La ley de recompensa no seduce a la Justicia

Funcionarios judiciales advirtieron que el proyecto, tal como está planteado, viola el derecho constitucional de defensa

El fiscal de Cámara Ricardo Mendaña habla en la comisión de Asuntos Constitucionales.

NEUQUEN (AN).- El fiscal de Cámara Ricardo Mendaña y el defensor oficial de la Cámara de Zapala, Miguel Valero, plantearon ayer varias observaciones al proyecto de ley de recompensa que contempla pagar por la información que contribuya a esclarecer delitos complejos y de desaparición de personas Advirtieron que tal como está planteada la iniciativa con la reserva de identidad indefinida de la persona que aporta información quebranta el derecho constitucional de defensa y se mostraron preocupados porque puede generar un eventual circuito de venta de información. Por eso, convinieron que el proyecto necesita algunos ajustes Solicitaron apartar al juez de la causa de la comisión integrada además por el fiscal y representantes del ministerio de Gobierno, que deben evaluar si corresponde o no mantener la reserva de la identidad del informante y el pago respectivo de la recompensa si el dato sirve como elemento de prueba. Aunque para acceder a la recompensa la persona no debe haber participado del ilícito. Valero y Mendaña entienden que la participación del magistrado en esa instancia quebranta el principio de imparcialidad que asiste a todo ciudadano.

De todos modos, Mendaña consideró que "el proyecto es una iniciativa que en términos generales es viable, siempre y cuando esté en el contexto de un sistema de protección de testigos y no implique una violación de las garantías individuales". "Hay que evitar que el testigo sea victimizado por cooperar con la Justicia", enfatizó.

Mendaña y Valero participaron ayer por la mañana de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura que está abocada al estudio del proyecto de ley de recompensa. Esa iniciativa la promueve el legislador de la ortodoxia del MPN, Jorge Tobares, que se hizo eco del pedido que hizo días atrás el gobernador interino, Jorge Sapag, y la subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Justicia, Alicia Comelli, para facilitar el trabajo de los investigadores que tienen en su manos el caso del estudiante universitario, Sergio Avalos. El joven desapareció el pasado 14 de junio y ni la Justicia, ni la Policía tienen indicios de su paradero.

Tobares defendió el proyecto y se mostró de acuerdo en modificarlo a partir de las sugerencias de Mendaña y Valero. Afirmó que el objetivo es proveer de una herramienta más a los investigadores, cuando los métodos convencionales no dan resultados.

Los funcionarios judiciales dudaron de la eficacia de una ley de recompensa para "romper la cadena de silencio" cuando se trata de casos que tienen conmoción social, pero tampoco pudieron ponerse de acuerdo con los diputados sobre hechos delictivos incluídos en esa categoría.

Valero dijo que los antecedentes no son buenos, y mencionó como ejemplo los casos de la AMIA, José Luis Cabezas y los Triple Crimen de Cipolletti donde no se han producido avances a pesar de la vigencia de esa figura legal.

Valero propuso que si se quiere dar respuesta al caso Avalos se puede instrumentar por decreto un fondo de recompensa que no provocaría inconvenientes procesales.

ATE cuestiona decisiones en materia de salud pública

NEUQUEN (AN).- El gremio estatal atribuyó negligencia a la administración de Jorge Sobisch a raíz del incendio del hospital de Piedra del Aguila que concluyó con una víctima fatal y criticó la decisión de los concejales de San Martín de los Andes de imponer una tasa para subvencionar el funcionamiento normal del nosocomio de esa ciudad.

La Asociación de Trabajadores del Estado indicó que el edificio del hospital incendiado fue donado por una empresa y es del mismo material del "desaparecido Hospital Integral de Plottier", un establecimiento privado. En un comunicado de prensa firmado por Hugo Carballo y el secretario gremial del sindicato, Norberto Divorno, considera "irresponsables" a las autoridades provinciales, que "seguramente no se hacen problemas por las vidas que se pierden".

Además, indicaron que las indemnizaciones correspondientes a las víctimas del siniestro recaerán "sobre el pueblo neuquino".

En relación con la iniciativa de los ediles de San Martín de los Andes, ATE indicó que se debería exigir mayor presupuesto y no "intentar que el pueblo siga pagando por los errores de las autoridades". Ambas situaciones representan, según el gremio, "un paso más para la instrumentación del hospital autogestionado" que implica la descentralización del sistema público de salud.

ATE indicó que se debe mantener la política de establecimiento "público, gratuito y solidario", tal como se defendió "en las comunidades de Loncopué, Junín de los Andes, Zapala, Cutral Co y Centenario, entre otras".