Domingo 26 de octubre de 2003
		El huevo de la serpiente
		Por Alicia Miller
		En una de sus mejores películas, el director Ingmar Bergman refleja la vida de dos personas comunes en la Alemania de los años ’20 cuando, a fuerza de prepotencia y arrogancia política, la arbitrariedad pisoteaba normas y derechos, enturbiando el aire y generando un clima de opresión y sinrazón, antesala de lo que vendría. ¿Cuál es el límite cuando se comienzan a violar las normas republicanas? ¿Qué fin puede justificarlas? Si las instituciones fueron hechas para ponerle freno a la arbitrariedad, ¿quién protegerá a los ciudadanos cuando éstas son destruidas desde la base o, lo que es peor, convertidas en fachadas huecas, corroídas en su esencia? Aunque la última reunión del Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro haya tenido la apariencia de un mecanismo republicano para la elección de magistrados independientes, es un secreto a voces que el gobernador Pablo Verani ha virtualmente designado a los jueces que van a juzgar sus conductas. Y, salvo que se le atribuya al gobernador una capacidad intelectual nula, es de suponer que su “operación política” habrá estado motivada por el deseo de que las causas no prosperen, ya sea por no ser incluido su nombre entre los investigados, por no ser llamado a declarar en aquellas en que nadie ha osado citarlo, o porque por incapacidad o negligencia se complicaran hasta hacer imposible un juicio lógico. La convicción de que, en la mente de muchos, la frase “será justicia” podría ser cambiada por la nada republicana “hágase su voluntad”, lleva a enunciar un interrogante: ¿Están mal planteadas las instituciones tal como fueron concebidas, o actúan mal los seres humanos que les dan vida? Podría decirse que las instituciones son indiferentes. Aunque no lo son quienes dictan las normas, ni las intenciones que vierten al redactarlas. Un primer punto debe ser consignado en forma clara: • En gran medida, la pobreza de opciones que enfrenta el Consejo de la Magistratura para designar jueces deriva de la malhadada cláusula de la Constitución de Río Negro -en su reforma de 1988- que dispuso como requisito para ser juez “tener dos años de residencia en la provincia, inmediatos anteriores a la designación”. Esto significa desconocer que los mejores jueces, fiscales o defensores que esta provincia ha designado llegaron a ella respondiendo a un aviso en algún diario de la capital federal. En su mayoría, se habían destacado ya en universidades o tribunales de Buenos Aires, Córdoba u otros lugares. La cláusula constitucional es tan nefasta que, con un pretendido fin localista, logra impedir un mejoramiento del Poder Judicial rionegrino, al limitar la selección de sus miembros no con un criterio de capacidad sino de residencia. Si vivir más aquí en nada contribuye a ser jueces más justos, por el contrario, hay evidencia suficiente de que, al limitar de ese modo las opciones, las listas de aspirantes -desde secretarios hasta jueces- se alimentan en un grado peligroso de funcionarios políticos, asesores, familiares, ex dirigentes partidarios y hasta empleados de bloques legislativos, que aprovechan la posibilidad de “lobby”, “operando” sobre quienes votan. Más aún resulta absurdo cuando, en causas resonantes que investigan presunta corrupción, los imputados han buscado en su auxilio a los estudios jurídicos de más renombre entre los penalistas de nivel nacional, tales como Argibay Molina -hace unos años- o Cúneo Libarona, en el caso del empresario del juego Carlos Ferrari. Esto implica que los jueces son elegidos en el acotado marco provincial, mientras que los defensores privados se eligen entre lo más granado del país, sin limitación alguna. En el caso puntual de la designación de jueces y camaristas que el Consejo de la Magistratura de Viedma realizó esta semana que pasó, hay cuestiones notorias: • Que el representante de los miembros del STJ que, por otra parte, han sido elegidos ellos mismos a propuesta del gobernador, haya respaldado la designación propuesta por el actual mandatario, en un caso en que está en juego la designación de jueces que investigarán causas que lo involucran. No podía ignorar, en todo caso, una preferencia de Verani que toda la provincia conocía. • La Legislatura rionegrina, la misma que aprobó crear una comisión investigadora sobre los temas que analiza la Justicia, no votó en forma congruente cuando sus representantes -tanto los de la UCR como el del PJ- actuaron en el Consejo de la Magistratura como si no midieran la relación entre su voto y la posibilidad de hacer justicia en el marco de esas investigaciones. • Más puntualmente, en el caso del Partido Justicialista, sus autoridades provinciales enunciaron días atrás su deseo de una Justicia más independiente y lamentaron el retroceso en la causa de Lotería. Pero no pueden ignorar que, más allá de tan bellas palabras, su representante ante el Consejo de la Magistratura fue el legislador Wálter Cortés, inhabilitado para ejercer el comercio por su vinculación con la quiebra del Policlínico Arbos, e imputado por presunta defraudación a la administración pública y administración fraudulenta en la causa federal que investiga en Bariloche el desvío de subsidios por dos millones de pesos, otorgados por la Nación al Arbos. En esa causa -cuando tramitaba en Buenos Aires- se probó que Cortés integró una de las sociedades anónimas a las que ingresó el dinero del subsidio. Más recientemente, la oposición en el gremio mercantil lo acusó de fraude electoral, y en la pasada interna justicialista, su adversario acusó intimidaciones de varios de sus colaboradores. • Respecto del Colegio de Abogados de Viedma, en una gran proporción está integrado por personas vinculadas con la administración pública, y que en sus reparticiones están sometidos a la autoridad de un funcionario político, por lo que sus consejeros son motivo de la presión del Poder Ejecutivo. Es así que, “salomónicamente”, el Consejo de la Magistratura designó camaristas a las dos personas que habían mantenido, en los días anteriores, un severo duelo jurídico, ya que la jueza Liliana Piccinini fue la autora del voto principal que anuló la instrucción que había realizado Jorge Bustamante en la causa de Lotería. Esto lleva a suponer que, o Piccinini ha hecho un voto falso o erróneo, o tiene razón al afirmar que el juez Bustamante actuó con ignorancia del derecho provocando consecuencias en la búsqueda de la verdad y de sanción a los autores de delitos. Ante este dilema ¿cómo ha podido el Consejo de la Magistratura darles a ambos el premio de ascenderlos, sin que la comunidad sepa cuál de los dos trabaja en favor del esclarecimiento y la justicia y cuál no quiere o no sabe hacerlo? En definitiva, crear, por la vía del ascenso, vacantes en los Juzgados de Instrucción que tienen a su cargo causas de corrupción (y cubrirlas de acuerdo con el deseo del oficialismo) viola el principio constitucional del juez natural, porque se eligen “a posteriori” jueces ensombrecidos por la presunción de ser “a medida”. Dos cosas más: la ciudadanía no parece haberse indignado por el tema, y el gobernador electo se ha lavado las manos al mejor estilo Poncio Pilatos. Alicia Miller amiller@rionegro.com.ar
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