La terminal en riesgo por un acuerdo de Quiroga

El intendente aprobó por decreto un convenio con una constructora diferente del avalado por el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante objeta el acuerdo entre Quiroga y la empresa constructora.

NEUQUEN (AN).- El intendente Horacio Quiroga aprobó por decreto un acuerdo con la empresa Sanandrés Rivas para construir la nueva terminal de ómnibus, pero el decreto no respeta una ordenanza y ahora los concejales exigen su anulación.

De esta irregularidad el intendente ya había sido advertido por los síndicos, quienes días atrás le recomendaron revocar el decreto. Incluso, su mano derecha en el Concejo Deliberante, el radical Carlos Vidal, le pidió personalmente que vuelva atrás el convenio de partes y acate la norma.

El norte de este cometido es que Quiroga retome la ordenanza original, la terminal se construya y la ciudad no pierda una inversión de 15.000.000 de pesos.

No es todo lo que argumentan los concejales. Con la documentación en la mano, los aristas Juan Dutto y Betty Kreitman advierten una "clara desviación de poder" y "falta de competencia" por parte del Ejecutivo.

"Ejerce facultades delegadas por la ordenanza con una finalidad distinta a la establecida" y "modifica la ordenanza a través del decreto ejerciendo facultades que no le son propias, beneficiando a la empresa", explica Dutto, convencido de que Quiroga tiene una sola opción: anula el decreto y respetar la ordenanza aprobada por unanimidad.

Para el frentista Carlos Di Camillo, el gobierno "tiene que explicar al cuerpo lo sucedido y anular el decreto", concuerda por separado.

El radical Carlos Vidal corroboró entre tanto que cuando los síndicos notificaron la irregularidad, solicitó al municipio la revisión del convenio.

Este diario intentó comunicarse telefónicamente con el jefe de gabinete a cargo del Ejecutivo, Fernando Gallo, pero no pudo ser ubicado.

El hecho que disparó esta enojosa situación se remonta al momento de la licitación. Un integrante el grupo triunfante en la compulsa -Sanandrés Rivas- entablaba un juicio porque la comuna exigía la restitución de un espacio verde.

Una norma prohíbe contratar los servicios de cualquier actor litigante, ante lo cual y antes de perder la obra millonaria, la fir-ma depuso el pleito.

Es así que el expediente desembarcó para su re-considera

ción en el Deliberante, que autorizó finalmente a Quiroga a suscribir el acuerdo de partes pero bajo un texto expreso que integró a la ordenanza como anexo.

A los pocos días el acuerdo fue firmado pero bajo un texto diferente, sin explicaciones mediante. Y el intendente lo ratificó por medio del decreto número 958, fechado el 11 de agosto pasado.

El acuerdo que plantea la ordenanza obliga a la empresa a deponer el juicio y sanea otras situaciones conflictivas, tal como la ocupación de un espacio verde, la tenencia de otros predios y la cesión de calles.

Sin embargo, varios de estos aspectos fueron obviados en el convenio firmado con el municipio. El producto resultante favorece a la firma.

Para la Sindicatura el decreto "está viciado de nulidad, toda vez que el acuerdo aprobado no da cumplimiento a la ordenanza" dictada.

"El municipio no está para ponerse de amigo o para ayudar a las empresas, también tiene que pensar en el interés de la comunidad", advierte Dutto, quien citó una lista larga de situaciones similares pasadas, algunas de las cuales fueron judicializadas pero "lamentablemente -dice- la justicia deja hacer...".