La causa cumple un año y espera definiciones

En setiembre de 2002 empezaron los allanamientos en Centenario

NEUQUEN (AN)- Comenzó con la furia de un huracán. Su potencia hasta hizo caer del sillón a un intendente, aunque con el tiempo el impulso se fue atenuando y hoy espera que la saquen del coma jurídico en el que se encuentra. La causa de los subsidios de Centenario se destapó hace un año y fue, en su momento, la más resonante que manejó la justicia neuquina. Hasta que como suele suceder en el país, la eclipsó otro escándalo mayor, u otras urgencias, o ambos.

Los 18 cuerpos que acumuló el expediente (más de 3.600 fojas) ocupan una estantería completa del vacante juzgado 4. Las primeras páginas están referidas a la investigación de un corte de ruta, y por entonces nadie había imaginado sus derivaciones.

Según revelaron fuentes judiciales consultadas por "Río Negro", el origen de la compleja pesquisa fue una denuncia presentada por representantes de la firma Caminos del Comahue por un corte de la ruta provincial 7 el 10 de octubre de 2001. Con las elecciones legislativas a la vista, la protesta exigía módulos habitacionales para 120 personas de Centenario. El líder y organizador resultó ser Héctor "Zapallito" Molina, u polifuncional desocupado, piquetero y puntero político.

Presentada la denuncia de la empresa, la policía tomó declaraciones entre los manifestantes y entre muchas frases intrascendentes recogió una que se convertiría en el germen del escándalo: "si no venimos a cortar la ruta, Molina nos saca de los subsidios", declararon dos desocupados.

Sin embargo, el expediente confeccionado por la Policía estuvo mucho tiempo extraviado en laberintos burocráticos. Recién en enero de 2002 llegó a la justicia, pero como ese mes está destinado a la sagrada feria estival, no fue sino hasta febrero que se lo leyó con atención.

La primera fiscalía que tuvo conocimiento del caso fue la de Delitos Complejos. Su titular Alejandro Cabral pidió, en abril de 2002, que se le tomara una ampliación de declaración a esos dos testigos que habían pronunciado tan interesante frase.

Cabral detectó que la naturaleza del posible delito que se estaría cometiendo era otra, que excedía largamente al corte de ruta. Y le pasó el expediente a la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública.

En junio del año pasado ocurrió un episodio trascendente: el Servicio de Investigaciones de la Fiscalía, una suerte de Policía Judicial, hizo un trabajo de inteligencia en Centenario que le permitió descubrir la espesa trama de corrupción que campeaba en la localidad.

Resulta cuanto menos curioso que unos pocos policías, moviéndose con astucia en un tiempo relativamente breve, hayan descubierto lo que ningún organismo de control había logrado detectar hasta entonces.

A fines de junio, con el informe del SIF como respaldo, la fiscalía anticorrupción pidió la intervención de algunas líneas telefónicas. Así fue qu los investigadores comenzaron a enterarse de las relaciones entre "Zapallito" Molina y el intendente Luis Castillo, así como del manejo discrecional de subsidios y de fondos municipales.

En setiembre, hace ya un año, los fiscales pidieron los primeros allanamientos a la municipalidad de Centenario y las áreas de Acción Social de esa comuna y de la provincia. También comenzaron a recoger las declaraciones de los desocupados cuyos nombres habían sido utilizados para justificar gastos personales de los funcionarios, disfrazados de ayuda social a los más necesitados.

En Centenario se comete "un virtual saqueo de los fondos públicos", escribió el fiscal Pedro Telleriarte al pedir las detenciones de los involucrados. Era la época del huracán: "Zapallito" y varios de su séquito fueron detenidos, Castillo renunció rodeado del afecto del gobernador Jorge Sobisch y el vice Jorge Sapag, y la investigación rozó hasta al ministro Jorge Lara.

El primer aniversario encuentra otra situación: no hay ningún detenido, de los 30 imputados sólo cinco tienen procesamiento firme y la justicia nunca se pronunció sobre la existencia de una asociación ilícita. El camino hacia el juicio oral es aún largo e incierto.

Guillermo Berto

gberto@rionegro.com.ar

La respuesta que falta

NEUQUEN (AN)- ¿Existió en Centenario una asociación ilícita entre funcionarios municipales y desocupados, liderada por el ex intendente Luis Castillo, cuya finalidad era saquear fondos públicos? La falta de respuesta a esa pregunta es lo que mantiene trabado al expediente desde hace meses.

El primer juez de la causa, Alfredo Velasco Copello, nunca respondió a esa pregunta. Dos veces la Cámara Penal le dijo que debía pronunciarse sobre el tema; la última de ellas en marzo pasado, cuando emitió un fallo en el que le otorgó "un plazo razonable" para que se pronuncie.

Pero Velasco fue ascendido en junio al cargo de fiscal de Cámara y dejó el interrogante abierto. Su reemplazante, Daniel Geloni, encomendó a una empleada jerarquizada de la justicia a que estudie la causa y emitirá un dictamen en breve.

Si se llegara a confirmar la existencia de la asociación ilícita, el ex intendente Castillo podría ser detenido porque se lo tiene sindicado como "jefe u organizador".

Castillo está procesado pero por "peculado". Otros imputados con procesamiento firme son Carlos Rodolfo Iribarren, funcionario de su gestión, y los tres piqueteros-desocupados Héctor "Zapallito" Molina, Juan Lira y Sergio Altamirano.

La fiscalía también imputó a los funcionarios Roberto Contreras, Patricia Gutiérrez, Alejandro Romeo (representante del ministro Jorge Lara en Centenario), Graciela Pérez, Edgardo Iribarren, Elvira Ascolese, Emilio Cimolai, Adrián Cerda (actual intendente de la localidad), Néstor Larrazábal, Elsa Lobos, Samuel Bustos y Mario Recchioni.

Otros acusados por la investigación fiscal son los desocupados Molina, Lira, Altamirano, Lorena Salazar, Sebastián Morales, Hernán Villarruel y Luis Hernández, los únicos que estuvieron detenidos hasta que recuperaron su libertad por falta de mérito. Luego, los tres primeros fueron procesados.

Otros imputados son actores menos conocidos: se trata de empresarios o supuestos titulares de empresas presuntamente fantasmas, que le facturaban al municipio por trabajos no realizados o que concretó personal municipal.

Castillo, señalado por la fiscalía como "jefe de la asociación ilícita".