Lunes 13 de octubre de 2003
		Así comenzó todo...
		Por Bernardo Fain (*)
		El 28 de junio de 1966, en el despacho del gobernador del Neuquén ocurrió un hecho inédito en la historia de nuestros golpes militares. Esa mañana, mientras en la Capital Federal el presidente Illia era desalojado de manera oprobiosa de la Casa Rosada, en el Neuquén el comandante de la Sexta Brigada, general Julio Aguirre, se presentaba en la Casa de Gobierno con el mismo propósito respecto del gobernador Sapag, pero con palabras pletóricas de elogios. Quienes habíamos sido entusiastas partícipes de su gestión no cabíamos en nuestro asombro: el general había venido a derrocar -en sus palabras- “al más eficiente de los gobernadores del país” (“Clarín” transcribió esta expresión). El momento no se prestaba para un halago de circunstancia. Reflejaba, sin duda, el prestigio ganado por la provincia en tan breve lapso. *** El 12 de octubre de 1963, hace cuarenta años, Felipe Sapag, de 47 años, llegó de Cutral Co para cumplir con un mandato del pueblo neuquino: gobernar la provincia por un período de cuatro años -la Constitución no le autorizaba para más- del que, como se viera, sólo llegó a cumplir treinta y tres meses -menos de tres años- a causa de la insurrección armada que habría de llevar a la cima del poder al general Juan Carlos Onganía. El acto eleccionario había consagrado al MPN como el partido dominante de la escena provincial, pero con poca llegada en los sectores medios del Alto de la capital provincial de 30.000 habitantes, y, especialmente, entre los profesionales (ocho meses después de asumido el gobierno, el médico Víctor Peláez pasaría a liderar el gremio de los empleados públicos, fuertemente opositor). El partido contaba con un solo abogado afiliado, Jorge D. Solana, quien, elegido diputado nacional, prontamente marchó a Buenos Aires. Elías Sapag, flamante senador nacional, se había ocupado de ensamblar un Tribunal Superior de Justicia con juristas de renombre ajenos a la provincia provenientes del proscripto peronismo, pero en el Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios, las direcciones generales y los organismos descentralizados, la ausencia de abogados era absoluta. (Al poco tiempo, el bloque de diputados del MPN -sin abogados en su seno- debió contratar los servicios de dos profesionales ostensiblemente antagónicos al gobierno, Guillermo Correa y Horacio Ahumada). Yo había venido a la provincia un año antes para cubrir el puesto de asesor general de la Gobernación durante el interregno cívico-militar conducido por el presidente José María Guido, por lo que me dispuse a abandonar Neuquén con la asunción de Felipe Sapag. Lo fui a ver con mi renuncia, pero ante mi sorpresa me expresó que por las referencias que tenía no sólo la rechazaba sino que, además, quedaría a cargo de la Fiscalía de Estado. El episodio produjo un vuelco en mi vida que me comprometió férreamente con el MPN y su líder. Unico profesional del derecho en todo aquel gobierno (sólo a fines de 1965 ingresó Diógenes Caunedo para el área de Economía, únicamente), debí dictaminar tanto en sumarios a funcionarios y empleados de la embrionaria administración como en impugnaciones planteadas en licitaciones; en conflictos laborales que se ventilaban en la dirección respectiva como en consultas sobre la faz legal de decretos y proyectos de ley. Además de tramitar los juicios en los que la provincia era parte, incluyendo las intrincadas expropiaciones dispuestas por la Legislatura. Sin embargo, tres intervenciones de alcance institucional, encaradas con decisión y pericia, son las que me traen los recuerdos más gratificantes: la integración de Plaza Huincul al Estado neuquino, la controversia con Parques Nacionales sobre la naturaleza de sus jurisdicciones, y la cuestión de límites con Río Negro, resuelta por la Corte Suprema en favor del Neuquén. Con la creación de YPF en 1922, su área en Plaza Huincul había quedado contenida en un espacio octogonal que la segregaba del entonces Territorio Nacional del Neuquén; y en ese octógono creció la localidad que por lo mismo carecía de personería municipal. Creado el Estado provincial, se vio que sus parcelas, muchas de ellas edificadas, no se encontraban empadronadas, y que la inseguridad jurídica resultante de su estatus frenaba su