Domingo 19 de octubre de 2003
		A foja cero
		Italo Pisani ipisani@rionegro.com.ar
		Es sintomático. Cada vez que un caso de corrupción en Río Negro está en su cenit, algo termina obturando el proceso judicial. La mayor causa en la historia rionegrina de deshonestidad con los dineros públicos -la de las defraudaciones del ex Banco de la Provincia de Río Negro- lleva la friolera de 14 años sin juicio oral. Burocracia procesal, parsimonia, batería de apelaciones, recusaciones, tribunales que no terminan de constituirse o comportamientos amañados se combinan sospechosamente para prolongar “in eternum” la investigación. Es decir, en algún momento se activa la esperanza de su resolución, pero inmediatamente viene el retroceso y esa eterna sensación de impunidad. Las causas por los bonos Cedepre, por los vuelos chárter, por la ruinosa venta anticipada de regalías, por la renegociación de la compra de energía a la Turbine Power -por citar algunas- se mantienen como una colección indefinida de paños sucios que los rionegrinos parecen incapaces de lavar. Ahora le tocó el turno a la causa de la Lotería. La Cámara de Apelaciones de Viedma acaba de declarar nulas las indagatorias realizadas en la investigación de la ruta de las coimas en el millonario negocio del juego en la provincia. Bajo preceptos garantistas, le atribuye al juez Jorge Bustamante haber violado el derecho de defensa de los imputados al no permitir que los indagados conozcan la prueba colectada. Además lo saca de la causa y ordena volver a hacer las indagatorias con otro magistrado. Esta instancia judicial en apariencia no avanza sobre la ponderación de los delitos en sí ni la calidad de la prueba. Sin embargo, adelanta criterios, como cuando el juez Ernesto Rodríguez resalta que Bustamante se “ciñe a una línea investigativa determinada (...) dando crédito a determinados testigos en detrimento de otros”. O cuando la jueza Liliana Piccinini abre dudas sobre el valor del testimonio de Roberto Vasconcellos, quien denunció como fraudulenta la relación entre Tecno Acción y su empresa Edificom para favorecer la entrega de fondos a Carlos “Cacho” Ferrari y funcionarios rionegrinos. Lo concreto es que la Cámara deja sin efecto cuatro procesamientos de funcionarios y empresarios, que a juicio del juez Bustamante y de la fiscal Daniela Zágari eran pieza clave en los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública, según los casos. Conviene recordar que -como no ocurrió con varias otras investigaciones- se llegó a los procesamientos debido a la evidencia de prueba muy abundante, no sólo la que aportó “Río Negro” en su investigación iniciada en abril del 2002, sino también la que la misma instrucción judicial cosechó en Río Negro, Bahía Blanca y Buenos Aires. Estas evidencias demostraron, por ejemplo, la existencia de una empresa “sello” (Albany Trade) comprada por el titular de Lotería, Miguel Irigoyen, y presidida por un ex basquetbolista amigo del hijo del gobernador Verani, a la que durante tres años se transfirió ilegalmente el 15% de la recaudación neta de Varsa, la empresa de las tragamonedas de “Cacho” Ferrari. Y hay también la sospecha de pagos de Tecno Acción -prestadora de servicios de Lotería- a funcionarios, cuyos cheques se ocupó de cobrar Ferrari como intermediario. Incluso, ratificando esta línea, está la prueba de por lo menos un depósito bancario de la empresa de Ferrari “Casinos Río Negro” en la cuenta de Irigoyen por 10.080 pesos. Vaya si había prueba. ¿Cómo se puede digerir que un funcionario que maneja recaudaciones de la provincia con declarados fines sociales ayude a comprar una empresa trucha para ponerla al servicio de empresarios privados, o se disponga a recibir en su cuenta bancaria pagos de un empresario del juego? ¿Cómo un empresario de calificada firma tecnológica como Tecno Acción podía librar cheques a una empresa quebrada de la construcción (Edificom) por servicios vinculados con el juego? Esta trama compleja pero bien documentada es la que hoy corre una suerte tan clara como inquietante: el mismo destino de la causa del ex BPRN. El hecho de que se retrotraiga la investigación al momento previo a las indagatorias, sumado a la decisión de que otro juez se ocupe de la causa, coloca prácticamente un cepo a las ruedas de la investigación. A las largas fases que requieren las declaraciones, debería antecederle un tiempo de estudio para un juez que necesita ponerse en tema tan arduo. Por si fuera poco, no está claro quién será ese juez. Se habla del subrogante Juan Bernardi, pero ¿qué ocurriría si ese magistrado termina pronto siendo promovido a camarista o a un juzgado correccional, como son las posibilidades? Estos avatares y otros propios de la burocracia que aguardan a la causa, con el añadido de un año que prácticamente llega a su fin, plantean un horizonte ominoso. A decir verdad, existía el presentimiento de que la causa iba a empantanarse inexorablemente. Se encargaron de darlo por seguro hombres del gobierno que saben cómo hacer trascender los anticipos que obtienen de fuente bien informada, a través de seleccionados medios de comunicación. Por lo menos un par de radios de Viedma dio a conocer la semana pasada la versión de que el fallo de la Cámara de Apelaciones iba en dirección al pedido de los imputados. Adelantaron concretamente que todos los procesamientos iban a ser anulados y que se sancionaría al juez Bustamante. Frente a tal certeza, sus beneficiarios y defensores festejaron por anticipado. Está a la vista: se confirmaron esos trascendidos, con lo cual se puso al descubierto que, muy lejos de tratarse de una primicia periodística, se produjeron filtraciones a gente del gobierno sobre las decisiones tomadas por tres camaristas que debían razonar y escribir dentro de cuatro paredes blindadas. El escándalo de la infidencia es una de las razones que amenazan con suspender esta semana la ya postergada designación del tribunal de la Sala B de la Cámara del Crimen (a la que Piccinini y Bustamante se postulan). Todo ocurre en el contexto de una justicia sospechada de vínculos oficiales y un gobierno que muestra una inagotable pretensión de promover jueces amigos a toda costa. Italo Pisani ipisani@rionegro.com.ar
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