Miércoles 28 de octubre de 2003
		Ataques “anticipatorios”
		Por Aleardo Fernando Laría
		El presidente del gobierno español José María Aznar defendió, en un reciente discurso ante la cúpula de las Fuerzas Armadas, la necesidad de acometer “ataques anticipatorios”. Al mismo tiempo expresó su apuesta prioritaria por la relación bilateral de España con Estados Unidos. Después de lo ocurrido en otros países -argumentó Aznar en directa referencia a los ataques contra EE. UU. del 11 de setiembre- el sentido de la anticipación en la acción es una parte más del sentido de la responsabilidad que le incumbe al gobernante. Las palabras de Aznar han recibido la inmediata crítica de la oposición puesto que no contienen ni una sola palabra sobre la legalidad internacional, en oposición al Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas españolas que señala que siempre actuarán “con respeto a la legalidad internacional”. ¿Quiso Aznar reivindicar la doctrina de la “guerra preventiva” de Bush o se ha referido exclusivamente a la necesidad de emprender acciones de carácter anticipatorio para evitar acciones terroristas? Su referencia a “nuestros clásicos” para enumerar las tres condiciones que debe tener un ataque preventivo (falta de agresión previa, justicia de los objetivos y “proporcionalidad en los medios, respetando a los no combatientes”) parece una clara referencia a la doctrina de la “guerra justa”. Aznar argumentó que la política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea apuntaba en la misma dirección, aunque en forma todavía embrionaria. Se refería así al texto presentado por el responsable de la política exterior y de seguridad de la UE, Javier Solana, en la cumbre de Salónica (Grecia) del pasado junio, en la que también se hace referencia a las “acciones preventivas”. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, denunció en la reciente Asamblea General de la ONU la doctrina de los ataques preventivos del presidente George W. Bush. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas especifica que todos los estados, en caso de haber recibido en forma efectiva un ataque, conservan el derecho a defenderse en ejercicio del derecho de legítima defensa. Ahora algunos dicen que este acuerdo ya no es viable, puesto que un ataque armado con armas de destrucción masiva puede lanzarse en cualquier momento, sin previo aviso, por un grupo clandestino. En vez de esperar a que esto ocurra, aseguran, los estados tienen el derecho y la obligación de usar la fuerza de forma preventiva, incluso contra otros estados. Esta lógica -subrayó Annan- cuestiona de forma fundamental los principios, incluso imperfectos, sobre los que se han basado la paz y la seguridad mundiales en los últimos cincuenta años. La guerra lanzada contra Irak por una coalición de países -entre ellos España- encabezados por Estados Unidos, es la muestra palpable de una “guerra preventiva”. Con el pretexto de que Saddam Hussein era poseedor de armas de destrucción masiva, que podía poner en manos de grupos terroristas, se justificó ante la opinión pública la guerra. Una vez que las armas no aparecieron, se acudió al sencillo expediente de explicar la agresión en la necesidad de derrocar un régimen sanguinario y abyecto. La crisis de Irak ha puesto de manifiesto la fragilidad de las Naciones Unidas. Para afrontar los nuevos desafíos el secretario general Kofi Annan ha decidido que un grupo de expertos de alto nivel redacte un informe sobre los nuevos retos a la paz y la estabilidad mundiales. La organización debe remodelar sus instituciones, especialmente el Consejo de Seguridad, un organismo que concentra excesivo poder en manos de un grupo oligárquico de naciones con derecho a veto. Una alternativa consistiría en ampliar el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad incorporando nuevos países como Brasil, India, Alemania y Japón. Pero es difícil que los miembros permanentes actuales renuncien a sus privilegios. Como señala David Held (“La democracia y el orden global”), la permanente vigencia de las soluciones bélicas se debe a la resistencia de los estados a someter sus disputas con otros estados al arbitraje de una “autoridad suprema”. Resulta imposible emplazar un modelo cosmopolita de democracia mientras no exista un control general sobre el derecho de los estados a iniciar la guerra. La Carta de Naciones Unidas pretendió limitar el ejercicio unilateral del uso de la guerra al caso único de legítima defensa. La doctrina de la guerra preventiva destruye ese límite y deja en manos de los poderosos la posibilidad de iniciarlas con cualquier pretexto. Evidentemente, Naciones Unidas no era un instrumento perfecto, pero la nueva doctrina entraña un lamentable retroceso y la deja reducida a un simple organismo de mediación internacional, una suerte de beatífica ONG.
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