 |
||
 |
Domingo 12 de octubre de 2003 | |
 |
Fiebre reformista |
|
Por Héctor Mauriño |
||
| En setiembre de 1993, Raúl Alfonsín, de paso por Neuquén, le dijo a este diario que jamás avalaría una reforma de la Constitución para introducir la reelección presidencial porque, palabra más palabra menos, estaba convencido de que para la cultura política latinoamericana, caracterizada por los fuertes cacicazgos, esa cláusula era poco menos que un atajo al totalitarismo. La historia es conocida: poco tiempo después, en 1994, el ex presidente selló con Menem el Pacto de Olivos y con ello allanó el camino para que el riojano se alzara con su segundo período de gobierno. Alfonsín ha explicado aquel acuerdo como un mal menor para el país, pero independientemente de los motivos que haya tenido para conciliar con Menem, su definición sobre los riesgos de la reforma constitucional para introducir la reelección parecen plenamente vigentes. No sólo el sabio concepto de la no reelección fue desplazado de la Constitución del ’53; no pocos gobernadores hicieron lo propio en sus respectivas provincias. Menem lo hizo en La Rioja; Sobisch, en Neuquén y Kirchner en Santa Cruz. Los ejemplos son legión y casi no queda jurisdicción en la que no esté garantizada la permanencia del gobernador por dos períodos, cuando no en forma indefinida. Aunque no puede asegurarse que sea exclusivamente la cláusula reeleccionista la que allanó el camino a los caudillos vitalicios, como Rodríguez Saá en San Luis o Sobisch en Neuquén, sin duda ella ha contribuido a afianzar ese estado de cosas. El panorama derivado de la falta de alternancia es por todos conocido. Legislatura y Justicia sometidas al poder político; aparatos electorales invencibles; corrupción; prebendas; y oposiciones funcionales al poder. En algunos lugares, en fin, ese cuadro se ha visto colmado con el crimen político, como en la Catamarca de los Saadi o el Santiago del Estero de los Juárez. Aunque de ninguna manera se podría decir que todos los cambios constitucionales hayan sido perniciosos -bastaría con nombrar la eliminación del anacrónico Colegio Electoral o el rango constitucional dado a las declaraciones de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, para citar unos pocos-, en ciertos casos la fiebre reformista ha tenido mucho que ver con la tentación de algunos gobernantes de establecer un sistema normativo a medida. Así, como si se tratara de una epidemia, se sucedieron reformas o enmiendas en buena parte de las provincias inspiradas más en necesidades políticas puntuales que en cuestiones de Estado. El paradigma del estilo “a medida” lo protagonizó justamente Carlos Menem, que no contento con la reelección intentó la famosa “re-re”. Si bien resulta muy atendible la modernización invocada en la mayoría de los casos, muchos de los cambios, lejos de contribuir a afianzar el pluralismo, han facilitado el desgaste institucional. Al fin y al cabo, como quedó demostrado en diciembre del 2001, con reformas y todo pocas cosas están más desprestigiadas en el país que la “clase política”. Con todo lo que estos hechos tienen de aleccionadores, en Neuquén hay quienes no se dan por vencidos. Un caso es el gobernador Jorge Sobisch, quien no contento con la enmienda que introdujo en 1994 para hacer posible su reelección, ha venido pugnando por nuevos y profundos cambios en el texto constitucional. Si bien Sobisch aclaró un par de veces que no intentará introducir la cláusula de la reelección indefinida, tan preciada entre sus pares, y se esfuerza por mostrar a todo el mundo que ahora está para faenas mayores, como la Presidencia de la República, nada garantiza que no vaya a cambiar de opinión. Independientemente de ello, el gobernador se propone, ahora con renovada mayoría legislativa, acometer una serie de cambios verdaderamente polémicos, como la reformulación del régimen de los recursos naturales, particularmente en lo referido a la explotación del petróleo y el gas, que son las mayores riquezas de esta provincia. El discurso que acompaña esta iniciativa ensalza la famosa “seguridad jurídica”, pero hay motivos para dudar sobre qué intereses quiere poner a resguardo un gobernante que no ha dudado en presentarse como “aliado estratégico” de las petroleras y “lobbista” de las multinacionales. Quien parece tentado a emular los pasos del gobernador es el intendente Horacio Quiroga, que acaba de confesar su intención de modificar la Carta Orgánica municipal, verdadera constitución de la ciudad. La norma en cuestión tiene sólo 8 años y si bien el propio Concejo ya aprobó un proyecto de enmienda para eliminar su clausula más controvertida, la renovación por mitades del cuerpo cada dos años, hay razones para dudar de que en tan poco tiempo haya quedado obsoleta. Antes bien, resulta inevitable interrogarse sobre los motivos de fondo que impulsan al intendente para acometer esta tarea. Entre los cambios propuestos por Quiroga, uno de los más polémicos es la reestructuración de algunas facultades del Deliberante, un cuerpo que a criterio del intendente está desbordado por tareas administrativas, para transferirlas al dominio del Ejecutivo. Si bien lo esbozado por Quiroga hasta aquí será materia de discusión previa entre los bloques políticos, y en definitiva sólo el Concejo podría autorizar una constituyente, en su caso, como con mayor énfasis en el de Sobisch, no deja de preocupar la tendencia a hacer de la base del sistema normativo, que por definición debería ser lo permanente, materia de debate y negociación coyuntural. Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar |
||
|
Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación |
||
 |
|
|
 |
||