Domingo 28 de setiembre de 2003
		Tironeando de la venda
		Por Alicia Miller amiller@rionegro.com.ar
		El sistema de designación de jueces a través de un Consejo de la Magistratura es mejor que una designación “a dedo” por parte del poder político, pero dista de ser la panacea en cuanto a garantizar la independencia del Poder Judicial. Hay quienes aseguran, por el contrario, que en lugar de garantizar una designación de magistrados independientes y capaces, confirma sólo que los distintos sectores que integran el Consejo de la Magistratura tironearán hasta acordar una opción, aunque no sea la mejor para la Justicia, o votarán en forma dividida jueces que dependerán más de esas pocas personas que de su propia aptitud para el cargo. Desde que Río Negro incorporó este sistema, varias han sido las ideas que se barajaron respecto de ampliar la cantidad de sectores representados en el Consejo de la Magistratura, a fin de “despolitizar” las designaciones. Esto, porque por el momento participan de él legisladores, abogados, jueces, el presidente del STJ y el procurador (en caso de que se elija un miembro del Ministerio Público) y el gobernador (en el que elige a jueces del Superior Tribunal de Justicia). Esto implica que, salvo los jueces y, en el mejor de los casos, el procurador, el resto son sectores manifiestamente vinculados con un partido político que conduce o integra el gobierno del Estado (en el caso de los legisladores) o con la política institucional (en el caso de los abogados, si no a ambas). En otros países, el Consejo se completa con académicos universitarios o profesionales de prestigio nacional, o con representantes de ciertas ONGs específicas, o se prevé que las designaciones vayan precedidas por muy exigentes concursos de teoría y casuística jurídica, como sucede hoy en el fuero federal. Se coincidirá entonces en que el modo de elección de jueces vigente en Río Negro es uno, en el marco de un proceso de mejoramiento institucional que todavía tiene mucho camino por recorrer, y que el tino de sus resoluciones depende en gran medida de la vocación republicana de los protagonistas de cada ocasión. La cuestión es que el proceso de designación de dos camaristas penales que deberán integrar la Cámara de Apelaciones de Viedma es, en estos días, un ejemplo de la desmesura con que distintos sectores de poder meten mano en una cuestión tan delicada, y sin el menor empacho. Es así como, habiendo varios candidatos para ambos cargos, la mayoría de las personas informadas da por sentado que hay “caballos del comisario”, lo que equivale a decir que los aspirantes respaldados por los legisladores del radicalismo -por instrucciones directas del Poder Ejecutivo- serán indefectiblemente quienes resulten elegidos. Todo parece indicar que se trata del juez Penal Jorge Bustamante -que antes de asumir defendió a varios funcionarios de gobiernos radicales como Santos Maximiliano Massaccesi (causa SAPSE), Carlo Carassale y Hugo Costa (Sefepa)- y de la actual jueza Correccional Liliana Piccinini, hermana de la ex diputada nacional radical que hoy es funcionaria provincial y legisladora electa por ese partido. Y el tema es que, si bien en el pasado el oficialismo rionegrino ha dado numerosas muestras de desear un Poder Judicial “amigo” -sobre todo en el fuero penal- en estos días está mostrando una preocupación mucho mayor en ese sentido. Esta búsqueda de ejercer influencia no es casual, si se considera que varios de sus funcionarios, y hasta el propio Verani, afrontan acusaciones o posibilidad de ellas en unas cuantas causas penales. Por citar sólo las más importantes, debemos recordar las siguientes: - La que investiga la venta ilegal del bono Cedepre -colocado en el mercado financiero internacional en lugar de ser entregado a los jubilados, como preveía la ley que lo creó-. - La que investiga presuntas coimas y presuntas irregularidades en relación con el negocio del juego privatizado en la provincia. - La que analiza la ruinosa venta anticipada de regalías hidroeléctricas. - La que busca desentrañar las responsabilidades por la renegociación del contrato con la generadora de electricidad Turbine Power, que perjudicó al Estado y a los usuarios (causa que tramita en la Segunda Circunscripción Judicial, en Roca). En algunos de estos casos, es llamativo el esfuerzo mostrado por algunos magistrados para trazar una línea imaginaria en la escala de jerarquías políticas, y limitar las acusaciones sólo hasta determinado nivel, eludiendo investigar al gobernador Verani, aunque su firma aparezca en cuanto documento se relacione con el caso. En el caso Cedepre, la investigación respecto de funcionarios del Estado rionegrino llegó sólo hasta el fallecido Jorge Acebedo; en la causa de regalías, hasta el ex ministro Horacio Jouliá; y en la de Lotería, hasta el presidente de ese organismo, Miguel Irigoyen. De allí hacia arriba, la nada, aunque en los tres casos fueran funcionarios con dependencia directa de Verani, y las acciones hubieran contado con su necesaria participación y conformidad. En otros casos, investigaciones periodísticas y denuncias públicas han hecho referencia a hechos presuntamente ilícitos, pero la Justicia ni siquiera inició actuaciones. Y no sucedió nada. Ni una reacción virulenta de la oposición política, ni una marcha de ciudadanos demandantes de justicia, ni una acción por parte de los abogados. ¿Por qué esta referencia a los abogados? Porque esta corporación profesional tiene un rol especialísimo en el mecanismo previsto por la Constitución para la designación y remoción de jueces. Son los únicos “ciudadanos comunes”, es decir, ajenos a una relación funcional jerárquica con el Estado, representados en el Consejo de la Magistratura. Representan, en realidad, a la ciudadanía, a sus clientes, a los justiciables. Aunque, en ocasiones, el poder político pueda ejercer sobre ellos presiones, sobre todo en el caso de abogados que a su vez son empleados del Estado, o tienen acreencias cuyo cobro puede peligrar, o tienen causas importantes que deben ser resueltas por los magistrados que deben aprobar o desaprobar para ascensos o designaciones. En fin, la Justicia dista todavía de tener los ojos completamente vendados. En ocasiones espía a quién aplica la ley y a quién no. El poder político incumple con su deber de reconocerle independencia. Y a nadie parece indignarle. O sólo a quienes nada pueden hacer para que se actúe “conforme a derecho”.
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