Río Negro perdió unos 850 planes Jefes y Jefas

La baja de beneficiarios significa algo más del 3% en relación con la gente que recibía los 150 pesos mensuales. La provincia de Río Negro, al igual que la de Neuquén, fue incluida en la lista de las siete en las que se detectaron irregularidades en la entrega de planes para desocupados.

Muchos beneficiarios de planes Jefes no hacen la contraprestación y cobran irregularmente.

Río Negro perdió en el primer semestre unos 850 beneficiarios del programa Jefes y Jefas de Hogar, cifra que representa una caída de algo más del 3 por ciento. Algunas bajas responden a irregularidades detectadas.

La provincia totalizó en ese período más de 23 millones en pagos de 150 pesos mensuales a cada beneficiario.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) ya detectó 3.434 beneficiarios que reciben ese aporte irregularmente porque es estatal o es cónyuge de un agente público. Río Negro está entre las siete provincias que se consigna en ese informe inicial.

Ese organismo denunció penalmente 145 casos rionegrinos. Esta irregularidad se prolongó por un año, por lo cual ese perjuicio público superaría los 261 mil pesos.

La Unidad Fiscal -que conduce Guillermo Marijuán- proyectó un costo contra el Estado superior a 6,2 millones, considerando que la maniobra se extendió por un año y superó los 3.400 beneficiarios irregulares.

Marijuán adelantó ayer al diario La Nación que las anomalías detectadas están en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, Río Negro, Neuquén y San Juan.

Las irregularidades equivalen a empleados públicos y policías que cobran sus remuneraciones estatales y además percibían directamente o por sus cónyuges el aporte del Plan Nacional de Jefes y Jefas de Hogar.

La maniobra fue advertida en el cruzamiento de registros de activos de la administración provincial con los listados del programa social, que ya ronda los 2 millones de beneficiarios.

En áreas nacionales explican que las demoras en la detección se originaron por fallas en las bases de datos, pues existían planillas incompletas y sin números de CUIL. Esta situación no permitía un efectivo chequeo con los listados de Anses de los activo con trabajo.

En Río Negro se había advertido estas irregularidades, especialmente el cobro en General Roca de cónyuges de policías. Sin embargo, ahora la Unidad de Marijuán no sólo informó para sus bajas sino que además planteó una denuncia penal por los cobros indebidos.

Suman 145 casos rionegrinos mientras en Salta llegan a 1447 beneficiarios. En otras provincias, como Santiago del Estero se establecieron 1.249 expedientes (18 policías, 145 estatales y 1086 cónyuges de agentes públicos), en Córdoba con 295 casos y Catamarca con 187 expedientes. El listado se completa con 74 agentes públicos de Neuquén y 37 policías de San Juan que, figuraban como "desocupados" y cobraban el Plan Jefes de Hogar.

Estas exclusiones conforman parte de las bajas mensuales de los padrones de las provincias. En especial, las mismas se corresponden al incumplimiento de los requisitos por el normal cambio de las condiciones. Por ejemplo, el hijo a cargo del grupo familiar que cumplió los 18 años o el desocupado que logró un puesto de trabajo.

Un cuestionamiento permanente de los consejos consultivos locales en Río Negro está centrado que las exclusiones no originan altas en las mismas provincias Los nuevos beneficiarios se originan en los listados ya en poder de la Nación, sin considerar las reducciones de los distintos distritos. Así, en Río Negro se advierte una baja semestral frente a un crecimiento sostenido en otras provincias, como Buenos Aires (más de 52 mil beneficiarios) y Chaco (más de 12 mil).

Un programa con fallas en la supervisión

Las fallas de supervisión del programa Jefas de Hogar siempre fueron una cuestión pendiente para la Nación, como también, para los consejos consultivos de las provincias y municipios.

El incumplimiento de la carga laboral y los errores en las asignaciones a los beneficiarios conforman las mayores falencias. Por eso, las irregularidades detectadas no sorprenden a nadie.

A mediados del año pasado, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) alertó en Río Negro la falta de controles en el otorgamiento y supervisión de las tareas de los beneficiarios, muchos de los cuales hasta se negaban a prestar servicios a cambio de los 150 pesos mensuales.

Falta de controles

El cuestionamiento correspondía a la ausencia de controles, desde el consejo consultivo provincial hasta las tareas de sus pares locales, pasando también por las representaciones nacionales en la provincia de Río Negro.

El informe de la Sigen advirtió que sólo el 32 por ciento de los beneficiarios de Viedma estaban en programas laborales. Esta inclusión no constituye -de por sí- el cumplimiento laboral.

La Sindicatura además se sorprendió por el rechazo a cumplir esas funciones, destacando que "esa posición, a veces, es compartida y apoyada por dirigentes" que conforman el Consejo Consultivo local.

También, por aquellos días del año pasado, la Sigen pidió más recursos para la Gerencia de Empleo mientras consideró que si bien el Consejo Consultivo provincial estaba conformado, "la falta de medios económicos ha imposibilitado su funcionamiento". Todas estas anomalías terminaron por ser terreno fértil para las irregularidades detectadas ahora. (AV)