Aumentó 50% el número de vigiladores privados

En Río Negro, ya suman 600 los empleados.

En total están habilitadas 30 empresas.

El aumento en el número de agencias de seguridad es un fenómeno que se da en todo el país.

Los vigiladores privados aumentaron en Río Negro más de un 50% en el último año.

En el registro oficial ya se inscribieron 600 uniformados de agencias privadas de seguridad o custodios individuales, mientras que en enero de 2002 existían 390 habilitados.

En tanto, transcurrió un año y medio pero todavía no está en vigencia la ley que regula a las agencias privadas en Río Negro, debido a que el Poder Ejecutivo no reglamentó su aplicación.

No hay demasiadas razones para la demora, salvo observaciones a los cambios que prevé la legislación aprobada en febrero del año pasado. Por ejemplo, el control y la supervisión de las agencias de seguridad se asigna a la secretaría de Seguridad, desplazando así el esquema y la facultad que actualmente mantiene la Dirección de Seguridad de la Policía provincial.

Hace algunas semanas el gobierno provincial elevó un informe a la Legislatura en respuesta a la solicitud de detalles de las agencias de seguridad habilitadas, con sus agentes inscriptos.

La nomina menciona a 30 agencias, de las cuales siete fueron habilitadas durante el 2003. El informe también precisa la autorización de 23 vigiladores que trabajan individualmente Además, la Policía rionegrina tiene registrados 522 agentes de las agencias de seguridad. Un dato importante: este año se habilitaron 165 uniformados. Creció u tercio.

Ambas listas totalizan 545 vigiladores. Pero, el viernes pasado, la Policía actualizó ese registro ante "Río Negro" y adelantó que ya se superan los 600 habilitados.

La evolución de estas agencias es un fenómeno en el país de los últimos años. Martín Lozada -autor del libro "seguridad privada"- afirmó que el asesinato del fotógrafo de José Luis Cabezas "abrió un capítulo especial para su comprensión. Inicialmente, la seguridad privada fue un refugio para quienes habían integrado la fuerza de seguridad del Estado y que, por un motivo u otro, ya no formaban parte de las mismas. En esa población, hubo muchos exo

nerados de esas fuerzas por la comisión de delitos dolosos y aun por violaciones a los derechos humanos. En este sentido, es posible objetar su inicial conformación".

También en Río Negro se alistaron ex uniformados con antecedentes de los más variados y cuestionados. Por eso en febrero de 2002, a partir de un proyecto de Eduardo Chironi, la Legislatura aprobó el marco regulatorio, confirmando que "los vigiladores o custodios deberán poseer un certificado de aptitud psicofísica" pero además no encontrarse registrados en la subsecretaría de Derechos Humanos o en la Conadep por graves violaciones a los derechos humanos y no haber sido condenados por la comisión de un delito doloso".

También se excluyen a los exonerados de fuerzas de seguridad o que posean antecedentes en la administración pública que resulten incompatibles con las funciones a su cargo.

Un año y medio después de su aprobación, esa regulación todavía no está vigente en Río Negro.

Hasta ahora, la Policía mantiene la supervisión en base al viejo marco legal, que originó este año unas 25 san

ciones a las agencias, especialmente al detectar agentes que no disponen de la correspondiente habilitación oficial.

"La situación de abandono sufrido por las personas pueden justificar el abrazo a la solución privada", dice Lozada. "Pero, es importante ir un poco más allá y percibir que tanto en materia de seguridad lo que era hasta entonces un derecho luego de la privatización se convierte en un bien de mercado. Por lo tanto, habrá quienes gocen de seguridad y otros, seguramente los más carenciados, que no gocen de ella o al menos que no reciban un servicio adecuado". (AV)

Policía y control satelital

El Estado no se caracteriza -precisamente- por sus rápidas respuestas ante el avance privado.

En Río Negro no está vigente la regulación de las agencias de seguridad un año y medio después de su aprobación legislativa. Pero, mientras tanto, la Policía reconoce que se "abrió otro vacío legal" con el auge del control satelital de vigilancia privada, centralizado en Capital Federal.

Esa vigilancia se corresponde a los camiones o vehículos que son monitoreados por satélite por empresas de seguridad.

"Se establecen los recorridos según las coordenadas y se vigilan las unidades que cumplan efectivamente su camino. No sólo es un control ante eventuales ilícitos sino además es un seguimiento al comportamiento de los choferes", explicó un técnico en seguridad.

La Policía de Río Negro ya recepciona antecedentes de otras provincias -como en Buenos Aires y Córdoba- donde aquellas empresas privadas coparticipan o tienen aranceles del Estado, pues finalmente requieren de los servicios de los uniformados públicos. Ocurre que cuando se detecta un desvío de la unidad, los privados alertan a la Policía más cercana para contactar si existió algún ilícitos.

Aquí se recuerdan varios casos de despliegue policial que luego sólo se trataba de un cambio ocasional e imprevisto del recorrido del vehículo seguido por control satelital. (AV)

Custodian 68 lugares en Bariloche

Hay agencias que no registran vigiladores habilitados porque su contratación depende de los lugares que mantengan en custodia o, como llaman, "objetivos". Actualmente, las agencias acusan 214 objetivos en Río Negro, con un liderazgo abrumador de Bariloche donde se consignan 68 lugares con vigilancia privada. Lo siguen Roca y Cipolletti con una treintena y Viedma con 16.

Cada objetivo tiene un valor que depende de la cantidad de vigiladores, horario y característica del lugar.

La policía cobra por cada vigilador habilitado 22 pesos mensuales. Se asegura que el cumplimiento de las agencias es "muy bueno" por lo que los ingresos deben superar los 150 mil pesos anuales.

Las empresas explican su inclinación por las agencias privadas porque permiten un abaratamiento de costos y ofrecen mayores servicios. El vigilador no sólo custodia sino que ade-más orienta e informa a los clientes, así como puede cumplir tareas generales.

A mediados de 1998, la Policía rionegrina flexibilizó sus servicios adicionales para competir con los pares privados.

El decreto 682 aprobó el reglamento del policía adicional, estableciendo nueve opciones e incluso se prevé contratar a un policía por una hora y a un costo de 10 pesos.

Se incrementó el tradicional turno de los adicionales de cuatro a seis para reuniones públicas y se categorizó el cobro según se trate de custodias a locales, galerías, ferias, barrios o vigilancia nocturna.

En realidad, esa flexibilización posibilitó más participación de la Policía estatal pero igualmente no logró detener el avance de la similar privada. (AV)