Lunes 8 de setiembre de 2003
		Del dolor a la esperanza
		Por Martín Lozada
		Acaba de presentarse en Lima la versión peruana del “Nunca Más”. Se trata de un trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada en el 2000, que refleja la suerte corrida por más de 69.000 víctimas de la violencia política en ese país. El presidente de la Comisión ha sido el profesor de filosofía de la Pontificia Universidad Católica, Salomón Lerner, quien al dar el informe al presidente Toledo señaló: “La lista con los nombres de las decenas de miles de peruanos que entregamos a la nación es demasiado grande (...) Expone un doble escándalo: el asesinato, la desaparición y la tortura a gran escala, y la indolencia, ineptitud e indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”. El informe consta de un total de cuatro mil folios, reunidos en nueve tomos, y recoge 17.000 testimonios receptados en más de 530 poblaciones del país. Su principal desafío consistió en coordinar distintas perspectivas y trabajos elaborados sobre un mismo tema por sociólogos, antropólogos, abogados y psicólogos, para así lograr un resumen documental multidisciplinario con rigor científico y claridad narrativa. Del total de las víctimas, sólo 24.692 civiles lograron ser identificados. Las fuerzas de seguridad tuvieron 1.600 bajas y tres de cada cuatro víctimas fueron campesinos quechuaparlantes. Lo cual confirma que la población más marginada del país se encontró entre dos fuegos, el de los extremistas maoístas que asesinaban a quienes no se unían a sus huestes, y el de los militares que eliminaban a los que no colaboraban en la identificación de los subversivos. Según la Comisión, al menos 120 personas, entre los que se cuenta a civiles y militares, resultarían responsables de violaciones a los derechos humanos. A Sendero Luminoso le atribuye el 51% del total de víctimas, a las fuerzas del orden el 30%, al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru el 9% y a los grupos paramilitares y a las “rondas campesinas” el resto. Los hechos en cuestión abarcan desde los atentados terroristas, las torturas y desapariciones forzadas, hasta los asesinatos. La Comisión de la Verdad del Perú es la número 22 a nivel mundial. En el espacio latinoamericano han sido cuatro las comisiones que la precedieron: Argentina (1983-1984), Chile (1990-1991), El Salvador (1992-1993) y Guatemala (1997-1999). Según diversos autores, estas cuatro experiencias, juntamente con la de Africa del Sur (1995-2000), resultaron las más completas y exhaustivas. Se trata de organismos creados por el Poder Ejecutivo, cuyas tareas son la de investigar y esclarecer graves violaciones a los derechos fundamentales. Pero también formular recomendaciones a fin de reparar integralmente a las víctimas y proponer un conjunto de medidas que permitan prevenir y erradicar la violencia, materia de la investigación. Cuando finalizan su labor, a modo de conclusión, suelen publicar un informe que refleja cada uno de los aspectos de su actuación. Contribuyen de este modo a establecer la verdad respecto de un conjunto de hechos socialmente trascendentes y colaboran en la construcción de la memoria colectiva. Las comisiones de la verdad no reemplazan al Poder Judicial ni al ministerio público. Tampoco están destinadas a detener ni denunciar penalmente a persona alguna. Aunque una vez que hubieran concluido su informe, y fuera hecho público, corresponde a las instancias competentes del Estado adoptar medidas que, eventualmente, podrán implicar demandas civiles y actuaciones de la Justicia Penal. La cuestión relativa a la identificación de los presuntos responsables de los hechos investigados por las comisiones ha sido siempre una de las más controvertidas. En los casos de Chile y Guatemala la opción adoptada fue la de no proporcionar sus nombres. En nuestro país, El Salvador y Africa del Sur, se decidió hacerlo y se difundieron las identidades de los sospechados. La Comisión peruana, en ese sentido, también está autorizada a dar publicidad de las mismas. Resultan destacables los efectos que produce el trabajo de las comisiones en el cuerpo social. Uno de ellos tiene que ver con el sentimiento de vergüenza que acarrea el sabernos comprendidos en una sociedad que desprecia tan manifiestamente la vida y la integridad física y emocional de sus miembros. El surgimiento de ese sentimiento suele poner en funcionamiento mecanismos de reparación y restitución afectiva, moral y económica en favor de las víctimas y familiares. Además, la catarsis que implica conocer y difundir hechos tan terribles resulta necesaria no solamente para quienes muestran sus heridas con la expectativa de que su dolor sea conocido y compartido por otros. También lo es, simultáneamente, para quienes las observan y perciben. Esta visualización colectiva permite ir más allá: comprender y reflexionar acerca de las causas, modalidades y discursos con los cuales se urdió y se consumó la tragedia. Así ocurre ahora en el Perú.
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