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Llevarán a la Justicia a ex directivos de la CEB

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- A pesar de la cantidad de acusaciones que formularon cuando eran oposición, los actuales directivos de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche se abstuvieron hasta ahora de promover acciones judiciales por los supuestos delitos atribuidos a la administración anterior.

Tampoco los legisladores que investigaron a la Cooperativa durante casi dos años y elaboraron un informe lapidario sobre las irregularidades imputadas al ex presidente Leonardo de Ferrariis tomaron la iniciativa de enviar la documentación a la justicia.

La única causa penal originada en ese dictamen se abrió hace un par de meses por indicación expresa del procurador general de la provincia Hugo Mántaras y recayó en la fiscalía a cargo de Mirta Siedlecki. Pero hasta ahora las partes involucradas no tuvieron noticias sobre el avance del expediente.

Tanta pasividad llamó la atención de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), Comunidad del Limay y Fundación Huala, que el viernes último exigieron por nota al Consejo de Administración de la CEB que se presente "en calidad de querellante" ante el juzgado que tramita la causa.

Les advierten también que en caso de no tener respuesta positiva, "como socios y ciudadanos perjudicados por el accionar denunciado" se reservan el derecho de plantear a su vez otra demanda "tomando en cuenta la violación de la ley 20.337 de cooperativas y sus normas complementarias".

La CEB presenta un endeudamiento que ronda los 30 millones de pesos y debe mantener a pérdida varias sociedades anónimas que fueron creadas durante la gestión encabezada por De Ferrariis para incursionar en otros negocios y no dieron el resultado esperado.

Según Jorge Vienni, de la Comunidad del Limay, al consejo actual de la Cooperativa "se lo ve enfrascado en resolver una situación financiera crítica, sin comprobar antes si lo que se debe es legal o ilegal o si hay responsables que deben responder con su patrimonio" por las operaciones ruinosas.

Consultado por este diario, el presidente de la CEB, Roberto Ceaglio, aseguró que ya contrataron un estudio jurídico para que analice en detalle el informe de la Legislatura y luego se presentarán como querellantes "con elementos firmes y documentados". (ver aparte).

Esta nueva presión sobre la conducción de la CEB para que no haga la vista gorda sobre sus antecesores se suma a la propuesta formulada el me pasado por el abogado Ricardo Busso de cuestionar judicialmente la validez de las hipotecas que pesan sobre varios inmuebles de la Cooperativa.

A su vez, la exigencia de las ONG contribuye a calentar el clima previo a las elecciones del próximo sábado, en las que se renovará la totalidad del cuerpo de delegados y un tercio del Consejo de Administración.

Otro referente de la Comunidad del Limay, José Gámez, planteó que "exigiremos que las cuatro listas se presenten como querellantes" para revisar y llevar a la justicia las severas irregularidades imputadas a De Ferrariis y a los consejeros que durante años avalaron cada decisión.

Luego de escudriñar largamente los libros y contratos de la CEB, los legisladores determinaron que la gestión anterior "puso en riesgo la normal prestación del servicio eléctrico" al encarar otros negocios como la tevé por cable, internet, el saneamiento y los servicios de ingeniería.

El informe de más de 10 mil carillas que aprobó la Legislatura en junio pasado cuestionó severamente la toma de créditos millonarios y el manejo realizado con las SA creadas por De Ferrariis.

Describió también numerosos incumplimientos a la ley de cooperativas, violaciones del Estatuto de la propia CEB y certificó la existencia de al menos 131 actas oficiales del Consejo de Administración que jamás fueron aprobadas.

La misma comisión observó que los desmanejos se hubieran impedido si los organismos de control cumplían acabadamente con su función.

Por eso las ONG que pusieron atención en el tema también enviaron notas al DPA, al EPRE y a los entes nacional y provincial que fiscalizan a las cooperativas pidiéndoles explicación por las "gravísimas omisiones" que cometieron en la regulación y el control sobre la CEB.

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