NEUQUEN (AN).- La municipalidad regularizará la ocupación de tierras dentro de la ciudad y aplicará medidas de fondo para frenar el reflotado negocio inmobiliario ilegal de venta de mejoras y de transferencias de lotes fiscales.

La iniciativa que se encuentra en el Deliberante pone coto a las maniobras, exige a las familias beneficiarias dos años de residencia como mínimo en esta capital provincial y su inscripción en el registro municipal de postulantes.

Ratifica el castigo a los revendedores imposibilitándolos de por vida, a acceder a solares y a viviendas sociales en Neuquén.

La propuesta no es casual: en las últimas sesiones, los concejales aprobaron transferencias por excepción. "Hoy se privilegia la especulación y no se hace justicia social con la tierra fiscal, sea municipal o provincial", dice Carlos Di Camillo, presidente de la comisión de Legislación General.

La última vez que la comuna regularizó las mejoras fue hace tres años, a través de la orde

nanza número 8920. Fue a causa del gran descontrol que no permitía saber quién tenía la posesión efectiva de los lotes. Pero el municipio volvió a perder el manejo de la situación porque no mantuvo esta política en el tiempo.

Regulación necesaria

"Si las transferencias no son reguladas se ven beneficiadas personas recién llegadas adquiriendo lotes fiscales en forma irregular, por encima de las familias arraigadas en la localidad que esperan por derecha un terreno", explica el concejal.

Se toma en cuenta la particular movilidad social que caracteriza a la capital de la provincia y la cultura de la ocupación fuertemente arraigada en la población, que lo percibe como algo natural.

La idea es modificar la norma que ordenó la regularización y flexibilizar las transferencias de permisos precarios con previa autorización del Ejecutivo Municipal, para terminar con la metodología de la compra-ventas ilegales.

Existe otro beneficio adicional, según Di Camillo, y es el que permite al gobierno de la ciudad cobrar los terrenos, así sea en cuotas mínimas durante muchos años. Y cobrar las tasas retributivas correspondientes y a las que se produzcan en materia de contribución de mejoras.

"El Estado debe resguardar el derecho de acceso a la tierra pública", remarca el edil, a sabiendas de que está política está arraigada en la mayoría de los concejales que han legislado en esta función, y en en los estamentos operativos del gobierno municipal.