despegue. Había que desafectar del octógono al ejido urbano y una sección adyacente para así asignarles la condición de municipio. Ello requirió arduas negociaciones con los abogados de YPF -en aquel entonces una empresa intocable- y sucesivas modificaciones al croquis de la desafectación, para que en 1966 Plaza Huincul pudiera al fin cortar su cordón umbilical con YPF y ser un municipio en plenitud. Ese mismo otoño de 1966 las imprudentes consideraciones de un funcionario de Parques Nacionales, incluidas en una nota oficial, desencadenaron una verdadera borrasca. Afirmaba en relación con la región “de los Siete Lagos”: “No integra la provincia del Neuquén, sino que forma legalmente parte de los Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi”. La reacción no se hizo esperar: el gobernador Sapag cursó un enérgico telegrama al presidente Illia solicitándole el alejamiento inmediato del funcionario “como reparación moral”, y sendas notas al ministro del Interior y al secretario de Agricultura, preguntándoles si se estaba ante “la creación de un Estado dentro de otro Estado”, y que el Neuquén no toleraría “manoseos al federalismo”. Naturalmente, asistí al gobernador en estos movimientos tácticos, pero la posición neuquina requería, además, un sólido basamento doctrinario. Elaboré un extenso artículo haciendo especial hincapié en la distinción entre “jurisdicción federal” y “territorialidad federal”, con referencias históricas y jurisprudencia de los Estados Unidos relativa a controversias similares. Le pedí una entrevista al director del diario “Río Negro” (que se había plegado a la postura de Parques Nacionales), y junto con Vera Pichel, directora de Prensa, viajamos a Roca para solicitarle la inclusión del trabajo. El encuentro fue breve, circunspecto diría, por la actitud impuesta por el propio anfitrión. El Dr. Julio Rajneri, todo un caballero, publicó la posición del Neuquén en la edición del 30 de abril. Con displicencia, casi mecánicamente, el gobernador me deslizó una demanda que había recibido. ¿Una demanda o una bomba? Río Negro había demandado al Neuquén ante la Corte Suprema de Justicia y corría el plazo para contestarla. Sostenía Río Negro que el meridiano 10 grados Oeste había sido incorrectamente demarcado en el terreno y en la cartografía, y que a raíz de ello una franja de más de 12 kilómetros de ancho (193.000 ha) con rico subsuelo, le pertenecía. Demandaba, pues, un nuevo trazado en lugar del existente, defectuoso, sea por falla profesional o por imperfección de los instrumentos empleados. Y lo peor es que tenía razón. Había, pues, que convencer a la Corte de que se trataba de una “cuestión de límites”, por lo que, conforme a la Constitución, correspondía al Congreso Nacional resolverla; una manera de cajonear el asunto, pues por cierto se trataba de un límite que no admitía discusión. (En su reciente libro, “A Nation Under Lawyers”, Mary Ann Glender, de la Universidad de Harvard, recuerda que “las palabras significan lo que a los jueces se les induce a decir que significan”). Algo de eso fue lo que hice: sostuve que la Corte era incompetente y la Corte accedió conforme a mi argumentación. La instancia judicial está cerrada, la incompetencia de la Corte quedó en autoridad de cosa juzgada, y le privé al mapa del Neuquén de lucir casi 12 kilómetros y medio más delgado... Pero ya al terminar 1964 el gobernador había colocado al Neuquén en la vidriera nacional y su capacidad y empuje trascendieron los límites provinciales: ese año, a su iniciativa, se realizó la Primera Conferencia de Gobernadores de la Patagonia -incluida La Pampa- que dejó sentada la constitución del Ente Patagónico, en cuya comisión permanente representé al Neuquén. Gobernadores de distinta extracción política se habían lanzado -a instancias de Sapag- a iniciar un proceso de regionalización treinta años antes de que la idea se convirtiera en moneda corriente. La Casa Rosada torpedeó el proyecto, y se fue diluyendo; pero el lisonjero juicio de aquel general permanece vigente... (*) El autor fue asesor general de la Gobernación del Neuquén y apoderado judicial de la provincia, entre 1963 y 1966, Presidente del Tribunal de Cuentas, entre 1972 y 1977, y nuevamente asesor general de la Gobernación en 1990 y 1991.
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