Abren nuevos frentes judiciales contra los ex represores

Tres fueron denunciados por apología del delito. Hoy pedirán la detención de otros 30 militares.

Reynaldo Bignone, uno de los acusados por apología del delito.

Los ex represores Ramón Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy fueron denunciados por el presunto delito de "apología del delito", a raíz de las declaraciones formuladas a un canal de la televisión francesa en el que justificaron los crímenes cometidos por el gobierno militar durante la última dictadura. El gobierno también prepara fuertes sanciones para estos militares, ya que en el entorno del presidente Néstor Kirchner las palabras de los militares cayeron muy mal.

Hoy el tema militar tendrá otro día vertiginoso ya que el fiscal Eduardo Freiler pedirá la detención de 30 militares involucrados en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército, incluido algunos alcanzados por el beneficio del indulto otorgados por el ex presidente Carlos Menem, informaron fuentes judiciales En otra causa que avanza a paso raudo desde la llegada de Kirchner al Ejecutivo, ayer el juez Claudio Bonadío les dictó a tres coroneles la prisión preventiva por su supuesta participación en el secuestro y desaparición de montoneros durante la operación denominada "contraofensiva". Por este hecho ya están detenidos los ex montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, y se encuentra prófugo Eduardo Firmenich.

La embestida contra los ex represores puede tener un punto de inflexión clave si la Corte de Suprema decreta la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tal cual como le viene reclamando el gobierno nacional al máximo tribunal El Congreso nacional ya anuló, en una polémica decisión, estas leyes de amnistía. Sin embargó, los especialistas en Derecho afirman que el cuerpo legislativo sólo puede derogar una norma (caduca su validez hacia adelante en el tiempo) y no anular (invalida lo actuado hasta el momento)

Sobre este tema, el ministro de Defensa José Pampuro afirmó al diario español "El País" que se podría llegar a 2.000 ex represores. (Ver recuadro)

El denunciante en la causa judicial que se abrió por las declaraciones de los ex represores a u canal de televisión francés fue el abogado Ricardo Monner Sans. La presentación se realizó ante el juez federal Jorge Ballestero El escrito, de una carilla, sostiene que "el conjunto de las declaraciones que ha registrado un canal de TV ponen a Díaz Bessone, Bignone y Albano Harguindeguy en grave responsabilidad de cara al delito de apología del crimen" Los tres ex jerarcas de la dictadura manifestaron a la TV francesa que la cantidad de detenidos desaparecidos durante el régimen fue de "sólo" 8.000 y reconocieron que fueron aplicadas torturas a secuestrados en centros clandestinos de concentración y tormentos Monners Sans expresó en su presentación que los tres militares "exaltaron algunas conductas tipificadas por el Código Penal", entre ellas "privación ilegítima de la libertad, torturas, sedición y atentados al orden constitucional y a la vida democrática".

En este sentido, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó que el presidente Kirchner y el ministro de Defensa, José Pampuro, "están analizando" posibles sanciones contra los generales Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy La Justicia Militar prevé castigos para los retirados, que pueden llegar al arresto, la baja o la destitución. En principio, a Bignone y a Díaz Bessone podría corresponderles la baja  

Nuevo pedido

 El pedido que hará el fiscal Eduardo Freiler será entregado a la jueza María Servini de Cubría, quien quedó a cargo de la caus en la que se investigan los hechos ocurridos en el Primer Cuerpo del Ejército, en el que está acusado Guillermo Suárez Mason.

Freiler solicitará la detención de quienes fueron desprocesados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entre ellos el ex agente de Inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti, y los entonces coroneles Pedro Durán Saenz y Jorge Raúl Crespi.

En el listado también figura el fallecido Aníbal Gordon y varios represores que actuaron en el centro clandestino de represión "El Olimpo", como Juan Antonio del Cerro Freiler evalúa pedir a la jueza el dictado de inconstitucionalidad del Indulto de Menem para poder detener a algunos militares retirados que actuaron en el Primer Cuerpo del Ejército.

(DyN/Redacción Central)

Dictan la prisión preventiva contra tres coroneles

El juez federal Claudio Bonadío dictó ayer la prisión preventiva de tres coroneles del Ejército, por su presunta responsabilidad en el secuestro de militantes montoneros que en 1980 fueron capturados por el aparato represivo cuando regresaron a la Argentina para participar de una contraofensiva planificada por la cúpula de la organización armada Bonadío convirtió en prisión preventiva los arrestos que ya cumplían los coroneles Luis Arias Duval, Julio César Bellene y Jorge Granada, y trabó embargos por tres millones de pesos sobre sus bienes Debido a que la causa que instruye Bonadío tramita bajo el antiguo sistema procesal penal, no fue necesario que el juez dictara el procesamiento de los militares, que están imputados en el mismo expediente que los ex jefes montoneros Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. De hecho, militares y montoneros quedaron procesados al momento de la indagatoria, tal como establecía el viejo Código Procesal.

