El juez Bernardi pide el juicio político de Verani

El juez Juan Bernardi elevó la documentación a la Legislatura rionegrina.

Lo hace para poder citarlo a indagatoria. Es por la venta anticipada de regalías.

VIEDMA (AV)- Un pedido de juicio político contra el gobernador Pablo Verani ingresó ayer a la Legislatura.

Según confirmaron fuentes legislativas, el juez penal de Viedma Juan Bernardi remitió a consideración de los diputados toda la información sumaria de la causa que investiga la presunta venta anticipada de las regalías hidroeléctricas que habría perjudicado al Estado rionegrino y en la cual se encuentra procesado el exsecretario de Estado, Horacio Jouliá.

La remisión de las actuaciones se enmarca en el artículo 182 del Código de Procedimiento Penales de la provincia, denominado antejuicio y que establece que "cuando se formule requerimiento fiscal o querella contra un funcionario sujeto a juicio político o enjuiciamiento previo, el Tribunal competente lo remitirá con todos los antecedentes que recoja por una información sumaria a la Honorable Legislatura, al jurado de enjuiciamiento o al organismo que corresponda. Aquel sólo podrá ser procesado si fuere suspendido o destituido".

En realidad, el juez necesita citar al gobernador a declarar en calidad de indagado en esta causa y para ello reclama su desafuero, pedido que formuló en agosto pasado y fue rechazado por los legisladores por razones formales.

Bernardi podría citar al gobernador pero, en el marco de los fueros que lo protegen, el mandatario podría concurrir o no a declarar. En el caso de que no lo hiciera, la justicia no podría obligarlo a concurrir con la fuerza pública, como a cualquier otro ciudadano, porque los funcionarios beneficiados por los fueros no pueden ser privados de la libertad.

A principios de agosto, el juez Bernardi procesó al ex ministro Horacio Jouliá y pidió el desafuero del gobernador Pablo Verani por la cesión anticipada a una empresa privada, en 1996, de regalías hidroeléctricas de Río Negro.

El juez entendió que esa operación tuvo "varias irregularidades" que "indican seriamente que se trató de una maniobra ardidosa para perjudicar patrimonialmente al erario público, con el presunto beneficio económico para otros y una importante violación a las normas que imponían un procedimiento diferente".

Detalló que la provincia cedió esas regalías a Energy Risk por un valor muy por debajo del precio de mercado. El magistrado asignó a Jouliá la operación y lo procesó por "violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con fraude a una administración pública y por administración infiel, en calidad de partícipe".

En esa resolución, el magistrado interpretó que Jouliá no tenía responsabilidad en el manejo de los fondos y consideró que la cesión quedó formalizada por un decreto firmado por el gobernador Verani. Por eso, requirió a la Legislatura su desafuero para citarlo "a prestar declaración indagatoria".

Por esta razón también citó a indagatorias a Eduardo Mendl -representante de Energy Risk- y al ex ministro de Economía Daniel Pastor.

En base a las pruebas reunidas, Bernardi concluyó que las regalías podrían haber sido puestas como garantía de préstamos financieros y destacó que el Ejecutivo no podía venderlas, al margen de que cualquier enajenación de bienes público requiere -constitucionalmente- un llamado a licitación. Agregó que la cesión se concretó por debajo del valor de mercado y, el Estado se hizo cargo de gastos, incluyendo a asesoramientos que no existieron.

La operación fue pactada en ocho millones -aunque sólo ingresaron 7,4 millones- e incluyo la cesión de las regalías de Río Negro desde el 1/7/96 hasta el 22/07/98. En esos casi 25 meses, considerando "el valor de la energía neta generada mensualmente por las centrales de Alicurá y Piedra del Aguila -más la potencia puesta y ambas valorizadas en el mercado spot- se acumuló la suma aproximada de 15.600.000 pesos, según la información de Cammesa", dijo Bernardi.

Al analizar la responsabilidad de Jouliá, el juez penal de Viedma afirmó que se "ha acreditado que existió perjuicio para la administración pública, asumiendo costos que no le eran propios, otros que no debieron hacerse". También "ha quedado en claro la asunción de funciones ajenas a su competencia, y la violación de las normas que encuadran todo contrato, negocio, venta o asistencia financiera que tuviera por parte al Estado provincial" Lo consideró un "ejercicio ilegítimo de sus funciones, un quebrantamiento de la fidelidad que se refleja en la infracción del deber de cuidado con el patrimonio estatal". En su resolución el juez ratificó que "el Ejecutivo no podía vender directamente la energía en bloque" y reiteró que "debían servir como garantía de los créditos que se solicitaran a las entidades financieras y así quedó plasmado en la ley".