Martes 9 de setiembre de 2003

Impondrán severa sanción a un productor forestal de Bariloche

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El propietario de un emprendimiento forestal de esta ciudad que hace años se niega a realizar el mantenimiento y raleo de su plantación será obligado por la dirección de Bosques a afrontar el costo de esas tareas, cuya ejecución será encarada con personal provincial.

La forestación de pinos de las especies Ponderosa y Murrayana bordea por el sudeste el barrio El Pilar y tiene una extensión de 200 hectáreas. El pésimo estado de la plantación genera un riesgo permanente de incendios y ésa es la principal causa invocada por la autoridad provincial para forzar una solución.

El delegado local del Servicio Fores-tal Andino, Germán Fritz, aseguró que es la primera vez que se aplica una sanción de ese tipo y confió en que servirá de advertencia a otros productores forestales.

El dueño de los pinares semiabandonados es Oscar Rolando Rivelli, quien vive en Buenos Aires y, según las autoridades, desde hace años recibe notificaciones de la provincia para que realice trabajos de mantenimiento y limpieza, pero siempre desestimó los reclamos.

Pese a ello, el productor forestal sí se interesó periódicamente en gestionar la certificación necesaria para obtener la eximición del impuesto inmobiliario, que la ley provincial 757 le concede a las plantaciones forestales.

La semana pasada la dirección de Bosques intimó a Rivelli mediante un e-dicto para que "en un plazo de 10 días presente un plan de tareas silviculturales en el predio de su propiedad, bajo apercibimiento de ejecutar los trabajos por me-dio del SPLIF con cargo al propietario y aplicar las sanciones pecuniarias".

Fritz explicó que las tareas de control de plagas, poda, raleo y apertura de cortafuegos son obligatorias en todo emprendimiento forestal. Sostuvo que la ley del SPLIF estableció sanciones para los infractores, entre las que incluye la ejecución compulsiva de los trabajos por parte del Estado con cargo al propietario.

El funcionario señaló que "la conciencia sobre este tema se instaló fuertemente luego del incendio en la estancia San Ramón", que en enero de 1999 destruyó cientos de hectáreas de coníferas.

Desde entonces el SFA propuso modificaciones reglamentarias para conseguir que los forestadores cumplan con las exigencias de manejo y planteó la posibilidad de presentar un amparo en defensa de derechos colectivos para conseguir que se respeten las normas.

Según Fritz, en el caso de Rivelli "el Estado ya lleva gastado mucho dinero, porque hubo veranos en los que el SPLIF tuvo que instalar allí una brigada permanente de bomberos forestales" para controlar los focos de incendio en su fase inicial e impedir que se desarrollen. De tomar envergadura, un siniestro de este tipo podría tener serias consecuencias para los vecinos del barrio El Pilar.

La tarea tiene un costo cercano a 500 pesos por hectárea, de modo que el propietario de la forestación quedará obligado a desembolsar unos 100 mil pesos.

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