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Jueves 2 de octubre de 2003 | |
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La Corte Suprema:
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Por Jorge Horacio Gentile |
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| La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el más alto tribunal de la República, la máxima instancia jurisdiccional que garantiza los derechos constitucionales y controla el proceso político, el intérprete final de la Constitución y el custodio de su supremacía. Los hitos principales de su historia son: -1853. La Constitución, dictada el 1° de Mayo, creó la Corte Suprema, integrada por nueve jueces y dos fiscales, designados por el presidente con acuerdo del Senado. -1854. El presidente Justo José de Urquiza designó a los integrantes de la Corte Suprema, entre los que estaban Facundo Zuviría y Martín Zapata, pero nunca asumieron. -1860. Se reformó la Constitución y se dejó que la ley fijara el número de jueces de la Corte. El 30 de octubre el presidente Santiago Derqui dejó sin efecto aquellos nombramientos. -1862. La ley 27 estableció que la Corte se componía de cinco ministros. -1863. El 15 de enero asumió, con sede en Buenos Aires, la primera Corte, presidida por Francisco de las Carreras, designado por el presidente de la Nación. -1930. Por acordada del 10 de setiembre resolvió “acusar recibo” y reconocer el gobierno de facto del general José Félix Uriburu. El presidente de la Corte por primera vez fue designado por el Cuerpo, lo que fue ratificado por el presidente Agustín P. Justo. -1943. El 7 de junio reiteró la acordada de 1930, convalidando al nuevo gobierno de facto. -1946. Se inició juicio político a cuatro jueces de la Corte (uno renunció) y al procurador general por haber dictado las acordadas de 1930 y 1943, que convalidaron los gobiernos de facto, y por haber limitado el accionar del último de ellos. No se le hizo juicio político al entonces presidente constitucional, Juan Domingo Perón, vicepresidente en el último gobierno militar, ni a Tomás Casares, juez de la Corte, nombrado por dicho gobierno. -1947. El 30 de abril el Senado destituyó a tres ministros y al procurador de la Corte y se designó a otros adictos a Perón. En su reglamento se consagró que el presidente de la Corte es nombrado por la misma cada tres años y es reelegible. -1955. La “revolución libertadora” destituyó la Corte, nombró a otra y declaró “nulas y sin ningún efecto” a 12 acordadas (de 1952 a 1955) de adhesión al gobierno de Perón. -1958. La ley 15.271 aumentó a siete el número de miembros, lo que hizo renunciar al ministro Alfredo Orgaz por “cansancio moral”. -1966. El general Onganía destituyó la Corte y nombró otra de 5 jueces (ley 16.895). -1970. Se designó juez de la Corte a Margarita Argúas, la única mujer que la integró. -1973. Renunciaron los jueces del alto tribunal y el gobierno ‘de jure’ designó una nueva Corte. -1976. El golpe militar del 24 de marzo destituyó la Corte y nombró a otros miembros. -1983. Raúl Alfonsín designó una nueva Corte, ante la renuncia de sus integrantes. -1985. Se establece que el Cuerpo designa un ministro decano, sustituto de su presidente. -1988. Se reemplaza al ministro decano por el cargo de vicepresidente de la Corte. -1989. La acordada N° 44 (22 de setiembre) se opuso a aumentar el número de ministros. -1990. La ley 23.774 lo aumentó a nueve miembros (gobierno de Menem), se formó la “mayoría automática” y se estableció el requisito de la “cuestión transcendente” para admitir los recursos de apelación y de queja (writ of certiorari). -1993. El Pacto de Olivos, de Menem y Alfonsín, hizo renunciar a la Corte a Mariano Cavagna Martínez y a Rodolfo Barra y se nombró a Guillermo López y Gustavo Bossert. -1994. La reforma constitucional estableció que el acuerdo del Senado en la designación de jueces de la Corte sería con dos tercios de votos, y se creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que presiden el presidente y vice de la Corte. -1995. La ley 24.463 estableció el recurso ordinario a la Corte en los juicios previsionales. -1997. Desestimó 2.170 recursos ordinarios, extraordinarios o de queja, y dictó 36.715 sentencias y autos interlocutorios, 31.055 previsionales y 5.660 de otras materias. -1998. Falló en 46.435 causas, la mayor cifra en su historia: 40.423 previsionales y 6.012 de otras materias. La Corte tenía ya 900 funcionarios y empleados (127 temporarios); 15 eran secretarios, con sueldos de camaristas, siete con funciones judiciales, un prosecretario y 82 secretarios letrados, con sueldos de jueces de primera instancia. -1999. Falló en 16.120 causas, 8.943 previsionales y 7.177 no previsionales, uno de éstos en favor de su ministro Santiago Fayt, que anuló un párrafo de la Constitución, modificada en 1994 (art. 99 inc. 4), que exigía un nuevo acuerdo para los jueces que tengan 75 años, fundado en que