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Domingo 28 de setiembre de 2003 | |
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Costos |
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Por Héctor Mauriño
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| El prolongado conflicto docente, así como sus consecuencias más graves para la sociedad -la pérdida de días de clase y los trastornos por los cortes de rutas y puentes- tienen más responsables que sus principales protagonistas, los dirigentes gremiales de ATEN. También y especialmente al gobierno provincial, que se desentendió del conflicto hasta que éste se volvió inmanejable, y a las autoridades nacionales que adoptaron una prescindencia incompatible con su deber de resguardar los intereses colectivos. El gobierno provincial, porque se mostró inflexible desde un comienzo con el reclamo, colocando a los representantes gremiales entre sus enemigos. Y en su afán por evitar costos políticos en tiempos de elecciones, puso sus intereses partidarios por encima del interés general, y gambeteó las órdenes judiciales dejando que las cosas se salieran de madre, con lo que le generó un fuerte costo adicional a toda la sociedad. El gobierno nacional, porque en lugar de aportar a la búsqueda de una solución útil para todos, se lavó las manos especulando con la posibilidad de que todo el costo político recayera sobre el gobierno provincial, y en ese afán sus funcionarios no sólo desoyeron el requerimiento judicial sino que con sus declaraciones imprudentes desafiaron la legalidad en lugar de resguardarla. Desde la perspectiva gremial las responsabilidades están a la vista, pero el desenlace de las últimas horas, con el progresivo desalojo de caminos y puentes insinúa que los protagonistas no sólo pueden volver a sus casas con las manos vacías sino que podrían pagar un alto costo por una estrategia que se revela errada, y que podría minar a mediano y largo plazo la capacidad de movilización del sector. Aunque no han faltado interpretaciones que le atribuyen una intencionalidad política, vinculada con las elecciones que se celebran hoy, la escalada docente parece más que nada atribuible a un mal cálculo de los dirigentes. Aparentemente, esto tiene que ver con la idea de que un gobierno como el del MPN, que permanentemente subordina el interés general a sus objetivos políticos de mediano y corto plazos, presenta permanentemente flancos débiles. Y con el hecho de que la campaña por la reelección de Sobisch presentaba una oportunidad inmejorable para arrancarle una conquista salarial. En realidad, es el MPN el que ha acostumbrado a la sociedad neuquina a pedir más. Un sistema esencialmente distribucionista sensiblemente deslegitimado por la corrupción, es el blanco ideal de no importa qué reclamos. El ejemplo de lo ocurrido en febrero, cuando Sobisch sacó imprevistamente de la manga la devolución del 20% de zona desfavorable a los estatales en un intento desesperado por torcer la suerte de una elección municipal que se adivinaba perdida, puede haber contribuido a la confusión. A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones municipales, donde Quiroga supo erigirse en alternativa para un amplio sector de la clase media de la capital provincial, en esta oportunidad nada hace prever una polarización similar que ponga en serio riesgo al MPN. Si el momento elegido no era el mejor, la metodología mucho menos. La experiencia está llena de ejemplos que dan cuenta de que medidas tremendistas, como jugar una reivindicación gremial a todo o nada, suelen convertirse en un callejón sin salida para sus inspiradores. La dirigencia de ATEN se encerró en un cofre y tiró la llave al mar no una sino dos veces: la primera cuando lanzó un paro por tiempo indeterminado; la segunda cuando ocupó con igual criterio puentes y rutas estratégicas. En buena medida esta temeridad parece tener más que ver con el frente interno sindical que con la lucha reivindicativa en sí. Frecuentemente, ATEN parece prisionera de un asambleísmo desmesurado, que más que abonar la impronta democrática del gremio da cuenta de las limitaciones que tienen las distintas líneas internas para alcanzar consensos básicos. De más está decirlo, este internismo puede costar caro, no sólo a los líderes de la protesta sino también, y más lamentable aún, a todo el sector docente. Un observador sintetizó esta situación al referir lo ocurrido con la mesa de diálogo del martes entre el gremio, el vicegobernador Sapag y el obispo Melani: “Fueron 18 representantes gremiales no porque quisieran dar una demostración de fuerza, sino porque no confían entre sí”, deslizó. Acaso haya sido ese síndrome el que llevó a los dirigentes a desaprovechar la salida que se les presentaba, consistente en instalar una tregua por 30 días para debatir el conflicto y el no descuento de los días caídos. Fueron el juez Labate y el obispo Melani, instados por organismos de derechos humanos, quienes lograron sentar a Sapag a una mesa de negociación. El vicegobernador exhibió una flexibilidad que Sobisch no tuvo -no recibió a ATEN desde febrero- y resignó el condicionamiento original de que se levantaran los cortes para dialogar. Pero no hubo caso. Acaso haya habido algo más que la conducción gremial no supo evaluar. La Argentina desigual de Carlos Menem fue la que inauguró los cortes de ruta, pero a diferencia de lo que ocurre con aquellos que se han quedado sin trabajo, sin salud, sin vivienda o sin nada, los docentes neuquinos, aunque no estén bien, están lejos de ser menesterosos. La tozuda persistencia en mantener los cortes, lo que perjudica ostensiblemente al resto de la sociedad, hizo que la metodología minara la tolerancia colectiva y el reclamo fuera perdiendo legitimidad día a día. Para colmo de males, no se tuvo en cuenta la proximidad de las elecciones. Ahora ya se sabe que con la democracia no alcanza para comer, pero también que es el bien colectivo más preciado. No ha resultado simpático forzar el cuadro de convivencia en vísperas de unos comicios para defender un interés que podrá ser legítimo pero no deja de ser sectorial. |
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