Defensores de imputados en la causa de Lotería fundaron apelaciones

Ahora la Cámara de Apelaciones tiene 16 días para resolver si confirma los procesamientos dictados por Bustamante

VIEDMA (AV)- Los defensores de los cuatro imputados por las presuntas coimas en contratos con la Lotería fundamentaron las apelaciones contra los procesamientos dictados.

Ahora la Cámara de Apelaciones integrada para este caso por los jueces Liliana Piccinini, Ernesto Rodríguez y Ricardo Rodríguez Aguirrezabala tiene 16 días hábiles para resolver si confirma los procesamientos dictados por el juez penal Jorge Bustamente o los revoca, y también deberá expedirse respecto de la prisión preventiva en suspenso dispuesta por el mismo juez contra el presidente de Lotería de Río Negro, Miguel Irigoyen.

A este funcionario se le imputa "cohecho en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público". El primero de los delitos está vinculado a la acusación de que Tecno Acción consiguió contratos indebidos con el Estado. El defensor oficial César Gutiérrez Elcaras fundamentó que a Irigoyen se le imputa que desde mayo de 2000 hasta noviembre de 2001 habría cobrado continuamente un dinero ilícito a cambio de que Tecno Acción obtuviera esos contratos. En este sentido dijo que el último contrato que existió entre esa firma y Altec fue en 1999 y que con Lotería no contrató nunca, refutando los argumentos del procesamiento. Agregó que el contrato que firmó en 1998 Irigoyen por Lotería con Altec fue en el marco de la ley y "contó con el asesoramiento de Fiscalía de Estado".

Sobre la imputación a Irigoyen respecto del pago de una suma de dinero de parte de Casinos Río Negro, a través de Albany Trade, por los incumplimientos, el defensor fundamentó que ese contrato Albany lo firmó con Varsa y no con Casinos Río Negro, que es una persona jurídica distinta, y agregó que Varsa "no incumplió jamás" el contrato con Lotería sino que fue Casinos -de la cual el 90% de las acciones es de Varsa-.

Por su parte el abogado Manuel Maza junto con Mariano Cúneo Libarona y en defensa del exconcesionario del juego en Río Negro y propietario de Varsa, Carlos Ferrari, pidió la nulidad de las actuaciones. Al empresario se le imputa "fraude en perjuicio de la administración pública". La defensa atacó las pruebas colectadas por no surgir de ellas -a su juicio- un sustento para sostener esa imputación y planteó que a Ferrari "no se le respetó el derecho de defensa al no permitírsele ver las pruebas en su contra antes de ser indagado". Consideraron "errónea" la calificación legal, estimando un "disparate" el concurso del delito imputado, entre otros cuestinamientos.

En defensa del imputado Horacio Ranucci, procesado como partícipe necesario de "cohecho pasivo y fraude a la administración pública", Alejandro Platino planteó la nulidad del procesamiento fundando que uno de los motivos de la acusación al imputado se basan en sus propios dichos cuando declaró como testigo. Además refutó la acusación por ser funcionario público, indicando que Ranucci es mayordomo de la residencia del gobernador. Además sostuvo que no se reúnen los requisitos exigidos por la Ley para considerarlo partícipe necesario de los ilícitos.

En representación del presidente de Tecno Acción, César Luis Ramírez Rojas, los abogados Juan Carlos Chirinos y Hugo Lapadat, además de formular planteos de forma en el procesamiento por "fraude a la administración pública" contra el empresario, objetaron algunos hechos.

Calificaron la resolución de Bustamante como arbitraria e incongruente, advirtiendo que se violó el derecho de defensa por cuestiones formales y errores en la apreciación de los hechos y sus consecuencias. Fundamentaron que la relación de Tecno Acción con Altec "nada tiene que ver con los contratos con Lotería. El juez procesó por esa vinculación y no por hechos objetivos", sostuvo Lapadat.