la ley no habilitó a la Convención a hacer esta reforma. -2002. Falló en el caso Smith del corralito (1 de febrero) y los “atrapados” iniciaron más de 150.000 amparos en el país. En contra de este fallo el gobierno impulsa el juicio político a todos los jueces de la Corte, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. Renunció Gustavo Bossert y lo reemplazó Juan Carlos Maqueda, presidente provisional del Senado. -2003. Resolvió el caso “Provincia de San Luis” sobre el corralito y cuando se anunció la sentencia del caso Lema -un ahorrista atrapado-, Gustavo Beliz y Néstor Kirchner atacaron a los miembros de la Corte y se intentaron juicios políticos a Santiago Fayt y Julio Nazareno, quien renunció, luego de un lamentable reportaje televisivo. Kirchner dictó el decreto 222/03 por el que se autolimita al designar a los jueces. Se inició juicio político a Eduardo Moliné O’ Connor, quien renunció a la vicepresidencia de la Corte, y la Cámara de Diputados le formó causa y lo acusó ante el Senado. Kirchner propuso designar en la Corte a Eugenio Raúl Zaffaroni y por el decreto 222 recibió más de 900 adhesiones e impugnaciones. El Senado trata en estos días su pliego. Algunas reflexiones para el mañana 1) La sociedad argentina reclama una Justicia independiente y más eficiente, pero los integrantes de la Corte actual están desprestigiados, aunque no lo esté la institución. 2) El ministro Roberto Lavagna resiste la jurisprudencia de los casos Smith y San Luis y no quiere que se falle en el caso Lema, postergando la solución del corralito. 3) El presidente Kirchner y el ministro Beliz presionan a los jueces de la Corte para que renuncien, comenzando por los “menemistas”, y quieren una nueva composición de una Corte más adicta. En Santa Cruz, cuando era gobernador, Kirchner aumentó el número de vocales del Tribunal Superior y consiguió una mayoría que le era favorable, con un presidente que había sido uno de sus ministros. 4) El candidato Zaffaroni, un penalista justicialista, que fue legislador del Frepaso y que apoya a Kirchner, es “abolicionista” del sistema penal vigente y fue objetado porque: a) Fue juez durante el Proceso militar y juró por el “estatuto de la revolución”. b) Escribió un libro sobre el Código de Justicia Militar y los tribunales militares, con un doctor Caballero, donde reconoce valor jurídico a los bandos militares. c) En 1988 la Corte le revocó dos fallos: uno que calificó de “enormidad jurídica”, y donde dijo que no había robo de un rodado estacionado en la calle, por ser una cosa abandonada; y otro porque declaró inconstitucional el art. 14 del Código Penal, por no otorgar libertad condicional a los reincidentes de delitos. d) En el 2000 declaró inconstitucional la punición del consumo de drogas por ser un acto privado, fuera del control del Estado. e) No denunció en su declaración jurada de bienes, cuando fue funcionario del gobierno de la Alianza, fondos en cuentas de bancos de Brasil, España y Suiza. 5) La acusación en el juicio político a Moliné O’Connor se fundó en: a) Hechos que nada tienen que ver con los verdaderos motivos por los que se lo quiere destituir, o sea por ser “menemistas”, cerebro de la “mayoría automática” o por los fallos del “corralito”, como ocurrió en 1947; b) Sentencias que han sido firmadas también por otros ministros o que confirman dictámenes o fallos de otros fiscales o jueces a los que no se los involucra en la acusación, lo que es discriminatorio; c) Criterios adoptados en fallos, lo que convierte al juicio político en una nueva instancia judicial; d) En el caso Leiva, donde se lo acusa de “mal desempeño” como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no como ministro de la Corte, lo que contradice el art. 24 de la ley 24.937, que fija un trámite distinto del juicio político. 6) El decreto 222 puso a disposición de la sociedad las propuestas presidenciales de designaciones en la Corte y exige a los candidatos declarar públicamente su currículum vitae y su estado patrimonial, lo que transparenta un trámite que siempre fue sigiloso, aunque no admite sugerir a otros. Obliga además, a declarar el nombre de los clientes, que el abogado propuesto atendió en los últimos ocho años e indicar los estudios jurídicos en que trabajó (esto no fue declarado por Zaffaroni), lo que atenta contra el secreto profesional y es discriminatorio. Desde 1994 la Comisión de Acuerdos del Senado hace audiencias públicas, lo que es saludable ya que se terminó con los acuerdos secretos, que magistralmente manejaba el senador Vicente Saadi, presidente de la misma, durante la época de Alfonsín. La independencia de la Corte, y la imparcialidad, honestidad e idoneidad de sus jueces, son indispensables para lograr la anhelada seguridad jurídica. (*) Profesor de Derecho Constitucional de las universidades Nacional y Católica de Córdoba. Ex diputado de la Nación. |
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