Es ley la compensación a bancos por $ 2.800 millones

Se compensa a los bancos por la pesificación e indexación asimétrica con un bono al 2013 por $ 2.800 millones y se elimina el CVS. Aprobaron además el proyecto que modifica el sistema de procedimiento tributario.

Los senadores avanzaron con las leyes económicas que reclama el gobierno.

El Senado convirtió anoche en ley el proyecto que compensa con 2.800 millones de pesos a los bancos por la pesificación asimétrica aplicada tras la devaluación. El proyecto deroga, además, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) a partir del primero de abril de 2004, como índice de actualización para préstamos.

La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría con los votos del PJ y la UCR, luego de un debate sin mayores sobresaltos. El senador justicialista Oscar Lamberto defendió la norma y dijo que ésta "no compensa a los bancos", sino que es "un subsidio" a los deudores que se vieron beneficiados por la aplicación del CVS, tras la pesificación de sus deudas.

El pago de la compensación lo realizará el Gobierno con bonos (Boden 2013) por hasta 2.800 millones pesos, por la diferencia en la aplicación del CVS y el CER sobre los depósitos a plazo fijo reprogramados .El CVS fue creado en octubre del año pasado para evitar que los créditos hipotecarios para vivienda única y familiar, los prendarios de hasta 30 mil pesos y los personales de hasta 12 mil pesos fueran indexados con la inflación.

Para justificar su aprobación, desde el Gobierno habían indicado que la iniciativa es un subsidio a deudores por ser los beneficiarios finales de los créditos en dólares que se pesificaron uno a uno. Así lo había manifestado el secretario de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur, en una visita que realizo al Congreso para respaldar el proyecto.

El Ministerio de Economía reglamentará el procedimiento de entrega de los Boden 2013, contemplando expresamente la participación de cada banco en la ampliación de la cartera de crédito al sector privado.

El Senado también convirtió en ley, por amplia mayoría, una modificación a la Ley de Procedimiento Tributario, el último capítulo del llamado paquete "antievasión" que diseño el Gobierno para combatir la evasión fiscal. En el recinto, el senador Jorge Capitanich (PJ-Chaco) defendió la iniciativa por el oficialismo, en tanto la norma fue cuestionada por el radical Raúl Baglini.

Baglini no dejó pasar la oportunidad, y atacó al Gobierno por endurecer las penas contra los evasores, pero paralelamente respaldar el nombramiento de Eugenio Zaffaroni como juez de la Corte Suprema, luego de recibir varias críticas por su situación impositiva. La iniciativa pretende perfeccionar los procedimientos en materia de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, y así mejor la recaudación del Tesoro Nacional.

También se amplían los poderes de la AFIP y se aumentan las presunciones respecto de diferencias patrimoniales no justificadas.

Si un contribuyente no tiene declarado en sus presentaciones cuentas que provengan de algún paraíso fiscal, la AFIP determinará que es un incremento en el patrimonio y deberá tributar bienes personales y ganancias. El proyecto aumenta el control y establece sanciones para evitar el actual uso generalizado de facturas apócrifas, estableciendo una responsabilidad solidaria para las personas que adquieran facturas ilegales.

Se incrementará, asimismo, en un 10% la sobretasa para diferentes casos de evasión al Impuesto a las Ganancias y se generaliza un aumento en las multas que pueda aplicar la AFIP. Con la sanción de estas leyes, el Congreso completó el paquete de medidas económicas que envió la gestión del presidente Kirchner para implementar sus políticas en este sector .

El Parlamento ya dio luz verde al proyecto que permitir al Poder Ejecutivo aumentar las tarifas y cedió al Gobierno los instrumentos para modificar el sistema financiero y la Carta Orgánica del Banco Central. También aprobó lo reclamado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de una modificación al Impuesto a las Ganancias para aumentar los controles sobre las empresas que exportan productos agrícolas. Sin bien alguna de las leyes fueron parte de la reforma económica que adelantó el Presidente al inicio de su mandato, otras fueron impulsadas por presión del FMI.

