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Irán eliminando las quitas salariales

El gobernador Pablo Verani ratificó ayer que la recomposición salarial será progresiva con el objetivo final de la suspensión de las quitas salariales Desestimó así un análisis de Economía que prevé sólo un incremento para los haberes inferiores frente a las acotadas posibilidades financieras que Río Negro dispondrá en los próximos meses.

La provincia completará en octubre el aguinaldo pendiente del año pasado y cancelará totalmente esas obligaciones salariales. Ya en noviembre, según el compromiso gubernamental, Río Negro deberá aplicar algún incremento en los haberes públicos.

Siempre el gobierno se mostró cauteloso con esa determinación. En los últimos días, Economía estimó que no habrá suficiente disponibilidad para un aumento a todos los empleados públicos, por lo que reconoció que estudia una suba para los haberes mínimos.

Frente a esta consulta, Verani fue contundente en rechazar esa alternativa. "No se está pensando en aumentar el sueldo mínimo sino que progresivamente se irán eliminando los actuales descuentos".

El mandatario insistió que se analiza "la paulatina anulación de las quitas salariales en las etapas que podamos. Pero no se está pensando en aumentar el sueldo mínimo".

Reconoció que el tema se estudiará en los "próximos 15 días para luego decir por dónde va a pasar la recuperación segura y paulatina del sueldo. Por lo menos, ese es el criterio".

Mientras tanto, Verani admitió que la cuestión será progresiva, lo que requerirá acordar el mecanismo con el gobernador electo, Miguel Saiz. "Sería muy fácil para mí aumentar el 25 por ciento e irme el 10 de diciembre. Pero, yo no haría una cosa de esas", remarcó.

Las reducciones salariales

Los agentes públicos rionegrinos afrontaron dos reducciones salariales. Verani pretende irse con la eliminación de alguna de esas quitas que implementó por la Ley N 2.989 y el decreto N 5/97, cuya decisión fue incluso acompañada por la seccional Río Negro de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). La primera -que se aplica desde 1996- constituyó una baja progresiva, que promedia un 15 por ciento. La segunda -que se implementó en 1997- fue de un 10 por ciento Sólo la suspensión de la última reducción exigirá una disponibilidad anual de 35 millones o algo más de 2,5 millones por mes. Una opción todavía lejana de los recursos provinciales. (AV)

"Mirá cómo tiemblo"

"Mirá cómo tiemblo". Así reaccionó inicialmente el gobernador Verani cuando ayer se lo consultó por el pedido de juicio político del juez Juan Bernardi. Luego, entendió que la cuestión "es judicial y legislativa", al tiempo que desestimó una presentación espontánea en el Juzgado porque dijo desconocer totalmente el tema investigado.

De esta manera, el mandatario hizo referencia a la solicitud del juez Bernardi a la Legislatura de un juicio político para poder indagarlo en la operación de venta de regalías hidroeléctricas. El jueves, la Comisión de Juicio Político abordará ese pedido del magistrado, quien ya procesó en la misma causa al ex ministro Horacio Jouliá.

Verani resaltó que "me parece que es un tema judicial y legislativo. Si se habla de la división de poderes y respeto a los jueces. Yo quiero quedarme dentro de esa línea a pesar de que no todos lo hacen. Hay muchos que cruzan esa línea y muchos jueces que opinan públicamente".

Además, insistió en que "hay gente que se olvida de que cobraron sus sueldos mientras que cuando llegamos al Poder se bajaron los intereses del 22 al 10 por ciento y que no se pagaron más comisiones de los créditos. Pasa que algunos jueces te investigan y parece que cuanto más cerca de irte del gobierno..., mejor".

Mientras tanto, el gobernador afirmó que no concurrirá voluntariamente a los tribunales como lo hizo en 1996 ante la Justicia Federal por la incautación del Tesoro Regional. Afirmó que los temas son muy diferentes, pues en lo del Tesoro aclaró que refrendo un decreto/ley donde no se manifiesta voluntad mientras que en las regalías "es un asunto que no tengo ni la más mínima idea de lo que se trata".

Por otra parte, el pedido de Bernardi a la Legislatura está centralizado en la figura de Verani. Vale la aclaración porque ayer se informó erróneamente que el planteo alcanzaba al ministro de Economía, José Luis Rodríguez y cinco miembros de los órganos de control: el Contador General, Guillermo León, el fiscal de Estado adjunto, Eduardo Martirena y los integrantes del Tribunal de Cuentas: Pedro Funes, Pedro Casariego y Rubén Gianni. Esta confusión se originó porque estos funcionarios fueron incluidos en las objeciones de la Comisión Legislativa (AV)

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