DERECHOS HUMANOS

Astiz fue procesado en la megacausa de la Esma

Tras su detención el martes, ayer fue notificado por el juez Torres de que con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final tiene prisión preventiva por crímenes de la dictadura.

Astiz fue trasladado a los tribunales federales para ser notificado de su nueva situación procesal.

Desprovisto de la protección que le otorgaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el ex capitán naval Alfredo Astiz fue notificado ayer del procesamiento que pesa en su contra por crímenes cometidos en la última dictadura militar y quedó preso junto con otros nueve oficiales que integraron el aparato represivo de la Esma Sólo el ex capitán Jorge Vildoza, prófugo desde hace más de una década, es ahora buscado por orden del juez federal Sergio Torres, que ayer martes dispuso el arresto de 15 presuntos represores, 10 de los cuales ya se encuentran tras las rejas Otros cuatro acusados -Humberto José Barbuzzi, Carlos Raúl Carella, Luis Nicolás D'Imperio y José Antonio Suppicich- fueron reportados como fallecidos, según informaron al juez las Fuerzas Armadas Astiz, el ex capitán Jorge "Tigre" Acosta, también procesado ayer, y los prefectos Juan Azic y Héctor Febres quedaron presos ayer martes, mientras otros seis oficiales fueron detenidos hoy: se trata del médico del Ejército Carlos Capdevilla y de los marinos Adolfo Donda Tiguel, Manuel García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, precisaron fuentes judiciales.

Por otra parte, ayer el juez Norberto Oyarbide decidió no aceptar la otra megacausa que se abrió tras la anulación de las leyes de amnistía: la del 1 Cuerpo de Ejército. Por este motivo, el expediente volvió a quedar sin juez por tercera vez.

Astiz, asistido por la defensora oficial Perla Martínez de Buck, fue notificado de una resolución que recobró vigencia luego de algo más de 16 años: el entonces capitán de fragata había sido procesado por la desaparición de cinco personas y se ordenó un embargo de 5 millones de pesos sobre sus bienes Sobre "El angel rubio de la muerte" también pesa una orden de detención librada por el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale, quien tiene a su cargo un pedido de Francia de "arresto preventivo" con fines de extradición, ya que en ese país fue condenado en ausencia por la desaparición y el asesinato de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet El destituido marino sería trasladado mañana a esa ciudad bonaerense para la audiencia de "conocimiento" en la que Alvarez Canale le hará saber las causas por las ordenó su detención y los motivos por los que es requerido por la Justicia de Francia. El juez bahiense Alvarez Canale explicó que, en caso de que responda favorablemente el pedido de extradición a Francia del ex marino, es el presidente Néstor Kirchner quien, en definitiva, tiene la potestad de decidir si la otorga o no. "Puede darse que el juez interviniente diga 'puede ser extraditado' y el Poder Ejecutivo valorando otras circunstancias, como el interés nacional o la seguridad, puede decir que no y entonces es juzgado en la Argentina", aseveró el magistrado bahiense. La abogada de la acusación en Francia por la desaparición de las dos monjas, Sophie Thonon, opinó que el pedido de extradición de Astiz "tiene que prevalecer" sobre la causa que está a cargo del juez Torres porque en el caso de las religiosas hay una condena en ausencia en Francia Sin embargo, fuentes tribunalicias indicaron que la megacausa que instruye Torres impide que Astiz sea extraditado a cualquier país, ya que primero debe ser juzgado en el país por varios hechos, entre los que están incluidos los de las monjas francesas por los que fue indagado aunque su situación procesal está pendiente de resolución Tras cumplir con la notificación, se dispuso que Astiz y Acosta retornen a sus lugares de detención, en el edificio Libertad y en Campo de Mayo, respectivamente, aunque el sitio donde debe estar alojado Astiz podría ser redefinido en las próximas horas Los voceros judiciales explicaron que "las cosas volvieron al estado en que se hallaban en junio de 1987" cuando, debido a la entrada en vigencia de las llamadas leyes del olvido, fueron archivados los sumarios contra los involucrados en tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Como entonces regía el "viejo" código procesal penal, el solo hecho de que fueran citados a indagatoria implicaba el procesamiento de los imputados, circunstancia que recobró vigencia desde la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y de la decisión de la Cámara Federal de reabrir las causas En el caso Esma hay 80 hechos ilícitos por los cuales se les resolvió la situación procesal a los 15 militares implicados en la pesquisa, mientras que por otros 23 casos aún está pendiente un pronunciamiento judicial.

Oyarbide tampoco aceptó

El juez federal Norberto Oyarbide resolvió "no aceptar" la inhibición de su par, María Servini de Cubría, para tramitar la megacausa por violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del Cuerpo I del Ejército durante la última dictadura militar Oyarbide remitió el expediente a la Cámara Federal, para que defina qué juez debe hacerse cargo de la instrucción de ese sumario y atender el dictamen fiscal que solicita la detención de 38 militares retirados La investigación de violaciones a los derechos humanos en el Cuerpo I del Ejército y la otra "megacausa" por delitos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fueron reabiertas por la Cámara luego que el Congreso Nacional anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final Servini de Cubría argumentó "violencia moral" ya que, debido a la carrera militar de su marido, Juan Tomás Cubría, su vida privada "se encontró íntimamente relacionada con el ambiente castrense" y con militares de diversas armas Oyarbide sostuvo que ninguna de las circunstancias expuestas por Servini de Cubría configuran una causal objetiva de parcialidad (Télam/DyN)