Viernes 26 de setiembre de 2003

Postergan pedido de juicio político a Verani

Bernardi quiere indagarlo por la venta anticipada de regalías.

Una comisión investigadora señaló perjuicio al erario público.

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La comisión de la Sala Acusadora, presidida por Fernando Chironi, se reunió ayer pero dilató el análisis hasta el jueves próximo.

El requerimiento del juez será analizado el jueves próximo.

VIEDMA (AV)- El próximo jueves se resolverá si se avanza o se rechaza el juicio político al gobernador, Pablo Verani, solicitado por el juez Penal de Viedma Juan Bernardi en relación con la causa que investiga presuntos ilícitos en la venta anticipada de regalías hidroeléctricas realizada hace unos años por el gobierno Los legisladores integrantes de la comisión de la Sala Acusadora se reunieron en la tarde de ayer para recibir las actuaciones enviadas por el juez Bernardi.

En la oportunidad se resolvió convocar para el mediodía del próximo jueves para resolver el pedido formulado por el magistrado. Fue un trámite breve y habitual en este tipo de casos, sostuvo el presidente de la comisión, Fernando Chironi.

Además del citado legislador radical, integran este cuerpo los diputados de esa bancada Víctor Hugo Medina y el gobernador electo Miguel Saiz, quien ayer fue reemplazado por la también veranista roquense María Inés García. El justicialismo está representado por los diputados Javier Iud y Vita Bucci.

El gobernador Pablo Verani, quien retomará hoy la conducción del Ejecutivo rionegrino, sostuvo a través de declaraciones distribuidas por Prensa del gobierno que el juez Bernardi "se ha equivocado al hacer un pedido de juicio político contra mi persona", puntualizando que "para qué lo pide de nuevo si ya ha sido rechazado por la Legislatura".

En declaraciones formuladas desde España, donde se reunió con representantes de entes oficiales y grupos empresarios, el mandatario consideró que "parece ser que el juez Bernardi tiene ganas de seguir saliendo en los diarios" Estimó que ante este pedido del magistrado "seguramente los legisladores lo van a rechazar porque ya lo hicieron" y se preguntó "¿cuál es el sentido de insistir?. Sinceramente no lo entiendo pero si tiene ganas de ganar notoriedad en función de eso, que lo haga".

Respecto de la presunta venta irregular de las regalías, tema por el que Bernardi intenta indagarlo, el gobernador aseguró que el convenio que habilitó la cesión de regalías en 1.996 fue ratificado "por los organismos de control. Además pasó a la secretaría de Energía de la Nación y a Cammesa, quienes no se opusieron". Recordó que en abril de ese año "teníamos un estado de necesida económica infernal" y, sobre la venta, puntualizó que "en la provincia entraban ocho millones de pesos que junto con un crédito, podíamos pagar una masa salarial de 24 millones de pesos, cuando estábamos muy atrasados. Se debían ocho meses a los jubilados y cinco y medio a los empleados públicos. Ahora se olvidan de todo esto".

En el procesamiento dictado en esta causa contra el exministro Horacio Jouliá, el juez Bernardi interpretó que esa venta "tuvo varias irregularidades" que "indican seriamente que se trató de una maniobra ardidosa para perjudicar patrimonialmente al erario público, con el presunto beneficio económico para otros y una importante violación a las normas que imponían un procedimiento diferente". Tras señalar que la provincia cedió esas regalías a Energy Risk por un valor por debajo del precio de mercado, indicó el juez que las regalías estaban para garantía de préstamos financieros y el Ejecutivo no podía venderlas, además de ser necesaria una licitación pública para vender un bien del Estado.

Detalló que la operación fue pactada en 8 millones -aunque ingresaron sólo 7,4 millones- y determinó la cesión de Río Negro de regalías desde el 1/7/96 hasta el 22/07/98. Añadió que en esos casi 25 meses, el valor de la energía que correspondía a Río Negro "valorizadas en el mercado spot- acumularon la suma aproximada de 15.600.000 pesos, según la información de Cammesa".

Bernardi puntualizó que el expediente de venta fue iniciado en la secretaría de Estado de Jouliá "un ámbito administrativo ajeno e incompetente al manejo de fondos como las regalías hidroeléctricas. Ese expediente permite negociar una muy importante cantidad de dinero público sin ningún informe, estudio, dictamen, intervención previa de los organismos de control o de asesores del Estado".

Señaló como otra irregularidad que el inicio del expediente fue posterior a la firma de los convenios que "aparecen al sólo efecto de dictar el decreto ratificatorio y dar intervención" al ministerio de Economía que era "el único legalmente autorizado y que no tuvo participación sino hasta después de estar todo resuelto y que, además, tuvo que pedir informes para enterarse del cumplimiento del mismo".

 

Justicialistas defendieron el pedido del juez

VIEDMA (AV)- Los legisladores justicialistas se pronunciaron a favor del juicio político contra el gobernador, Pablo Verani. Tras participar ayer de la reunión de la comisión Sala Acusadora, los legisladores Javier Iud y Vita Bucci destacaron el pedido del juez penal Juan Bernardi, quien en uso de sus facultades y luego "de efectuar una exhaustiva investigación solicitó el juicio político del gobernador para recibir su declaración indagatoria". Agregaron que además que la comisión investigadora legislativa que analizó la venta anticipada de regalías hidroeléctricas a una empresa privada "fue contundente en señalar irregularidades y perjuicios patrimoniales al erario público, informe que forma parte de uno de los elementos de prueba que el juez ha merituado para efectuar el pedido", además de que en la investigación judicial "existen elementos más que suficientes".

Los diputados justicialistas consideraron que lo que le resta de mandato al gobernador "no es un elemento para tener en cuenta sino que, por el contrario, su puesta a disposición de la Justicia luego del proceso de juicio político, es una demostración a la sociedad de la independencia de poderes del Estado y que existe en Río Negro seguridad jurídica e igualdad ante la ley, premisas y valores que hoy reclama la ciudadanía".

 

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