Advierten a firmas eléctricas por cortes

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, señaló que las advertencias por posibles cortes de energía lanzadas por las empresas "suenan más a amenazas que a una intención de colaborar". De esta manera el gobierno salió a contestar las posiciones empresarias que señalan que sin ajustes de tarifas no habrá inversiones.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró ayer que el gobierno espera que "no ocurran" cortes en el suministro eléctrico durante el verano y dijo que las "advertencias" lanzadas por las empresas eléctricas "suenan más a amenazas que a una intención de colaborar" para evitar que haya problema en la prestación del servicio.

El funcionario afirmó que desde el ámbito oficial "contamos que no ocurra" un colapso del sistema eléctrico durante la temporada estival y aseguró que "se trabaja en la revisión de los contratos"con las empresas eléctricas Fernández dijo suponer que se podrá "resolverlo en breve". Esta fue la respuesta dada por el funcionario tras ser consultado sobre el estado de las tratativas que realiza el gobierno y los operadores de los servicios públicos privatizados, sector desde donde advirtieron recientemente sobre la posibilidad de una "caída" del sistema por la falta de inversiones a raíz de la baja de las tarifas medidas en dólares.

"No creo que sea bueno que hagan ese tipo de advertencia porque suena más a amenaza que a intención de colaborar", dijo Fernández. De esta forma, el jefe de Gabinete salió al cruce de los temores expresados por directivos de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad por los "problemas" que podrían generarse en el sistema ante un verano caluroso.

Días atrás, Francisco Mezzadri, presidente de la Cámara Argentina de Inversiones en el Sector Eléctrico, señaló que "el gobierno desvía la atención de la discusión al decir que no se mueven las tarifas, cuando lo que está en juego es la confiabilidad del sistema". Según lo dicho por Mezzadri, "l Gobierno tiene la misma información que las compañías y sabe de las limitaciones del sistema". Un planteo similar también fue expresado por los máximos directivos de las empresas distribuidoras Edesur y Edenor del área metropolitana, entre ellos el gerente de la segunda empresa, José María Hidalgo, quien adujo que el gobierno y los grandes consumidores son los principales beneficiarios del actual cuadro tarifario.

Fernández dijo además que "en otras épocas se corregían las tarifas con prescindencia del cumplimiento de las pautas contractuales" concertadas entre el Estado y los consorcios privados, y señaló que "ahora revisamos todo y (esto) lleva tiempo". Agregó que el estudio de la situación de "63 concesiones demanda más tiempo de análisis: pero lo estamos haciendo".

El viernes licitarán corredores

El próximo viernes, 23 grupos se presentarán para obtener la concesión de seis corredores viales, en lo que se convertirá en la primera privatización dispuesta por el gobierno actual.

La versión que corrió el fin de semana pasado indicaba que diez de esos consorcios habrían sido ya descalificados por incumplimientos previos en contratos que ya habían suscripto con el Estado. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, dijo ayer desconocer el número de concesionarios aspirantes a obtener licencias para operar seis corredores viales que pudieran ser descalificados, aunque ratificó que no se admitirá a los que están cuestionados por incumplimientos contractuales previos. Consultado sobre si es verdad que diez de los grupos que se presentarían al concurso serían descalificados por ese motivo, el funcionario respondió: "No lo sé, porque no conozco quiénes se van a presentar".

Por su parte, el Comité de Defensa de los Usuarios Viales criticó la decisión adoptada por el gobierno de Néstor Kirchner de promover una nueva licitación del sistema de corredores viales por peajes, por considerar que el método utilizado para esa operación tiene "falta de transparencia" y es "técnicamente impracticable". Además, acusó a Kirchner y al ministro de Planificación, Julio de Vido, de tener una actitud "autoritaria y antidemocrática" por no haber respondido a numerosos pedidos de audiencia que le efectuaron. (DyN)