Sábado 25 de octubre de 2003
 

Bolivia y la guerra entre las drogas

 

Por Andrés Oppenheimer

  La sangrienta revuelta de los cocaleros y los sindicatos de izquierda que derrocó al gobierno de Bolivia la semana pasada debería generar un serio debate en Washington sobre si no ha llegado el momento de re-evaluar la “guerra’’ de Estados Unidos contra las drogas.
No, no estoy proponiendo la legalización de las drogas, ni que Estados Unidos abandone todas sus operaciones de interdicción de narcóticos en el exterior.
Pero la muerte de unos 80 manifestantes en las recientes protestas de Bolivia y el colapso del gobierno constitucional del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada plantean interrogantes sobre la política de Estados Unidos de apoyar la erradicación forzada de cultivos de coca sin ofrecerles a los campesinos alternativas satisfactorias.
En una entrevista en las primeras horas de su exilio en Estados Unidos, el ex presidente Sánchez de Lozada me dijo que las exportaciones de coca de Bolivia llegaron a generar unos u$s 500 millones anuales a fines de la década pasada: una cifra importante, si se considera que el total de las restantes exportaciones del país eran de de u$s 1.500 millones.
Cuando Bolivia, con la ayuda de Estados Unidos, erradicó la mayor parte de los cultivos ilegales de coca en los últimos cuatro años, los ingresos del país cayeron significativamente. A pesar de esfuerzos promisorios de desarrollar cultivos alternativos como palmito, banana y piña, nunca pudo recuperar sus ingresos perdidos, dijo el ex presidente.
“Bolivia ha hecho un esfuerzo tremendo, pero pagó un precio muy alto por ello”, me dijo Sánchez de Lozada. “Aunque la coca era una actividad ilegal, constituía una contribución importante para la economía”.
Pese a que Sánchez de Lozada todavía califica de positiva a la política de cultivos alternativos, que ha logrado que el 60% de los campesinos de la zona cocalera del Chapare ya esté dedicado a cultivos legales, otros ex funcionarios bolivianos y estadounidenses son más escépticos.
Según ellos, el mayor error de la política de Estados Unidos ha sido asumir que uno puede convertir a un cultivador de coca en un productor de palmito. La mayoría de los cocaleros nunca fue agricultor, sino que son ex mineros de las sierras -incluyendo su líder, el izquierdista Evo Morales- que bajaron a los llanos del Chapare en la década del ochenta, atraídos por el dinero fácil del cultivo de la coca.
Durante la primera mitad del siglo XX, Bolivia había sido un importante exportador de plata, estaño y otros metales. Cuando se desplomó el mercado mundial de metales en la segunda mitad del siglo XX, las exportaciones de Bolivia cayeron en picada, al tiempo que comenzaba el hábito de la cocaína en Estados Unidos y Europa.
Decenas de miles de mineros desempleados comenzaron a bajar de las montañas cercanas a las ciudades de Oruro y Potosí, y empezaron a cultivar la coca en los llanos del Chapare, que luego se exportaba a Colombia para la producción de cocaína.
Hacia 1997, Bolivia era el mayor productor mundial de coca, generando 270 toneladas métricas por año. Pero hacia el 2002, luego del programa de erradicación forzosa financiada por Estados Unidos y la interceptación de docenas de aviones de narcotraficantes por parte del Perú, la producción ilegal de coca boliviana bajó a 20 toneladas métricas por año. Gran parte del negocio del cultivo pasó a Colombia.
Bolivia les ofreció a las 50.000 familias cocaleras del Chapare programas de cultivos alternativos, pero muchos no aceptaron la oferta o abandonaron sus nuevos cultivos al poco tiempo: el palmito o la banana les generaban apenas un 20% de lo que ganaban con la coca y exigían diez veces más trabajo. Mientras que la coca es una planta que crece prácticamente sola, el palmito o las bananas requieren fumigación, agua y cuidados constantes.
Washington debería promover el turismo y fábricas de manufacturas, en lugar de cultivos alternativos, en Bolivia.
Estados Unidos podría darles a los exportadores de productos textiles, zapatos y otros productos manufacturados bolivianos un acceso preferencial a largo plazo a su mercado, o convocar un Plan Marshall de ayuda internacional para Bolivia, antes de que el país se convierta en la primera narco-dictadura de las Américas.
Incluso el hasta hace poco embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, quien ocupó su cargo hasta el 2002 y fue aplaudido en Washington por cumplir las metas de eliminación de cultivos ilegales de coca, me dijo esta semana que “quizás sea tiempo de darle una nueva mirada al desarrollo de cultivos alternativos’’.
“Puede que una estrategia impulsada por el sector privado dé mejores resultados que la actual, que trata de convertir a ex mineros que se volvieron cocaleros en agricultores independientes”, dijo Rocha. “Obviamente, en muchos casos no está funcionando’’.
     
     
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