La Cámara Federal porteña, sin embargo, dio instrucciones a Bonadío para respetar las garantías que ofrece el nuevo sistema de procedimiento, dijeron fuentes judiciales. Se presume que en los próximos días Bonadío impondrá también prisión preventiva a Perdía y Vaca Narvaja, detenidos desde el 14 de agosto El ex líder de Montoneros, Mario Firmenich, se encuentra todavía prófugo y sobre sus espaldas pesa una orden de captura internacional que libró el juez el mes pasado Bellene fue detenido el 19 de junio pasado, mientras Arias Duval y Granada quedaron presos el 24 y 25 de julio, tras haber permanecido prófugos. El 26 de agosto Bonadío procesó al intendente de Escobar y candidato a gobernador bonaerense Luis Patti por presunto encubrimiento, ya que existen pruebas que acreditarían que amparó a Granada mientras éste se mantuvo en la clandestinidad. Para Bonadío, pudo existir una connivencia entre la cúpula de Montoneros y el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, que atrapó a 18 militantes cuando regresaron al país para participar de una contraofensiva contra la dictadura del período 1976-83. Conocido como "Operativo Murciélago" u "Operación Guardamuebles", el plan del Ejército culminó con el secuestro de montoneros que en 1980 militaban en las Tropas Especiales de Infantería (TIR). (DyN)

Un juez quiere usar las pruebas de Garzón

El juez federal Sergio Torres solicitó ayer a su colega español Baltasar Garzón las pruebas reunidas en Madrid contra presuntos represores argentinos que afrontan cargos por genocidio y terrorismo de Estado Fuentes judiciales explicaron que Torres reclamó a la Audiencia Nacional de Madrid los documentos que Garzón había preparado para impulsar el juicio de extradición de 39 militares y el civil Gonzalo Torres de Tolosa.

Aunque los acusados habían sido detenidos aquí por requerimiento de Garzón, el magistrado español no llegó a remitir las pruebas a la Argentina porque el Gobierno de José María Aznar rehusó el viernes pasado tramitar la extradición de los acusados ante la administración de Néstor Kirchner.

El juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral mantenía bajo arresto a los 40 hombres requeridos desde Madrid, pero tras la decisión del Gobierno español de no avanzar en el juicio de extradición, ordenó la libertad de los presuntos represores Sin embargo Canicoba, al poner fin al proceso de extradición, reportó a la Cámara Federal porteña que había recibido vía Interpol un oficio en el cual Garzón "denunció una serie de eventos presuntamente delictivos". Y esa presentación dio origen a una nueva investigación penal que quedó a cargo del juez Torres Simultáneamente, el fiscal Guillermo Marijuán radicó una denuncia ante la Cámara para que se abra aquí una investigación local basada en las pruebas reunidas en España Tanto la presentación de Canicoba como la denuncia de Marijuán se concentraron en un único sumario que instruye Torres, quien en principio solicitó a su colega de Madrid los elementos de prueba que estaban destinados a fundamentar el juicio de extradición pero que ahora serán incorporados a una investigación local.

Torres, que también quedó a cargo de las dos causas contra represores que la Cámara Federal porteña reactivó el lunes pasado, podría ordenar que los acusados retornen a prisión.

"Unos 2.000 militares pueden ser juzgados"

El ministro de Defensa, José Pampuro, afirmó que "unos 2 mil militares pueden ser juzgados nuevamente" por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Argentina, en declaraciones publicadas ayer en el diario madrileño El País Aunque el ministro de Defensa expresó su convicción de que los integrantes de las Fuerzas Armadas "están dispuestos" a recorrer el camino de la justicia, señaló que lo "único que quieren" es que esto "no se convierta en una caza de brujas" o en "una persecución" "Unos 2 mil militares, casi todos retirados, pueden ser juzgados nuevamente, aunque también podría ser citado alguno en actividad", dijo Pampuro en referencia a las citaciones que podría emitir la justicia tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final  

Defensa de las Fuerzas Armadas

 El ministro salió en defensa de las Fuerzas Armadas al asegurar que si bien existe "preocupación" en las filas castrenses, "van a colaborar con la justicia para cerrar definitivamente 30 años de divisiones" en la sociedad argentina Además, Pampuro expresó su confianza en que "los militares en actividad hayan comprendido absolutamente la necesidad de terminar con esto por el camino de la justicia que ha elegido el presidente" Néstor Kirchner, que es además comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Más allá de su preocupación van a colaborar Están dispuestos a recorrer ese camino, lo único que quieren es que esto se mantenga dentro de la ley y no se convierta en una persecución o una caza de brujas", sostuvo el ministro de Defensa.