Miércoles 10 de setiembre de 2003 | ||||
Diputados dudan de la fórmula "dinero por datos" El proyecto para sancionar en Neuquén la ley de recompensa se trabó en la Legislatura, que pidió más tiempo de estudio
NEUQUEN (AN).- El polémico proyecto de "ley de recompensa" que solicitó el gobierno neuquino quedó bloqueado ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura por las objeciones que generó entre diputados del MPN y del Movimiento de Unidad. Los legisladores pidieron más tiempo para su análisis y además consultarán a representantes del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de la provincia sobre la viabilidad de la iniciativa que presentó el legislador de la ortodoxia del MPN, Jorge Tobares. El diputado formuló la propuesta a instancias de un planteo del gobernador interino, Jorge Sapag, y de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Alicia Comeli. Ambos funcionarios demandaron esa herramienta para facilitarle el trabajo a los investigadores del caso del estudiante Sergio Avalos, que desapareció el pasado 14 de junio. Sin embargo, la iniciativa despertó recelo entre los mismos investigadores. De hecho, la fiscal del caso, Sandra González Taboada, se pronunció en contra de la instrumentación El proyecto, según explicó Tobares, se sustenta en la ley nacional que sancionó semanas atrás el Congreso Nacional para los secuestros extorsivos La idea es establecer en la provincia un sistema permanente de recompensas a todas las personas que sin haber intervenido en el delito aporten datos útiles e información que contribuya a facilitar la individualización de autores, cómplices, encubridores o instigadores de delitos o en el esclarecimiento de aquellos sucesos complejos y de conmoción social La propuesta incluye los casos de desaparición de personas. Prevé además que una comisión, conformada por un miembro del Ministerio de Gobierno, el juez y el fiscal de la causa respectiva, será la encargada de determinar las situaciones en las cuales se realizarán los ofrecimientos de recompensa. Esa comisión fijaría el monto y establecería las condiciones para acceder al cobro Estarían excluídos del beneficio los funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, el personal de las fuerzas armadas, de seguridad y organismos de inteligencia que se encuentren en actividad o retirados. Y contempla la reserva de la identidad de la persona que aporte pruebas y la información será secreta en el expediente judicial. El proyecto se transformó ayer por la mañana en el eje central del debate que surgió en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la ultrasobischista Adriana Rivas. Tobares promovió el tratamiento en busca de los votos necesarios para enviar el proyecto al recinto con el acompañamiento de los diputados de la Alianza, Ricardo Villar y Raúl Radonich Rivas y su compañero de bancada Eduardo Carbajo pidieron "tiempo para estudiar la propuesta" que Tobares hizo pública el martes de la semana pasada. Orlando Rostán (Movimiento de Unidad) argumentó que el proyecto tal como está "me genera dudas". Lo cuestionó desde lo ético, porque entiende que se "prostituye el deber que tiene cada persona a decir la verdad y contribuir a la paz común". También lo objetó desde lo jurídico. "Declarar por una recompensa puede mellar la credibilidad del testigo". Además relativizó la "efectividad de una norma de esas características que no se circunscribe sólo al caso Avalos". Opinó que el aspecto de la reserva de identidad implicaría una reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Consideró que esa figura violaría el derecho constitucional de defensa que asiste a todos los ciudadanos.
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