Domingo 19 de octubre de 2003 | ||
El caso Grassi se encamina al juicio oral La Cámara de Apelaciones de Morón rechazó un planteo de la defensa BUENOS AIRES (DyN) - La situación del sacerdote Julio César Grassi, acusado por corrupción de menores y abuso deshonesto, se complicó en las últimas horas a partir de una resolución de la Cámara de Apelaciones de Morón que dispuso elevar la causa a juicio oral y público por seis casos y no cuatro como estaba previsto inicialmente La resolución fue dispuesta por la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón, que además rechazó un último recurso presentado por la defensa del sacerdote destinado a postergar el juicio oral y solicitar un cambio en la calificación de la causa. Según fuentes allegadas a la investigación, en caso de que el tribunal encargado del juicio oral y público considere probadas las acusaciones, el sacerdote podría ser condenado a 25 años de prisión. La causa había sido elevada a juicio por cuatro hechos de corrupción de menores y abuso deshonesto en perjuicio de dos menores alojados en la Fundación Felices los Niños que presidía, identificados por los seudónimos de "Ezequiel" y "Gabriel" Pero la defensa del sacerdote había recurrido a la Cámara para solicitar la postergación del juicio para presentar más pruebas y pedir un cambio de calificación legal Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo por no ajustarse a las disposiciones legales y en cambio hizo lugar a una presentación de la querella encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego y la fiscal del caso, Rita Molina, para ampliar las denuncias. Uno de los hechos es por abuso deshonesto en perjuicio de Ezequiel -agravado por ser responsable de su educación-, que no había sido considerada totalmente acreditada en primera instancia. Y otro por amenazas que habría sufrido el joven para no contar los supuestos hechos de corrupción del que habría sido víctima Ahora, a la defensa de Grassi, le quedaría recurrir a la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires En tanto la causa fue nuevamente remitida a la jueza de Garantías Mónica López Osornio quien tendrá un plazo de diez días para elevarla a la Justicia Oral y una vez allí se definirá la fecha del juicio.
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