribunales existe un debate sobre las facultades del Congreso, ya que algunos sostienen que el Poder Legislativo no tiene atribuciones para anular normas.

No obstante, la Cámara Federal reactivó los procesos por violaciones a los derechos humanos al amparo de la decisión del Congreso, y habilitó así el enjuiciamiento de militares que fueron exculpados, merced a las leyes de impunidad y sin juicio previo, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.

Los abogados David Baigún, Alberto Pedroncini y Ernesto Moreau, en representación de organismos de derechos humanos, habían pedido a la Corte que declare abstracto el pleito por la validez de las leyes Argumentaron que los presuntos represores "han recuperado su punibilidad por la nulificación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida".

La Corte optó por otro camino y delegó el conflictivo tema a Casación, pero la última palabra sobre el caso corresponderá de todos modos al supremo tribunal, aunque ya no hay plazos para que exista una sentencia definitiva.

Las leyes del perdón, aprobadas en 1986 y 1987, exculparon a casi 2.000 militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Tras la anulación de las normas de perdón en el Congreso, la justicia reabrió dos juicios que involucran a unos 50 militares. No obstante, según juristas, hasta que la Corte Suprema de Justicia no emita su veredicto final no se sabrá como evolucionarán esos juicios La causa analizada por la Corte es la de una pareja que acusó a dos miembros de las fuerzas armadas de haberse apropiado ilegalmente de su hija durante la dictadura. En la primera instancia, la justicia le dio la razón a los demandantes y consideró que las leyes de perdón que habían exculpado a los acusados eran inconstitucionales, pero la sentencia fue apelada y llegó hasta la Corte Suprema (DyN/AFP)

Falló en contra de un ADN compulsivo

La Corte Suprema falló finalmente en contra de la obligatoriedad de realizar un análisis de ADN a una joven, hija de desaparecidos, actualmente mayor de edad, que se niega a someterse a un examen para identificar a sus padres biológicos Con la única disidencia de Juan Carlos Maqueda, siete jueces fallaron a favor del recurso presentado por Evelyn Vázquez Ferrá para evitar que esa prueba pueda usarse en contra de sus apropiadores, que fueron procesados por sustracción, ocultamiento y supresión de identidad durante la última dictadura militar Este fallo contradice otro anterior dictado por la misma Corte Suprema en 1995, que establecía que cuando se encuentra en consideración el derecho a la identidad las pericias hemogenéticas deben hacerse aún en forma compulsiva porque existe un interés del Estado en restablecer la identidad suprimida y sancionar a los responsables Para las Abuelas de Plaza de Mayo el fallo sienta un precedente negativo para la resolución de otros casi 200 casos que están denunciados ante la justicia El abogado de la Asociación, Ramón Torres Molina, consideró "incomprensible" el fallo y adelantó que las Abuelas "seguramente llevarán la denuncia ante tribunales internacionales" La extracción de sangre para un análisis de ADN había sido ordenada hace años por la juez federal María Servini de Cubría y ratificada luego por la Sala I de la Cámara Federal, pero Evelyn Vázquez se opuso a la medida y llevó la cuestión hasta el máximo tribunal. Según la denuncia impulsada por la titular de Abuelas, Estela Carlotto, la joven habría sido apropiada por el buzo táctico Policarpo Vázquez, quien junto a su esposa, Ana María Ferrá, fue procesado por el hecho. Evelyn, de acuerdo a la acción penal promovida por sus abuelos, fue sustraída en 1977 a sus padres Susana Beatriz Pegoraro y Rubén Santiago Bauer, ambos desaparecidos, cuando se hallaban cautivos en un centro clandestino de detención. La joven, aunque admitió que los Vázquez-Ferrá podrían no ser sus padres biológicos -los imputados lo reconocieron expresamente- solicitó que se ponderen sus derechos a la privacidad, a la incoercibilidad, intimidad, dignidad de la persona, integridad física, psíquica y moral y a la vida familiar (Télam)