Domingo 26 de octubre de 2003
		CALF y el sentido común
		Por Héctor Mauriño
		El problema de la concesión del servicio eléctrico en Neuquén capital es un tema al que los sucesivos gobiernos municipales le han venido dando largas desde 1997, cuando venció el contrato con CALF, acaso porque ningún intendente, incluyendo al actual, ha querido asumir los costos políticos de una licitación transparente que bien podría derivar en el eclipse definitivo de la que se ha dado en llamar “ cooperativa del pueblo de Neuquén”. Desde hace muchos años la cooperativa, por su particular inserción entre los vecinos, ha venido funcionando como un aliado eventual de los distintos aparatos electorales, lo que sin duda constituye otro de los motivos por los cuales casi ningún político local, del progresismo al MPN, le pondría la firma al acta de defunción de tan eficaz aliado. No sólo porque nadie quiere escupir para arriba, también porque la cooperativa maneja junto con el municipio uno de los dos presupuestos más abultados de la ciudad, hace rato que la entidad se ha convertido en una presa deseable de politiqueros e inescrupulosos disfrazados de solidarios. Justamente, a partir de la presidencia del grupo Bonvín, CALF se convirtió en vehículo de negocios poco claros y se endeudó con un contrato leonino de compra de energía y acciones a la central Alto Valle, cuya propietaria mayoritaria era Dominion Energy. Eso, sumado a otros negocios brillantes, como la millonaria compra de electrodomésticos a IBM, derivó en 1998 en la firma de un fideicomiso por 12 millones de pesos-dólares con Duke Energy, la sucesora de Dominion, que desde entonces tiene estrangulada a la cooperativa. Así, desde 1997 a esta parte, la ciudad asistió a una serie de iniciativas destinadas a preservar a la entidad que han dejado de lado lo esencial: la preservación del servicio en sí mismo. Ese año, luego de una audiencia pública de la que participaron todos los sectores implicados, el entonces intendente, Luis Jalil, tomó la decisión heroica de adjudicar el servicio a CALF en forma directa, basándose en una particular interpretación de la Constitución provincial. En el 2001, ya con Quiroga como jefe comunal, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión y ordenó llamar a licitación. Desde entonces, Quiroga ha venido dando largas a la orden judicial alegando una variada casuística. Si bien algunos de sus argumentos resultan justificados, como la necesidad de crear antes que nada un marco regulatorio, otros a duras penas logran esconder el escaso interés por pagar el dichoso costo político de expropiar los bienes de CALF y llamar sin más a una compulsa. En ese tren de cosas, primero los concejales y luego el gobernador Jorge Sobisch, tomaron la idea de cortar por lo sano enmendando dos artículos de la Constitución, de forma tal de dar un techo jurídico definitivo a la concesión directa y solucionar, de paso, problemas similares a otras cooperativas del interior de la provincia. Por los motivos que fueren, desde la falta de interés al abierto rechazo, el referéndum de setiembre pasado se reveló un fracaso -así lo acaba de certificar la Junta Electoral Provincial- y ahora todo parece comenzar de nuevo. Quiroga, con su capital político menguado por unas elecciones adversas, acaba de sugerir que le hará a CALF un contrato por un año hasta que se defina la licitación. Pero hay motivos para pensar que en realidad se trata de ganar nuevamente tiempo hasta que su virtual aliado, el sobischismo, incluya en su reforma constitucional un nuevo salvavidas para CALF. De todo este proceso se pueden extraer al menos dos conclusiones: se confunde la provisión de un servicio que la municipalidad está obligada a garantizar en condiciones de calidad y precio, con el futuro de una cooperativa; y pocas veces tantos actores han hecho tan variados intentos de esquivar las normas y el sentido común con el declarado propósito de ayudar a una “entidad solidaria”, y han obtenido tan magros resultados. En el contexto descripto, no falta quien advierta además que una modificación constitucional como aquella en la que seguramente se insistirá ahora por vía de la reforma, constituiría una prescripción hecha a la medida de un sector, lo que en definitiva contradice la Constitución nacional. De más está decir que el afán por rescatar a CALF del abismo esconde frecuentemente segundas intenciones, en algunos casos la defensa de resortes políticos o económicos de utilidad; en otros, una no muy desinteresada batalla ideológica contra el privatismo. Pero en la práctica, la cooperativa ha servido muchas veces para canalizar la actividad de inescrupulosos que manejaron a su antojo sus recursos. Al punto que en buena medida hoy CALF ya no es CALF -la cooperativa que los vecinos crearon hace 70 años para desplazar a una firma norteamericana y abaratar la tarifa-, sino la fachada de la empresa privada extranjera que la tiene en un puño. Por si hiciera falta una muestra adicional de que las cosas no marchan bien, esta semana tomó estado público el balance, que arroja un déficit de más de 17 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que el eje de todo esto no es otro que la provisión de un servicio para la ciudad de Neuquén, cualquiera podría preguntarse si no es hora de que las autoridades municipales tomen el toro por las astas. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar
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