Fallidas designaciones en la Cámara Penal

Un mes para pensarlo mejor

Un mes de debate se abrió el lunes tras el fracaso de la elección de los dos camaristas en la Sala B de la Cámara del Crimen.

El Consejo de la Magistratura -que integran jueces, legisladores y abogados- se reunirá el 22 de octubre para designar a dos miembros de otro tribunal penal, cuya integración se completará con el presidente de la Cámara Penal.

Ya ayer se advirtió que la discusión se centrará en el Colegio de Abogados, que anoche se reunió en la búsqueda de ampliar las consultas a sus 300 afiliados.

El retiro de los abogados -conjuntamente con igual decisión del presidente de la Cámara Penal, Eduardo Giménez- obligó a postergar la designación de los dos camaristas El Consejo lo preside Luis Lutz por el Superior Tribunal de Justicia y lo integran Giménez, tres representantes del Colegio de Abogados -Raúl Bruno, Marcelo Valverde y Rodolfo Cufré- y tres legisladores -los radicales Iván Lazzari y Noemí Sosa (suplente, pero reemplazate del gobernador electo, Miguel Saiz), y el justicialista Wálter Cortez.

El oficialismo ayer se guardó a silencio. Lazzari aseguró que "no vamos a hablar más con nadie. Sólo vamos a esperar para votar". Es todo un gesto de fastidio tras los compromisos iniciales que luego se volatilizaron en la sesión. El legislador no avanzó pero el malestar se direcciona hacia los abogados.

El Colegio y el oficialismo coinciden aún en el nombramiento de los camaristas: la jueza en lo Correccional, Liliana Piccinini -hermana de la secretaria de Trabajo y electa diputada del radicalismo, Ana Piccinini- y el juez penal, Jorge Bustamante. Esos votos serían suficientes, pero es cierto que la demora abre una imprevista discusión política siempre de difícil resolución.

La designación de Piccinini parece un hecho. En cambio, la elección de Bustamante se prevé más traumática. No faltan razones La Cámara Penal es la más crítica, posición que mantiene desde hace tiempo en revocatorias y también planteos al accionar del juez. Uno de ellos determinó que el mismo Consejo de la Magistratura pidiera una sanción para Bustamante que no se transformó en enjuiciamiento por la voluntad del Procurador General, Hugo Mántaras.

Un crítico consejero, pero dispuesto a votar a Bustamante, aportó un análisis curioso: "Para sacar a un juez, se lo enjuicia o se lo asciende. Fue un error de Mántaras de no enjuiciarlo, entonces hay que ascenderlo".

Esa dura reflexión denota atención especial sobre los jueces penales. El presidente del Colegio de Abogados, Ariel Gallinger, también se ocupó de las designaciones de los magistrados que eventualmente cubran las vacantes que se originen si Bustamante va a la Cámara o, como es otra posibilidad, si Juan Bernardi pasa al Correcional (otra candidata a reemplazar a Piccinini es la fiscal Daniela Zágari).

"Un juez penal en Viedma es tan importante como un camarista, pues no sólo te mete preso, sino que además investigará las denuncias contra la administración pública" Así explicó Gallinger la preocupación gubernamental.

Los inscriptos para jueces penales son Carlos Reussi -secretario en la Justicia Federal y yerno del ministro Esteban Rodrigo-, Pedro Funes -miembro del cuestionado Tribunal de Cuentas-, Marcelo Chironi -secretario penal y hermano de los legisladores- y el defensor oficial, César Gutiérrez Elcaras.

El oficialismo y el STJ ofrecieron -en un cuarto intermedio- al Colegio elegir a los camaristas y postergar la de los jueces penales, incluso reabrir la inscripción de candidatos.

Esa opción no prosperó por la deserción de los abogados. Esta actitud de los profesionales -hasta ahora- se explica esencialmente en el temor a su frente interno.

Este plazo igualmente abre una alentadora discusión de las condiciones de los jueces La celeridad reclamada por el STJ y el oficialismo -que denota críticas al Colegio- bien se diluye frente a la necesaria responsabilidad de las designaciones judiciales, que conllevan nombramientos de por vida. Salvo su renuncia o, como sinceró un consejero, su exclusión por "enjuiciamiento o ascenso". (AV)

El trabajo de los camaristas

Con la designación de dos nuevos jueces la Cámara del Crimen de Viedma ampliará a cinco el número de sus integrantes En forma indistinta y que quedará sujeta a la definición de un reglamento interno, dos de los camaristas tendrán a su cargo la resolución de las apelaciones que se planteen contra causas que se tramitan en los juzgados y penales, mientras que otros dos jueces formarán parte del Tribunal de juicio. El presidente será común para las apelaciones y los juicios.

No obstante los magistrados que resuelvan apelaciones en una causa determinada no podrán participar del juicio de ese mismo expediente.

Estas dos designaciones de camaristas se solucionarán los inconvenientes que se padecen en el fuero penal de Viedma desde hace años.

Cuando la causa que investiga presuntas irregularidades en el ex Banco Provincia de Río Negro llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de no tener sentencia firme sino de estar a un paso del juicio, el máximo cuerpo judicial del país desplazó al Tribunal de Juicio y ordenó que se designara uno nuevo.

El fundamento de esta resolución que postergó varios años aquel juicio que estaba por comenzar -la causa ya lleva 14 años de investigación- fue que los jueces de ese Tribunal no podían intervenir en el juicio porque habían resuelto apelaciones en ese mismo expediente.

Esta interpretación debió ser aplicada al resto de las causas y hasta el momento camaristas subrogantes resuelven apelaciones, generando ello un recargo en el trabajo de magistrados de otros fueros.