Desesperada acción de Lavagna por la deuda

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, pidió ayer a la sociedad que se ponga "unánimemente" detrás de la propuesta que hizo el gobierno a los acreedores de la deuda en default, por considerar que es la única manera de "atender las obligaciones" hacia adentro y afuera del país.

El ministro explicó que no se trata de "una cuestión política, de hombres o de partidos políticos, sino para que por una vez (Argentina) sea un país serio, que promete lo que puede cumplir, no que después promete y no cumple o que si efectivamente lo cumpliera implicaría después una crisis interna", dijo Lavagna.

Para la mayoría de los analistas, la cruzada que le propone Lavagna a la sociedad, carece de sentido. Quienes llevaron al país al borde de la quiebra no fue ciertamente el pueblo argentino sino los distintos gobiernos que, a partir de la década del ochenta, sostuvieron una política de endeudamiento que llevó al al país al colapso de fines del 2001. Por lo tanto mal se le puede pedir a la ciudadanía que acompañe una nueva arbitrariedad como es la quita del 75% de la deuda que tiene hoy el Estado con los acreedores.

El ministro también salió al cruce de informaciones que hablaban de quitas en la deuda del 92%. "Esto del 92 por ciento que ha salido en un medio de prensa son burdas mentiras. La propuesta es la misma desde que se hizo: es 75 por ciento, no es ni 92 ni 40", señaló. Para Lavagna, quienes hablan de una quita del 92% "quieren generar una situación de crisis, mientras que otros quieren presionar para que sean 40 ó 60" El funcionario insistió, intentando buscar consenso, que la pelea entre el gobierno y los acreedores no es "el punto central" sino "la posición de la sociedad argentina".

"No está en discusión si son 30 años, el 75% o cinco bonos, lo que está en discusión es si hay que generar un superávit de 3 puntos para pagar 3 puntos o si hay que generar el doble como quieren los acreedores, y si quieren general el doble quiere decir que todos los argentinos vamos a empeorar la situación, sobre todo los planes sociales".

Al respecto Lavagna enfatizó que "ésto el gobierno lo rechaza absolutamente" e insistió que "no nos vamos a mover del 3%" . Pero mientras el ministro insistía con su 'justa' propuesta, un grupo de ahorristas italianos obtuvo de la justicia de su país el bloqueo de 2,3 millones de dólares destinados a la Argentina a lo que se le sumó el juicio ganado por un ahorrista en Estados Unidos por un valor cercano a los 730 millones de dólares.

Según Lavagna, con el acuerdo de un superávit del 3% la Argentina podrá "pagar sin afectar el nivel de actividad interna, planes sociales y capacidad de obra pública". En ese sentido, Lavagna aseguró que la sociedad "ha sido muy sabia durante el último año y medio, cuando estábamos al frente de una disolución y hoy hay una situación muy distinta, (aunque) con muchos problemas para resolver". (DyN y Redacción Central)

Emergencia Económica

El proyecto del Poder Ejecutivo para prorrogar la ley de Emergencia Económica hasta el 31 de diciembre de 2004 tendrá dictamen de comisión el miércoles próximo, según decidió el oficialismo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

La iniciativa ingresó en la madrugada de ayer por Mesa de Entradas del cuerpo y el justicialismo intentó emitir despacho ayer mismo en la comisión de Presupuesto y Hacienda pero la resistencia de la oposición, que solicitó tiempo para conocer el texto, hizo que aceptara esperar una semana. El proyecto del PEN que lleva la firma del presidente Kirchner y el ministro Lavagna consta de seis artículos y sustituye el artículo 11 de la ley de emergencia pública votada por el Congreso en enero de 2002 y cuya vigencia vence a fin de año.

La prórroga propuesta por el Poder Ejecutivo incluye la delegación de facultades contemplada en el proyecto original y también, entonces, extiende la vigencia de la comisión bicameral de seguimiento de aplicación de la norma que creó el Parlamento pero hasta ahora no tuvo efectos prácticos. (DyN)