Una indemnización complica a Zapala

Un fallo del TSJ obliga al municipio a pagarle un millón de pesos a una familia

El municipio deberá prever en el presupuesto del 2004 la suma para pagarle a la familia de los accidentados.

ZAPALA (AZ).-El municipio de esta ciudad deberá indemnizar en una suma cercana al millón de pesos a una familia por un accidente donde perdió la vida un hombre y su hija sufrió heridas que le desfiguraron el rostro. El fallo, emanado en primera instancia del fuero civil local, fue ratificado la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia El hecho se produjo en junio de 1996 e involucró a un camión del municipio que embistió a un vehículo particular. La compañía aseguradora se negó a pagar los daños porque el conductor del rodado oficial no tenía carné de conducir.

El Ejecutivo zapalino deberá prever en el presupuesto 2004 una partida de casi un millón de pesos para hacer frente al cumplimiento de la decisión judicial. La última alternativa que le queda al municipio es recurrir a la Corte Suprema de Justicia, pero ayer fuentes vinculadas a la asesoría legal descartaron esta posibilidad.

El accidente se produjo el 21 de junio de 1996. Juan Guillermo Lillo Pezoa y su hija menor de edad, Melisa, circulaban en un automóvil Torino por la ruta 22. En sentido contrario marchaba Carlos Stovanovich al mando de un camión municipal Chevrolet cargado con tierra y escombros. Al llegar al cruce con la ruta provincial 13, la pesada mole hizo una maniobr inesperada y se cruzó de carril para doblar a la izquierda. El impacto contra el Torino fue terrible. Lillo Pezoa y su hija fueron rescatados entre los hierros retorcidos y de inmediato derivados al hospital interzonal. El hombre murió poco después y la chica sobrevivió pero su rostro sufrió severas lesiones. Las pericias posteriores demostraron que el camión sobrepasaba largamente su capacidad de carga. Además, Stovanovich no contaba con licencia de conducir en ese momento. El litigio se resolvió con un fallo del ámbito civil que data de agosto del año 2000. Allí la justicia condenó al Estado municipal a pagar alrededor de 600.000 pesos en concepto de indemnización por lucro cesante y daños y perjuicios a la familia de Lillo Pezoa y sus abogados. La comuna resolvió apelar el veredicto y recurrió al Tribunal Superior de Justicia aduciendo que, en realidad, la culpa del accidente fue de la víctima fatal. La semana pasada el TSJ ratificó los términos del fallo de primera instancia con lo cual el municipio deberá ahora hacer frente a la suma inicial y los intereses que se generaron desde el momento del siniestro.