Ratifican los aranceles para los juzgados de Paz

El STJ ratificó la acordada, que larga en noviembre. Muchos trámites resultarán mucho más costosos.

La actividad en los juzgados de Paz disminuyó desde que se anunció el arancelamiento para diferentes trámites.

El Superior Tribunal de Justicia rionegrino resolvió finalmente el nuevo esquema del cobro de trámites en los juzgados de paz de la provincia, estableciendo montos por kilómetros recorridos desde la sede judicial y asignando a la parte interesada el traslado del notificante.

Hace más de un año, la Justicia comenzó con este arancelamiento para reducir los trámites en los juzgados de Paz. Su aplicación parcial derivó en una baja importante de atención al público, según admiten fuentes judiciales.

En principio, algunos cobros aplicados originaron quejas, razón por la cual en ese momento el Superior Tribunal de Justicia resolvió -provisoriamente- suspender parte de la vigencia de la Acordada 06/2003.

Ahora, la Acordada 70 reconsidera los aranceles y establece un esquema para aplicar desde noviembre próximo.

El mismo reitera un cobro de 10 pesos por diligencias de mandamientos en el radio urbano del juzgado de Paz. El costo menor corresponde a los trámites de "cédulas de notificación" que asciende a los 5 pesos.

En cambio, la mayor modificación se establece en los mandamientos "fuera del radio urbano del juzgado", se trate de las solicitudes de Río Negro u otras provincias. En este último caso, la diligencia tiene un costo adicional de 15 pesos. Sin embargo, ambas notificaciones tienen un valor según los kilómetros desde el juzgado al lugar de notificación, que oscila entre los 20 pesos (menos de 50 kilómetros) hasta los 60 pesos (llegando a los 110 kilómetros), con un intermedio de 40 pesos (entre los 51 y 100 kilómetros). En caso de las cédulas de notificaciones, el costo baja a la mitad.

Pero además de ese pago la Acordada ratifica que "la parte interesada deberá tomar a su cargo o poner a disposición una movilidad".

Menos trámites

En los juzgados de Paz reconocen que la inicial aplicación de los aranceles ya determinó una gran baja de los trámites, especialmente por la exclusión de los trámites de certificación de firmas y la autenticidad de copias. Por ejemplo, en Viedma se registraban más de 8.000 certificaciones anuales, pero ahora eso trámites cayeron a un número irrelevante.

Las certificaciones promedio tienen un costo de 10 a 20 pesos, aunque si el contenido patrimonial supera los 2.500 pesos se aplicará el 1,5 por ciento del valor pecuniario.

Actualmente, la mayoría de los trámites están centrados en los certificados de los contratos de locación.

Otras documentaciones que se mantienen en el Juzgado son las autorizaciones de los padres para hijos menores en viajes al extranjero. Por ejemplo, ese trámite tiene un valor de 10 pesos.

Frente a las críticas iniciales, el Superior Tribunal fundamentó la limitación de funciones y jerarquización de los juzgados de Paz. Explicó en su momento que "no se quitan funciones administrativas a los Juzgados de Paz, sino que éstos constitucionalmente no las tienen". También, aclaró que los organismos provinciales "deben certificar los documentos en la propia sede administrativa y no a través de la Justicia de Paz. Todos -remarcó el STJ- asintieron que esos actos internos de carácter administrativo deben ser cumplidos por ellos mismos".(AV)