Lunes 6 de octubre de 2003
		Inseguridad privada
		Por Martín Lozada
		Las frecuentes muertes y lesiones graves experimentadas en manos de agentes de la seguridad privada y “patovicas”, sobre todo en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires, hacen de estos actores un núcleo de máxima conflictividad. La muerte del fotógrafo José Luis Cabezas marcó un punto de inflexión. Entonces quedó instalada la sospecha de que entre las empresas de seguridad privada y el mundo del delito mediaba una línea delgada y fácil de sortear. La sospecha se hizo luego certeza, en ocasión de la muerte del empresario Mariano Perel, ocurrida en Cariló en febrero del 2001. Ahora es un juez de Cámara de San Isidro, el Dr. Fernando Maroto, quien ratificó la existencia de vínculos entre los vigiladores privados y aquellos que consuman los secuestros que mantienen en vilo a los argentinos. El magistrado señaló días atrás que “la seguridad privada puede ser un buen recurso, pero por ahora no trabajan en favor de la seguridad pública... En toda la zona de Vicente López -Provincia de Buenos Aires- hay una gran cantidad de vigiladores; el control es malo y da la casualidad que todos los casos de secuestros de la zona han sido limpios y sin enfrentamiento con la Policía”. Maroto asegura que en la zona norte del conurbano y de la Capital Federal se registraron 80 secuestros extorsivos entre junio del 2002 y junio del 2003, y les atribuye estos casos a tres grandes bandas que cuentan con información proveniente de las fuerzas de seguridad. Hay varias causas judiciales en las que se están investigando los posibles lazos entre policías privados y bandas de delincuentes. Una de aquéllas, radicada en los tribunales de San Martín, originada en el homicidio sufrido a fines del 2002 por un ex policía, empleado de seguridad privada, presuntamente por parte de una banda de secuestradores a la que le pasaba datos. Otra tramitada en Lomas de Zamora, donde un fiscal pidió que dos suboficiales y un oficial de la Bonaerense fueran juzgados por un secuestro ocurrido a mediados del 2002. En el caso se descubrieron las conexiones con una agencia de seguridad privada: la cuenta de tres celulares de esa empresa tenían como domicilio de cobro la Dirección de Narcocriminalidad de Lomas, donde trabajaban los policías implicados. Pero la repercusión judicial de este conflictivo segmento de la seguridad no ocupa sólo a la Justicia Penal. Prueba de ello es que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil condenó recientemente a un local bailable a indemnizar a un cliente con la suma de 3.050 pesos por las lesiones que sufrió cuando fue agredido por personal que estaba encargado de controlar la seguridad. Dijo entonces la Cámara que hay responsabilidad del principal por los hechos de sus dependientes, ya que son ellos quienes recurren a los denominados patovicas, “... contratados por los dueños de los establecimientos bailables y, con su complacencia o siguiendo sus expresas directivas, hacen un auténtico trabajo sucio, al servicio de la discriminación y de la intimidación a través de la violencia”. Mediante un excelente trabajo de investigación periodística de la agencia Viedma del diario de “Río Negro”, sabemos que los vigiladores privados aumentaron más de un 50% en Río Negro durante el último año. Son 30 las empresas actualmente habilitadas, 522 sus agentes y 23 los vigiladores que trabajan individualmente. Según la fuente mencionada, 214 sitios son objeto de custodia privada en la provincia. Los vecinos de Bariloche resultan los más afines a sus servicios y son 68 los lugares bajo esta modalidad de control. Lo siguen Roca y Cipolletti con una treintena y Viedma con 16. La seguridad privada constituye un sector de la economía de servicios que no ha detenido su crecimiento en la última década. No solamente en nuestro país, sino también en el resto de la región y del continente. Las causas son variadas y deben ser buscadas en las particularidades de cada uno de esos entramados sociales. Lo que está claro, sin embargo, es su resistencia a ser permeados por la lógica del control republicano. Permanecen aún en el límite que media entre legalidad e ilegalidad, mal supervisados por la autoridad de aplicación y, en ciertos casos, todavía sin marco legal que los condicione y les imponga obligaciones taxativas. Nuestro país, que acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Bulacio” tras una larga serie de actos fallidos e inacciones a cargo del Estado, no debería darse el lujo de mantener vivas a estas zonas de dubitada legitimidad democrática.
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