Martes 23 de setiembre de 2003
		¿Quién está ajeno a la violencia familiar?
		Por Moira Revsin
		En el ámbito social en el que nos desarrollamos -todos nosotros- existen casos en donde la violencia en el seno de la familia conforma una manera corriente de comunicación entre sus integrantes. Este tema, denominado “violencia familiar”, preocupa a los profesionales que trabajan con las familias, en el ámbito interno, social y judicial. Actualmente, son muchas las carreras que se especializan en el estudio de este problema. La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires dicta un posgrado de Violencia Familiar, dirigido a psicólogos, abogados, médicos, trabajadoras sociales y demás profesionales interesados. Para comenzar tenemos que eliminar de nuestras mentes una serie de prejuicios y asumir que esta problemática la sufren diversos tipos de familias, sin discriminar la clase social que integran, el nivel cultural, económico, educacional, ni ningún otro factor que podamos esgrimir. Si bien puede ser cierto que en algunos grupos sociales sea más notoria su existencia que en otros, esto no nos da derecho a decir que son los únicos que la padecen ni que en éstos se da con mayor frecuencia o intensidad. La realidad nos ubica en otro lugar. Para hablar de hijos golpeados, mujeres marginadas, relegadas a una posición inferior dentro de la estructura familiar, malos tratos recíprocos en la pareja o con los hijos, ancianos maltratados, etc. no corresponde circunscribirse en un solo punto de la sociedad. La gama de malos tratamientos es muy amplia: desde lo psicológico hasta lo físico; desde un grito o un golpe hasta la violación o el abuso sexual o bien el abandono o el desinterés. No importa en qué nivel de gravedad nos hallemos, el tema es que tanto unos como otros implican violencia y todos deben ser tratados con el cuidado que esta situación merece. En materia legislativa, desde hace unos años se está trabajando para que los casos de violencia doméstica tengan una contención judicial específica. En la actualidad casi todas las provincias cuentan con una ley sobre violencia familiar que se ocupa de asistir a quienes la sufren. El problema que se plantean quienes deben garantizar la implementación de estas leyes es cómo hacerlo, toda vez que los recursos son escasos y el personal que suele enfrentarse con las víctimas y los victimarios no están preparados para desempañar determinadas funciones. Cabe advertir que siempre que hablamos de violencia familiar vamos a hablar de un estudio interdisciplinario que ayude a desenhebrarlo y así encontrar una solución. Esto implica la necesidad de contar con asesoramiento de un abogado, un psicólogo, un asistente social y demás profesionales que operen en el plano social y de la salud mental. Trabajar interdisciplinariamente no es lo mismo que contar con un profesional, especialista en una rama, que ocupe al mismo tiempo el lugar de otro. A modo de trasladar esta idea a un ejemplo que se presenta con frecuencia en la práctica, podemos decir que no es lo mismo que un juez deba pensar como psicólogo y decidir como juez, que trabajar -juntamente- con un psicólogo que analice y un juez que resuelva sobre la base de ese dictamen. Es claro que, en el primer caso, no nos encontramos dentro de las funciones propias del magistrado; además, éste carece de instrucción, si bien puede fiarse de sus habilidades personales y contar con una buena preparación extracurricular. Esta es, justamente, la mayor traba que encontramos hoy en día al momento de intentar poner fin a una situación de violencia: no hay personal capacitado debido a la inadecuada estructura judicial y, con frecuencia, tampoco existe voluntad para buscar soluciones. Razón por la cual, muchas veces es más sencillo considerar que ese problema no tiene cabida en el ámbito judicial. De este modo las víctimas no tienen forma de ampararse en un sistema tuitivo, como debería ser el judicial. A la par, se agrava su situación al chocar con otra clase de violencia, la “institucional”, que les coarta la posibilidad de hallar la tan ansiada salida. Lograr erradicar este conflicto social nos ocupa a todos. Como vecinos, maestros, compañeros de trabajo, brindando nuestra colaboración a fin de ayudar a quien sufre este problema, dándole amparo, denunciando hechos, obstaculizando al victimario en su actuar. Como abogados, comprendiendo que con nuestra formación no basta para abarcar toda la conflictiva y que no siempre estamos preparados personalmente para asistir a quien lo necesita. Como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos o asistentes sociales, que necesitamos el marco de la justicia para que se dispongan medidas concretas. Como funcionarios y empleados judiciales, asumiendo que no entendemos todas las cosas que se nos presentan, como para saber qué es lo que pasa y por lo tanto decidir cuál es la mejor forma de resolverlas, y que tampoco estamos preparados para discriminar entre los problemas que plantea el otro y mi propia problemática. Como Estado -principalmente-, tenemos que darnos cuenta de que el problema es grave, que afecta a una gran parte de la sociedad, que para erradicarlo no sólo es necesario dictar leyes, sino que también hay que ponerlas en marcha cuidadosamente, capacitar al personal que las tiene que hacer cumplir, contratar a los profesionales adecuados y organizar campañas de prevención y concientización. (*) Abogada. Especialista en Derecho de Familia (posgrado UBA)
Tapa || Economía | Políticas | Regionales | Sociedad | Deportes | Cultura || Todos los títulos | Breves || Ediciones anteriores | Editorial | Artículos | Cartas de lectores || El tiempo | Clasificados | Turismo | Mapa del sitio Escríbanos || Patagonia Jurásica | Cocina | Guía del ocio | Informática | El Económico | Educación