Miércoles 22 de octubre de 2003
		Una receta contra la corrupción
		Por Andrés Oppenheimer
		Aleluya! El Banco Mundial y el gobierno de Estados Unidos están empezando a descubrir lo que un conocido economista peruano viene diciendo desde hace veinte años: que gran parte de la corrupción en América Latina, Asia y Africa se debe a un exceso de regulaciones gubernamentales. En un nuevo estudio, el Banco Mundial analizó cuántos trámites burocráticos deben hacer los ciudadanos de varios países de todo el mundo para registrar un pequeño negocio. ¿Y saben qué? Descubrió, entre otras cosas, que los países con la mayor cantidad de regulaciones son aquellos en que la gente tiene que pagar más sobornos y donde hay mayor corrupción. El estudio -que a pesar de su soporífico título, Haciendo Negocios en el 2004, contiene datos fascinantes- hizo el mismo experimento que el economista peruano Hernando de Soto realizó en su país hace dos décadas. De Soto investigó cuántos trámites burocráticos hacían falta para abrir una pequeña empresa de confecciones de apenas un empleado en Lima, y descubrió que era casi imposible hacerlo de acuerdo con la ley: le hubiera llevado 289 días y $1.231, el equivalente a tres años del salario mínimo de la época. En su libro de 1983, “El Otro Sendero”, De Soto llegó a la conclusión de que el exceso de regulaciones gubernamentales en su país -unas 28.000 por año, entre leyes, decretos, ordenanzas y reglas administrativas- obliga a los ricos a sobornar a los funcionarios públicos y condena a los pobres a trabajar en la informalidad, fuera del marco legal de sus países. Ahora, el Banco Mundial hizo el mismo experimento en docenas de países en todo el mundo, y encontró que aquellos estados pobres y de ingresos medios tienden a tener muchísimas más regulaciones que los ricos y tienden a ser más corruptos. Según el estudio del Banco Mundial, se necesitan 15 trámites y 68 días para registrar una empresa -aunque sea de un único empleado- en la Argentina, 18 trámites y 67 días en Bolivia, 15 trámites y 152 días en Brasil, 10 trámites y 28 días en Chile, 14 trámites y 90 días en Ecuador, 12 trámites y 115 días en El Salvador y 7 trámites y 51 días en México. En cambio en Australia es suficiente efectuar sólo 2 trámites, que se hacen en 2 días, para registrar una empresa, y en Estados Unidos 5 trámites que se hacen en 4 días. Entre los países que tienen la mayor cantidad de regulaciones gubernamentales del mundo están Haití, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Honduras, dice el Banco Mundial. No es de sorprender que estos mismos estados figuran entre los que tienen la mayor percepción de corrupción en el nuevo ranking de Transparencia Internacional, el grupo anti-corrupción con sede en Alemania. En una entrevista telefónica la semana pasada, De Soto me corroboró lo que siempre pensé: que las principales causas de la corrupción no son culturales, ni biológicas, sino políticas. “Cuando los países aprueban normas que son absurdas, la gente va a burlarlas’’, agregó. “Las leyes que son difíciles de cumplir son posiblemente la principal fuente de corrupción en el mundo”. De Soto está terminando una nueva investigación en Egipto, México, Filipinas, Haití y Honduras. Para el año próximo, estará asesorando a 21 países -incluida Rusia- sobre cómo reducir sus laberintos regulatorios. El gobierno de Bush también está tomando nota de sus investigaciones. Altos funcionarios de Estados Unidos dicen que Bush llevará varios de los temas de De Soto a la Cumbre de las Américas que se realizará en enero en México, con la presencia de 34 presidentes democráticos de la región. “Una de las principales cosas que nos gustaría ver salir de esa cumbre es algún acuerdo para destrabar la capacidad de generación de capital en estos países”, me dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. “Los gobiernos de América Latina frecuentemente han sido trabas al desarrollo, en lugar de facilitadores del desarrollo. Muchos de ellos podrían reducir el número de regulaciones’’. Mientras tanto, De Soto está siguiendo adelante con su nuevo proyecto: ayudar a los países a darles títulos de propiedad a cientos de millones de pobres que no pueden abrir un negocio o una empresa casera, porque ni siquiera cuentan con títulos legales sobre sus viviendas. Al no tener títulos de propiedad legales, ni siquiera pueden sacar un crédito bancario de $50 para comprar una máquina de coser o herramientas con las que abrir un pequeño taller hogareño. Ojalá no tengamos que esperar veinte años más y a que De Soto gane un premio Nobel para que el Banco Mundial y -quién sabe- un futuro gobierno del ahora joven George Bush III también adopte estas últimas recetas.
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