Debate sobre proyecto de ley de recompensa

Los legisladores quieren escuchar las observaciones de los funcionarios judiciales al proyecto

NEUQUEN (AN).- Los legisladores de la Comisión de Asuntos Constitucionales reanudarán desde hoy a las 10 el estudio del polémico proyecto de ley que dispone la creación de un fondo de recompensas para pagar por la información que contribuya a esclarecer hechos relacionados con desaparición de personas y delitos complejos. Del encuentro participarán el fiscal de Cámara local, Ricardo Mendaña, y el defensor oficial de la Cámara de Zapala, Miguel Valero.

Los diputados habían acordado, además, consultar al Colegio de Abogados de la provincia por las dudas que despertó entre diputados del MPN y del Movimiento de Unidad la iniciativa que impulsa el legislador de la ortodoxia del MPN Jorge Tobares. Mendaña confirmó ayer su presencia en un breve diálogo telefónico con "Río Negro". Los legisladores quieren escuchar de boca de los funcionarios judiciales las observaciones a la propuesta que surgió a raíz de una petición del gobernador interino, Jorge Sapag, y la subsecretaria de Seguridad Ciudadana y Justicia, Alicia Comelli, como consecuencia del caso del joven estudiante universitario Sergio Avalos que desapareció el pasado 14 de junio.

Pero el proyecto no tiene consenso entre investigadores de la desaparición de Avalos. Es más, la fiscal Sandra González Taboada salió a objetar la propuesta la semana pasada. La iniciativa busca garantizar por ley un fondo permanente de recompensas para aquellas personas que brinden información relevante para los investigadores de casos complejos. El pago por datos lo determinará, según prevé el proyecto, una comisión mixta conformada por personal del ministerio de Gobierno, el juez de la causa y el fiscal. Aunque para acceder a la recompensa, el informante no debe haber participado del ilícito. También están excluídos los funcionarios públicos nacionales, provinciales o municipales, como personal activo y retirado de las fuerzas armadas y de seguridad.

El temor de algunos diputados es que la norma abra las puertas a un tráfico ilegal de la información y que viole garantías constitucionales en los procesos judiciales porque contempla la reserva de la identidad del informante. Ayer, Tobares dijo que propiciará modificaciones al proyecto. Anticipó que cambiaría el artículo de la reserva de identidad por un texto que faculte al juez a disponer esa figura mediante resolución donde conste la conveniencia o no de la medida.